La Generalitat de Cataluña ha defendido que cualquier actuación derivada del litigio por las pinturas murales del Monasterio de Santa María de Sijena debe ser “compatible” con su preservación, al tratarse de unas obras en una situación de “máxima fragilidad”.

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Así lo ha sostenido este miércoles la consellera de Cultura, Sònia Hernández, durante una comparecencia en la Comisión de Cultura del Parlament, en la que ha subrayado que el Govern ha actuado “en todo momento” con el objetivo de garantizar que la ejecución judicial de la sentencia firme que ordena la restitución no ponga en riesgo la conservación del conjunto mural.

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Hernández ha recordado que se trata de un procedimiento judicial “complejo”, en el que confluyen la obligación legal de devolver las pinturas a Aragón y, al mismo tiempo, “el deber ético de preservar un patrimonio excepcional que se encuentra en situación de máxima fragilidad”. En este sentido, ha asegurado que la Generalitat seguirá exponiendo ante las instancias judiciales los argumentos técnicos que, a su juicio, evidencian los riesgos que comporta el traslado de las obras, además de trabajar con todas las partes implicadas en el conflicto.

Criterios de rigor técnico

La consellera ha insistido en que la actuación del Govern se rige por criterios de rigor técnico, seguridad patrimonial y transparencia, y ha negado que las iniciativas presentadas ante el tribunal, como el incidente de ejecución, tengan un carácter dilatorio. “No hay demasiado margen”, ha afirmado, antes de reiterar que el objetivo último es la preservación de las pinturas.

En su intervención, Hernández ha defendido que los murales se encuentran actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña “en las mejores condiciones posibles”, en un entorno controlado, monitorizado y estabilizado, que garantiza su conservación. También ha señalado que el patrimonio cultural “trasciende a todos” y que las decisiones sobre su futuro deben adoptarse con serenidad, conocimiento y responsabilidad, pensando en las próximas generaciones.

El posicionamiento del Govern se produce tras meses de creciente tensión institucional, tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a devolver las pinturas a Sijena y las posteriores exigencias del Ejecutivo aragonés para su ejecución. El MNAC, por su parte, ha reiterado su oposición al traslado por motivos técnicos y ha advertido de los riesgos que podría implicar para la integridad de las obras.