En la factura no figura pero podría hacerlo. Sin saberlo, cada español ‘destina’ una media de 69 euros al año a la producción de marihuana. Lo hace como víctima y sin ser consciente. En realidad, la producen otros pero el resto de consumidores les pagan la factura de la luz que los traficantes roban de la red eléctrica mediante conexiones ilegales. El problema empieza a ser grave y no deja de crecer. En nuestro país sólo el año pasado se desmantelaron 2.214 plantaciones de marihuana en las que se habían detectado conexiones irregulares a la red eléctrica y consumos disparados, como los que requiere la producción de esta planta.

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España se ha convertido en uno de los puntos de producción de marihuana más relevantes. La proliferación de plantas o invernaderos interiores, ‘indoor’, parece imparable. Sólo en los tres últimos años la compañía Endesa, en colaboración con la Policía y la Guardia Civil, han desmantelado 6.341 invernaderos de este tipo en los que se robaba la electricidad a la red. A este problema relacionado con la producción de la marihuana se suma el de decenas de miles de fraudes más en España que sólo el año pasado rozó la cifra récord –únicamente con datos de Endesa- de casi 71.000 expedientes.

Basta un piso, un local o una pequeña nave para instalar un invernadero de este tipo. La producción de la planta de la marihuana requiere grandes cantidades de energía para mantener estables las condiciones de luz, humedad y temperatura. Ello obliga a que los sistemas eléctricos estén operativos las 24 horas, lo que provoca un alto consumo. De media, una plantación consume al año el equivalente a 80 viviendas.

El consumo equivalente a Sevilla

El impacto de las conexiones ilegales a la red que pagan el resto de consumidores es muy elevado. El total estimado que de modo fraudulento realizan el conjunto de plantaciones en España equivale al consumo anual de una ciudad como Sevilla.

Fue precisamente en la capital andaluza donde el año pasado se llevó a cabo una de las operaciones de desmantelamiento de plantaciones de marihuana con enganches ilegales más importante de cuantas se han realizado hasta el momento. Entre el 15 y 24 de octubre la Policía Nacional irrumpió en el barrio de ‘Las tres mil viviendas’ en la que fue bautizada como ‘Operación Vulcano’ y en la que se desmantelaron decenas de plantaciones de este tipo. Días más tarde los datos de la compañía energética revelaron que la irrupción de los agentes provocó de modo inmediato un descenso brusco del consumo de energía detectado en la zona y siguió haciéndolo durante los días posteriores.

La caída del consumo de energía llegó a rondar el 50%. Lo hizo a medida que se desmantelaban plantaciones y que en otras de ellas se ‘desenganchaban de la red’ y dejaban de consumir energía de modo fraudulento. La operación se saldó con una veintena de plantaciones desmanteladas -5.000 plantas de marihuana incautadas- y la desconexión de otras muchas por el temor de sus propietarios a ser descubiertos por los altos consumos de energía que requieren. Incluso muchas plantaciones fueron rápidamente eliminadas y arrojadas a los contenedores.  

Legislación 'laxa' contra el fraude eléctrico

En otros países, el fraude eléctrico incluye penas de cárcel. En Alemania puede suponer cinco años de prisión, en Italia de hasta tres años, al igual que en Francia, donde la multa puede alcanzar los 45.000 euros. Sin embargo, en España para los delincuentes el coste penal no es elevado. Es lo que vienen denunciando las compañías eléctricas. La “legislación laxa”, señalan en Endesa, no ayuda a disuadir de cometer este tipo de ilegalidades a los productores de marihuana. Ni siquiera a las pequeñas instalaciones.

En la actualidad, el delito de fraude eléctrico, recogido en el artículo 255 del Código Penal, apenas establece una pena de multa de tres a doce meses y que en el caso de que lo defraudado no supere los 400 euros la multa será de un máximo de tres meses. Ni siquiera en los casos en los que la cantidad defraudada no se pueda cuantificar la sanción es alta: se facturaría por el 100% de la potencia contratada durante seis horas al día en el último año.

Toda la energía que consumen las miles de plantas con enganches ilegales la pagan el resto de consumidores. Viene reflejada en la factura dentro del apartado ‘pérdidas de red’, en la que se incluye la energía perdida durante el transporte de la electricidad y los consumos vinculados a fraudes y anomalías. Sólo en los últimos cuatro años compañías como Endesa cifran en miles de millones el impacto del fraude. En el caso de las plantaciones de marihuana estima que en los últimos cuatro años se han defraudado 2.097 millones de euros, cantidad que se ha traducido en un pago anual en las facturas de 69 euros por cliente.

Manipulación de contadores

La producción de esta droga es la que absorbe el 28% del total de la electricidad defraudada a través de conexiones ilegales. Pero no es la única feunte de fraude que se produce en España. El otro más del 70% procede de enganches ilegales de empresas y particulares. Sólo entre 2023 y 2024 este tipo de fraudes crecieron un 33%. Los 70.981 expedientes abiertos sólo en Endesa dan muestra de la envergadura de este tipo de fraudes.

Uno de los aspectos que en muchos casos pasa desapercibido es el de las responsabilidades sobre la red. Cada consumidor es responsable de su red eléctrica y por tanto la responsabilidad legal será suya en caso de una manipulación en la misma o una conexión ilegal. Los expertos recuerdan que es recomendable que en caso de sospechas se inspeccione el estado de la conexión. Una de las medida más sencillas es, tras apuntar el consumo, bajar los plomos del cuadro eléctrico de la casa para anular el consumo y dejar transcurrir un tiempo. Si una vez reanudado el consumo la cifra no ha variado, no existe conexión ajena. En cambio, si el consumo ha aumentado durante el periodo que estuvo apagado, es posible que exista otra conexión.

Los fraudes no siempre se cometen con conexiones ilegales a la red. En muchos casos se trata de manipulaciones de contadores o habilitar una doble acometida para que no mida el consumo. Los fraudes eléctricos son en un 60% de los casos por enganches ilegales. En el resto, la manipulación del contador para que no mida el consumo real es el más frecuente.

Riesgo mortal

Además de peligroso, este tipo de actuaciones provocan graves daños a las infraestructuras eléctricas, principalmente en los centros de transformación. Los daños a menudo provocan incendios, afectan a la eficiencia del sistema y disparan los costes de mantenimiento de la red. Al tratarse de un consumo fraudulento no se pueden cobrar los cargos y peajes de transporte y distribución destinados a la mejora de la infraestructura eléctrica.

Pero sin duda lo más preocupante son los accidentes que en muchos casos puede llegar a ser mortales. Una instalación manipulada pierde los elementos de protección necesarios y obligatorios por normativa. Por ello, en algunos casos pueden producirse electrocuciones a quien manipula la instalación o puede provocar incendios o descargas eléctricas con alto riesgo.

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