Es la parte más delicada. También la más peligrosa. Requiere medios, financiación y voluntad… por cientos de años. En pleno debate sobre la continuidad o no de las energía nuclear en España, son muchos los debates que se abren. El más evidente es el que el Gobierno plantea desde hace meses: la financiación de su final. Desmantelar las cinco centrales y siete reactores ya tiene precio: 20.000 millones de euros. El Ejecutivo ya ha dejado claro que no asumirá ni un sólo euro, que todo lo deberán sufragar las compañías a través de impuestos. Pero no basta con resolver el coste de la operación, también se debe asegurar la seguridad de toda la operación. Más aún cuando de residuos radiactivos se trata y la seguridad para la población y para el medio ambiente presente y futuro está en juego.

¿Está España preparada para asumir un final de la era nuclear? A día de hoy, no. Las infraestructuras necesarias en muchos casos sólo están proyectadas y las ya existentes empiezan a saturarse y situarse al límite de su capacidad de almacenamiento de residuos radiactivos. El plan prevé distintos tipo de almacenes, unos para las fases iniciales, otros para las intermedias y los almacenes subterráneos definitivos. La dificultad no radica únicamente en su construcción sino también en su localización, en poder determinar quién y dónde estará dispuesto a acogerlos. Por el momento, los próximos almacenamientos se construirán en las instalaciones de las propias centrales.

Los planes de gestión de este tipo de residuos radiactivos existen. El actualmente en vigor es el séptimo que se aprueba. Las previsiones y compromisos que en él se contemplan se extienden durante décadas e implicarán a los futuros gobiernos de España. No en vano, el riesgo de este tipo de residuos en algunos casos no desaparecerá hasta dentro de casi un siglo.

Sólo el año pasado en España se generaron 679,04 metros cúbicos de residuos de muy baja, baja y media intensidad, según datos de Enresa, la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos. Representan la inmensa mayoría de los residuos que se generan en las centrales, en torno al 95%, pero no son los más peligrosos. Existe cerca de otro 5%, unos 2.500 m3, que son los considerados residuos de alta intensidad, fundamentalmente procedentes de combustible gastado radiado.

Piscinas radiactivas a más del 90% de ocupación

Almacenar estos residuos con carga radiactiva requiere disponer de distintos niveles de protección. Primero se plantea un almacenamiento inicial en las propias piscinas de las centrales nucleares. Después, una vez completadas, se trasladan a grandes almacenes externos, los llamados Almacenes Temporales Individualizados (ATI), donde se puedan almacenar por periodos más prolongados. En una tercera fase se plantea la construcción de almacenes Temporales Centralizados (ATC) externos. Finalmente, esos residuos de alta actividad deberían depositarse en un Almacén Geológico Profundo (AGP), bajo tierra.

Según reconoce el Consejo de Seguridad Nuclear, los residuos de alta actividad sólo se “semidesintegran” una vez pasados más de 30 años pero advierte incluso que “pueden emitir calor y estar activos durante miles o decenas de miles de años”. Actualmente estos residuos de alta actividad se están almacenando en las piscinas de combustible con las que cuentan las centrales nucleares. La práctica totalidad de las piscinas de las centrales españolas están agotando su capacidad. Es el caso de las dos piscinas de Almaraz, con un grado de ocupación de entre el 92% y 95%, las de Ascó entre el 91% y 86% o la de Valdellós II, al 92% de su capacidad al cierre de 2024.

Pronto todas las centrales deberán liberar esas piscinas, esos almacenes de elementos radiactivos, para depositarlos en sus ‘almacenes secos’, los llamados Almacenes Temporales Individualizados (ATI). En muchos casos, también el grado de ocupación de estos almacenes es ya muy elevado. Es el caso de Ascó, en Tarragona. Para sus dos reactores cuenta con un ATI con dos unidades de almacenamiento, cuya ocupación es del 94% en un caso y del 100% en el otro. En ellos se almacena 35 contenedores con 1.120 elementos irradiados.

Residuos sin repatriar... de Francia

En Almaraz la situación es similar. Para almacenar los residuos radiactivos generados con sus dos reactores cuenta con un ATI desde 2018. Su grado de ocupación alcanza ya el 85%. En él se guardan 544 elementos de combustible irradiados, de alta intensidad, distribuidos en 17 grandes contendores.

Una piscina de almacenamiento de residuos radiactivos

Almacenar los residuos es un problema que se prolongará mucho tiempo después del cese de actividad de una central. Y no siempre es fácil y mucho menos barato. El caso de lo sucedido con la antigua central nuclear de Valdellós I es ejemplo de ello. El incendio e inundación ocurrido en sus instalaciones en 1989 precipitó su cierre y desmantelamiento. El gran problema llegó después, a la hora de almacenar todos aquellos restos irradiados, muchos de ellos altamente peligrosos y para los que España no disponía de instalaciones adecuadas.

Lo ideal hubiera sido contar con un Almacén Temporal Centralizado (ATC), diseñados para albergar este tipo de residuos por periodos de hasta 100 años. Pero no existía y fue Francia la que acogió todo aquel material radiactivo hasta que nuestro país construyera un ATC. Pero acoger, tratar y almacenar temporalmente aquellos residuos tenía un coste reflejado en los contratos de custodia suscritos entre Enresa y empresas galas. Coste que se actualiza de año en año y que alcanza ya una factura de 82.500 euros cada día. En ella se incluye la sanción por retrasarse en recuperar unos residuos que son suyos y debería repatriar. El compromiso inicial era poder habilitar las instalaciones necesarias y recuperar los restos en 2010, después se retrasó a 2010 y así hasta la última fecha comprometida: el año 2028.

Nuevos almacenes radiactivos

Desde que Enresa ha tenido que pagar por almacenar los restos radiactivos de Valdellós I la factura no ha dejado de engordar. Se estima que si finalmente dentro de tres años se cumple con lo acordado, en estos años se habrán abonado entre 330 y 350 millones de euros a Francia. El compromiso incluye revertir la mayor parte de esos pagos en concepto de custodia una vez España pueda hacerse cargo de estos restos.

En el caso de las centrales que siguen operativas, y cuyas instalaciones de almacenamiento también empiezan a estar saturadas, el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos aprobado por el gobierno en 2023 preveía la autorización para la construcción de siete nuevos almacenes temporales descentralizados en las propias centrales. De este modo, quedaría relegada la idea de construir un gran Almacén Temporal Centralizado, como el que se proyectó en Villar de Cañas (Cuenca).

El principal almacén fuera de una central nuclear es el de El Cabril, en el municipio de Hornachuelos (Códoba). Se trata de el único almacén definitivo para residuos radiactivos de baja, muy baja y media actividad. Está ubicado en los restos de una antigua mina de uranio que se abandonó en 1956. El complejo que ahora gestiona Enresa ha sido ampliado y actualizado. Sólo el año pasado recibió 2.615 m3 de residuos radiactivos procedentes de centrales nucleares.

Un fondo de 7.500 millones

Esta instalación acumula cuenta con 28 celdas habilitadas para almacenar residuos de baja y media actividad. La gran mayoría, 22 de ellas, ya están completas y acumulan 36.364 m3. Las restantes se encuentran al 83% y ya se ha comenzado a almacenar residuos en las celdas 28 y 30.

Desmantelar todo el sistema nuclear español y gestionar el almacenamiento sin riesgo de sus restos radiactivos es caro, muy caro. El plan diseñado por el Gobierno lo cuantifica en 20.220 millones de euros y ha dejado claro que será subvencionado en su totalidad por las propietarias de las centrales -Iberdrola, Endesa y Naturgy-. En realidad, hace tiempo que lo están haciendo mediante el pago de la llamada ‘Tasa Enresa’, además de otras cargas impositivas que ya han calificado de “asfixiantes” y que ponen en riesgo la viabilidad de las centrales. La conformación de una suerte de fondo para afrontar en el futuro estos costes cuenta con un saldo que ronda los 7.500 millones de euros.