La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, han pedido mantener a José Luis Ábalos y a Koldo García en prisión provisional. Este jueves, la Sala de lo Penal ha celebrado una vista para decidir sobre el recurso presentado por el exministro socialista contra el auto de ingreso en prisión acordado por el juez instructor del 'caso Mascarillas', Leopoldo Puente.

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Según informan a El Independiente fuentes presentes en la vista, el fiscal ha defendido que persiste en riesgo de fuga en el caso del 'exnúmero dos' del PSOE. Un riesgo que se incrementa conforme se va acercando la fecha del juicio por la pieza original del 'caso Koldo', que se espera que se celebre entre finales del mes de febrero y el mes de marzo.

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El exministro de Transportes recurrió la decisión del magistrado de enviarle a prisión provisional por riesgo "extremo de fuga", acusándole de haber hecho un "uso irrazonable del derecho" por ordenar su ingreso en la cárcel con una "base de vaguedades y excusas procesales". A dicho recurso de adhirió la defensa del exasesor ministerial.

En concreto, Ábalos solicitó ser puesto en libertad alegando que no existía dicho riesgo de huida y sostuvo que, "ante la ausencia de cualquiera de las finalidades propias de la prisión provisional" resultaba inevitable "no pensar que la medida tenía como objetivo fomentar una declaración colaborativa" como la del empresario Víctor de Aldama, que testificó voluntariamente en la Audiencia Nacional después de haber pasado por prisión.

Ábalos ha estado representado este jueves tanto por su anterior abogado, Carlos Bautista, que renunció a seguir con la defensa por "diferencias contractuales", como por el nuevo, Marino Turiel.

En la vista celebrada este jueves, el fiscal Alejandro Luzón se ha ratificado en lo expuesto en sus escritos anteriores. Por su parte, la defensa de Koldo ha presentado una queja ante el tribunal por las presuntas filtraciones a medios de comunicación que dejan ver, según ha sostenido la letrada, que la decisión respecto a su cliente ya estaba tomada antes de la cita de este jueves.

Algo similar alegó la letrada en un escrito presentado ante el Supremo en el que hacía referencia a una información publicada en medios en la que se adelantaba la fecha del juicio del 'caso mascarillas'. La defensa alegó indefensión ante el tribunal. "Tal pareciera que el juicio oral, sobra, que sobramos los abogados y que cualquier esfuerzo que hagamos en defensa de nuestros clientes ya se puede dar por amortizado", rezaba el escrito.

Por su parte, el exletrado de Ábalos, Carlos Bautista, ha afirmado que aún existe tiempo para colaborar con la justicia, incluso a las puertas de la celebración del juicio.

Según fuentes jurídicas la resolución del tribunal sobre el futuro inmediato de ambos acusados puede tardar hasta cinco días.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para el exministro de Transportes por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. En el caso de su exasesor ministerial, el Ministerio Público pide 19 años y medio, y tan sólo siete años de prisión para el empresario Víctor de Aldama.

La acusación sostiene que el que fuera el hombre fuerte de Ferraz favoreció a determinadas empresas para la concesión de contratos sanitarios a cambio de "una indebida compensación económica procedente de Víctor de Aldama quien, a su vez, se benefició en términos económicos de las comisiones que le reportaba la realización del mencionado ilícito negocio".

Para esta tarea el 'exnúmero dos' del PSOE se sirvió de la ayuda de Koldo García al que describe como su "alter ego" de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del Ministerio. El fiscal señala al exasesor ministerial como la persona encargada de "manejar las fuentes ilegales de dinero en efectivo de José Luis Ábalos, que con frecuencia se confundían con las propias". Este actuaba como presunto testaferro de su jefe con la colaboración de Víctor de Aldama.