En 2022, los tribunales recibieron más de 230.000 litigios tributarios en España, es decir, conflictos que surgen entre los contribuyentes y la Administración tributaria. En total, la deuda tributaria pendiente de cobro por parte de Hacienda ascendía a 40.421,2 millones de euros, aunque solo una parte ha sido recurrida ante los tribunales. Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el importe impugnado rondaría los 16.000 millones de euros, de los cuales, el 75% —12.000 millones— se concentraban en conflictos relacionados con el IVA y el Impuesto sobre Sociedades.

En concreto, el IVA representó el 45% del total de la deuda impugnada, con 7.200 millones de euros; mientras que el Impuesto sobre Sociedades supuso el 30%, con más de 4.800 millones de euros. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) "es una fuente de conflictos fiscales debido a la complejidad de sus normas, su casuística y la amplia variedad de operaciones gravadas", han indicado desde el IEE en su informe El problema de la litigiosidad tributaria en España.

El estudio ha destacado los tres problemas más frecuentes en el IVA por los que terminan derivando en litigios. En primer lugar, las empresas y autónomos se encuentran con dificultades para justificar las deducciones del IVA sobre sus operaciones. La Agencia Tributaria puede rechazar deducciones si considera que no se cumplen los requisitos o si sospechan que las facturas no reflejan las operaciones reales.

En segundo lugar, la deslocalización empresarial. La globalización ha hecho que la determinación del lugar donde se debe tributar una operación sea un tema conflictivo. Y por último, la aplicación de los tipos de gravámenes. Desde el IEE han puesto el ejemplo del tipo superreducido del 4% en los servicios de teleasistencia en plazas concertadas, pero cuando estos servicios se prestan en el ámbito privado se aplica el tipo del 10%.

Por su parte, con el Impuesto sobre Sociedades, los conflictos suelen centrarse en cuestiones relacionadas con la deducción de gastos y la aplicación de incentivos fiscales, como son las deducciones empresariales. Las empresas suelen enfrentarse a litigios cuando la Agencia Tributaria cuestiona la deducción de ciertos gastos financieros, especialmente en operaciones de reestructuración empresarial o en la financiación de grupos de sociedades.

Aumento de litigios, de plazos y de deuda impugnada

La media de reclamaciones interpuestas en los últimos cinco años ha sido de 200.000 anuales. Sin embargo, desde 2021 los expedientes han crecido a un ritmo del 20%, según los datos recopilados por el Instituto Juan de Mariana. De esta forma, 2022 se ha convertido en el año más conflictivo fiscalmente desde que existe registro, con un total de 230.043 reclamaciones.

De las más de 230.000 reclamaciones totales, 219.000 fueron tramitadas por los Tribunales Económico-Administrativos regionales y central (TEAR y TEAC). El IEE advierte que este dato "sugiere que el sistema tributario español genera más conflictos que en otros países europeos". Si se hace una comparativa con la Unión Europea se observa que mientras que en España registraba en 2022 460 reclamaciones por cada 100.000 habitantes, la media europea se situaba en 300 reclamaciones por cada 100.000 habitantes. En países como Alemania y Francia la tasa es todavía inferior, 260 y 280, respectivamente.

En este sentido, otro dato que incide en cómo funciona el sistema tributario nacional es la duración de la resolución de los litigios. España se encuentra entre los países que más tarda, con un promedio de 18 a 24 meses. Solo Italia presenta tiempos más largos, con una media que supera los 30 meses en algunos casos. Por su parte, el tiempo promedio de resolución de un litigio tributario en Alemania es de 9 a 12 meses y en Países Bajos es de 8 a 10 meses.

Dimisión del presidente del TEAC

Este martes, el Consejo de Ministros ha nombrado a José Ignacio Ruiz Toledano como nuevo presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) tras la dimisión de José Antonio Marco Sanjuán después de siete años al timón del Tribunal. Aunque Marco ha alegado motivos personales, recientemente se ha visto envuleto, presuntamente, en una trama por la que el diario El Debate le atribuye cobros por valor de 100.000 euros a cambio de archivar pleitos fiscales.

Dicha trama será investigada por la Fiscalía Anticorrupción después de que la organización Manos Limpias haya presentado este miércoles una denuncia contra Marco. No obstante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este martes al expresidente ante el Senado: "no ha cobrado ningún tipo de comisión", ha incidido durante su intervención.

Sin embargo, la renuncia llega en un momento crítico para el PSOE, justo después de que la UCO destapara un informe que implicaba a dos antiguos responsables de la organización del partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, además de Koldo García, en una trama de comisiones ilegales vinculadas a la adjudicación de contratos públicos.