Durante la primera sesión de su debate de investidura, el candidato a la presidencia del Gobierno Alberto Núñez Feijóo prometió "dejar fuera de la refriega política" el tema de las pensiones, devolviéndolas "al Pacto de Toledo". "Garantizar siempre y en cualquier circunstancia su revalorización. Ni congelar ni reducir. Y blindar su suficiencia hoy y en el futuro", ha sido el compromiso del actual líder del PP ante los miembros del Parlamento.

La promesa de Feijóo y las que ha formulado en la misma línea Pedro Sánchez después de impulsar la reforma en 2021 hacen pensar que los pensionistas pueden estar tranquilos: sus prestaciones se revalorizarán con el IPC cada año, incluso en ejercicios con la inflación disparada, como fue el caso del año pasado. Los posibles peligros que acechaban la ley, como que el Gobierno impulsase la inclusión de las pagas en un pacto de rentas, se han disipado, y ahora tanto el Ejecutivo en funciones como los partidos de la oposición aseguran que no cambiarán la ley pese al fuerte impacto que está suponiendo para las arcas públicas.

Eso significa que la Seguridad Social tendrá que soportar la subida de las pensiones que marque la inflación también este ejercicio. La previsión del Gobierno apuntaba a una fuerte moderación de los precios a lo largo de este año, que finalmente no se está produciendo en la medida que se esperaba. El IPC ha vuelto a repuntar en septiembre y la energía hace peligrar los pronósticos de cara al próximo año. Si bien el Banco de España ya espera que la inflación media de 2024 supere a la estimada para 2023 (4,3%, frente al 3,6% que maneja para este año), durante los próximos meses esas cifras podrían tener que revisarse al alza dependiendo del avance de los precios del petróleo y del gas, en actual ascenso.

Es decir, que las pensiones contributivas tendrán que revalorizarse en enero como mínimo un 3,6%, dependiendo de la cifra media a la que apunte el IPC medio entre los incrementos interanuales desde el pasado noviembre hasta el próximo. Y ese aumento también afectará a las máximas, que por primera vez en la historia superarán la barrera de los 3.200 euros al mes en 14 pagas. La cuantía es equivalente a más de 45.000 euros anuales de pensión pública, esa que tanto se ha debatido si destopar -eliminar el límite que ahora existe sobre lo que se puede cotizar para después cobrar una pensión-.

La cifra supone un incremento considerable teniendo en cuenta que el año pasado la pensión máxima no llegaba a los 3.000 euros, y que en 2021 estaba en los 2.819 euros mensuales. Dicho aumento no solo se deberá a la revalorización de las pensiones con el IPC previsto, hay que apuntar, sino también a otro pequeño incremento extra que se incluyó en la reforma de las pensiones con el objetivo de comenzar a levantar el límite para las máximas. En concreto, se incluyó una subida extra del 0,115% anual hasta el año 2050. Al mismo tiempo, se decidió que las bases máximas de cotización aumentasen un 1,2% anual, también hasta 2050.

Más de 7.000 euros anuales de gasto adicional

En términos absolutos, un incremento del gasto en pensiones del 3,6% costará 7.000 millones de euros de gasto adicional. Y en 2024 se producirá un nuevo acelerón del gasto público, si se cumplen las previsiones de los economistas que apuntan a que el IPC medio superará el 4%, tanto por la retirada de las rebajas de impuestos como por el repunte de los precios de la energía. Del lado de los salarios no se esperan grandes revalorizaciones una vez se firmó en primavera el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) entre organizaciones empresariales y sindicales más representativas, aunque hay que tener en cuenta que todo lo que crezcan los sueldos siempre beneficia a las cotizaciones sociales que se ingresan a la Seguridad Social.

Sin embargo, expertos como los de la Autoridad Fiscal (AIReF) y el Banco de España opinan que el incremento de los ingresos por cotizaciones sociales, aun con la subida de estas cuotas que se incluyó en la reforma de este año, no será suficiente para compensar el disparado ritmo que ha alcanzado el gasto en pensiones. Cuando se pactó la reforma legislativa, se contaba con un aumento del gasto que buscaba mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, pero no con que el IPC alcanzase la cota histórica del 8,5% -de media- ese mismo año, lo que disparó gasto total en pensiones en 12.150 millones.

Además, ese gasto ya es irrenunciable, a menos que se cambie la ley, puesto que el acuerdo incluía que cada año las pensiones se revaloricen con el IPC medio del anterior, siempre y cuando sea positivo. Es decir, que aunque llegase un periodo de deflación en el que los precios cayesen, las pensiones no perderían el poder adquisitivo que han ganado a lo largo de estos años, sino que se mantendrían invariables.

En total, el incremento de la inflación de 2022 llevó el gasto en pensiones a subir hasta los 167.000 millones de euros, frente a los casi 150.000 aprobados para estas prestaciones en 2022. Actualmente, ese gasto sobre el PIB roza el 12%, pero según algunos expertos como los de Funcas ese porcentaje subirá hasta el 17,8% del PIB en 2050, si no se hace nada para remediarlo.