Vida Sana

Los médicos se posicionan contra la eutanasia y el suicidio asistido

El Consejo General de Colegios de Médicos incide en que su Código de Deontología establece que “el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste”.

Los médicos se posicionan contra la eutanasia y el suicidio asistido.

Alberto Biscanchin. Flickr

Aunque la despenalización de la eutanasia ya ha iniciado un (largo) camino en el Congreso de los Diputados, los médicos no lo tienen tan claro. De hecho, la Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) acaba de lanzar un comunicado en el que se muestra en contra de la eutanasia y el suicidio asistidos. En un extenso comunicado, el CGCOM incide en que su Código de Deontología establece que “el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste”.

A través del Observatorio de Atención al final de la Vida, organismo creado por el CGOM, los médicos ya habían expresado que su prioridad es extender los cuidados paliativos y consideran "prioritario y urgente" aprobar la legislación que garantice tanto "el acceso universal y equitativo a los cuidados paliativos de calidad" como "el derecho a la sedación paliativa en la agonía", una situación en la que "no cabe la objeción de conciencia". En concreto se trata del apoyo a la Ley de Muerte Digna, impulsada por Ciudadanos y que se encuentra en tramitación en el Congreso.

Los médicos insisten en su "compromiso de servicio al ser humano y a la sociedad así como en el respeto a la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de su salud", según el cual, “el médico tiene la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del paciente, aun cuando de ello pueda derivarse un acortamiento de la vida”. Medidas, sin embargo, entre las que no encajan las propuestas en la Ley de Eutanasia que ha propuesto el PSOE ni la iniciativa ya aprobada por el Congreso para despenalizar la eutanasia a quienes padecen "una enfermedad terminal o incurable que le provoca sufrimiento físico o psíquico grave".

"El CGCOM ha denunciado reiteradamente las desigualdades en la legislación autonómica sobre la atención al final de la vida demandando el aseguramiento de la protección de la dignidad de las personas mediante una Ley Orgánica", afirma en el Comunicado, antes de confirmar su "apoyo sin fisuras a la iniciativa legislativa en materia de derechos y garantías en el proceso de morir".

El Observatorio de Atención al Final de la Vida asegura que 60.000 personas mueren cada año "con sufrimiento" por culpa de la falta de igualdad en los cuidados paliativos, según el presidente del Observatorio, Marcos Gómez.

Los obispos apelan al mandamiento "no matarás"

También en contra de la eutanasia se han posicionado los obsipos, que han apelado al mandamiento "no matarás". La consideran, según han dicho en un documento, "un mal moral y un atentado a la dignidad de la persona" y piden que se legisle, en su lugar, sobre la instauración de los cuidados paliativos y la formación reglada de esta disciplina.

La 'Nota ante las iniciativas legislativas sobre la eutanasia y el suicidio asistido' está firmada por los obispos de Bilbao, Alcalá de Henares, Asidonia-Jerez, el arzobispo emérito de Burgos y el obispo auxiliar de Pamplona y Tudela. En el texto, con referencias a los últimos tres Papas, critican que la proposición de ley apuesta por una "absolutización del principio de autonomía" y defienden, en su lugar, que "nadie es dueño absoluto de la vida". "No existe un derecho a disponer arbitrariamente de la propia vida. Las decisiones terapéuticas tienen su raíz en los conocimientos de la Medicina basada en la evidencia", insisten.

A su juicio, la eutanasia y el suicidio asistido "conciernen al conjunto de la sociedad y sus instituciones" pues "el ser humano es un ser con los otros y para los otros". Si bien, consideran que en la proposición de ley socialista, este aparece "como aislado de los demás". Por ello, insisten en que "el Estado tiene la obligación de proteger la vida de todos los ciudadanos", según recoge Europa Press.

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