La decisión del exministro de Transportes José Luis Ábalos de renunciar a su acta de diputado y, con ello, a su aforamiento provocará que la parte del 'caso Koldo' que continuaba instruyéndose en el Tribunal Supremo regrese a la Audiencia Nacional. Todo lo relacionado con los presuntos amaños de obra pública en el Ministerio, que implican al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, volverá previsiblemente al juzgado del magistrado Ismael Moreno.

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Fuentes jurídicas consultadas por El Independiente señalan que esta decisión de Ábalos puede provocar que la instrucción se demore alrededor de dos años y medio, mientras que una eventual condena firme podría retrasarse hasta diez años. Hasta ahora, la investigación de la parte con mayor relevancia política del 'caso Koldo' había estado en manos del magistrado del Supremo Leopoldo Puente, que ha desarrollado una instrucción rápida y quirúrgica, generando continuos quebraderos de cabeza al PSOE.

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El pasado mes de septiembre, tras recibir en verano el denominado 'informe Cerdán' elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Puente decidió dividir en dos el 'caso Koldo' y mantener en la pieza principal todo lo relacionado con la compraventa de material sanitario. Esa parte de las pesquisas se encontraba mucho más avanzada y el magistrado preveía enviar a juicio a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por el conocido como 'caso mascarillas'.

Fuentes del Tribunal Supremo explican a este periódico que ese juicio, pese a la renuncia del político socialista a su escaño, se celebrará en el alto tribunal, ya que la apertura de juicio oral había sido acordada con anterioridad a la renuncia de Ábalos. No obstante, las fechas todavía no han sido fijadas, si bien está previsto que tenga lugar durante el mes de abril.

Aparte de la derivada judicial, está la política: el PSOE contará a partir de ahora con un diputado más, puesto que la antigua mano derecha de Pedro Sánchez formaba parte del Grupo Mixto desde que se destapó el 'caso Koldo', si bien es cierto que no ha votado en contra en ninguna propuesta importante para los socialistas, por lo que las mayorías de la Cámara Baja no se van a ver realmente alteradas.

Material sanitario, obra pública y financiación del PSOE

La Audiencia Nacional, sin embargo, no funciona con los mismos tiempos que el Supremo y los procedimientos suelen prolongarse considerablemente. Un ejemplo de ello es el conocido como 'caso Hidrocarburos', donde aún quedan pendientes importantes diligencias.

Si el caso recae de nuevo sobre la Audiencia Nacional, Ismael Moreno será el encargado de dirigir la investigación contra Santos Cerdán. El conocido como 'caso Koldo' está divido por el momento en tres piezas separadas: la relativa al material sanitario, la de la presunta financiación irregular del PSOE —declarada secreta— y las pesquisas relativas a las obras públicas.

En la Audiencia Nacional ya figuraban como investigados, entre otros, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera o el exdirector general de Carreteras Javier Herrero por su presunta participación en el amaño de obras públicas. Además de Santos Cerdán, todos los empresarios relacionados con los amaños, incluidos los antiguos trabajadores de Acciona, serán investigados en la Audiencia Nacional.

Pardo de Vera está además bajo la lupa por la contratación de la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, primero en la empresa pública Ineco y posteriormente en Tragsatec. Otra de las personas imputadas es la expareja de Koldo, Patricia Uriz, acusada de hacer cometido un delito de blanqueo de capitales por supuestamente colaborar en la ocultación de dinero obtenido ilícitamente.

El origen del 'caso Koldo' se inició a raíz de la investigación por la adjudicación de contratos millonarios para la compra de material sanitario en pandemia. La detención de Koldo dio origen a una investigación sobre la existencia de una presunta organización criminal que se benefició de contratos millonarios vinculados al suministro de mascarillas con varios ministerios.

La puerta de entrada a la Administración del Estado de la empresa Soluciones de Gestión S.L., vinculada a Aldama, fue a través de la firma de un contrato por más de 20 millones con Puertos del Estado, dependiente de Transportes. De ahí, la empresa controlada por Juan Carlos Cueto, y gracias a la intermediación de Aldama, accedió a otros grandes contratos con Interior, Adif, el Servicio Canario de Salud y Baleares. 

Por tanto, la única parte de la investigación zanjada es la que afecta a Ábalos, Koldo y Aldama por los contratos de mascarillas. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para el exministro de Transportes por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. En el caso de su exasesor, el Ministerio Público pide 19 años y medio, y tan sólo siete para Aldama.