Es una vieja aspiración que nunca como hasta ahora la habían visto tan cerca. Las formaciones nacionalistas vascas y los sucesivos gobiernos de Euskadi han soñado con hacer realidad el traspaso de la Seguridad Social. El PNV incluso ha elaborado modelos de cómo sería el modelo vasco de pensiones. Por ahora, se conformaría con hacer cumplir lo recogido en el Estatuto de Gernika aprobado hace 46 años. En el se establece que será la administración vasca la que gestionará el régimen económico de la Seguridad Social y que lo hará respetando el principio de solidaridad y el modelo de caja única.

La cuestión ha sido controvertida casi desde su aprobación en 1979 y siempre empleada como arma de presión, negociación y reivindicación. Sin embargo, el Ejecutivo vasco ve hoy mucho más cerca hacer realidad lo que siempre ha enarbolado como un emblema simbólico del autogobierno vasco: la gestión de las pensiones y las prestaciones por desempleo.

Transferir a Euskadi la Seguridad Social abarca ceder tres bloques claros de competencias: las políticas activas, las políticas pasivas y la gestión de las pensiones. Las dos primeras ya están en manos de la Administración vasca y la tercera, con la que se completaría el proceso, el Gobierno vasco confía en poder alcanzarla antes de final de año, "ya vemos la luz al final del túnel", aseguró recientemente la portavoz del Ejecutivo. Es el compromiso que el PSOE adquirió con el PNV para apoyar la investidura de Sánchez y que el PSOE se siente ahora presionado a cumplir para no perder a un socio imprescindible.

Pero una cosa son las promesas políticas y otra poder cumplirlas. Ha hecho falta casi medio siglo para ceder a Euskadi las materias relativas a empleo. En 2011 el Ejecutivo central traspasó de la gestión de las políticas activas de empleo (formación y orientación y búsqueda de empleo para parados). Ahora, catorce años después, el Gobierno de Pedro Sánchez ha completado una segunda cesión con la gestión de las políticas pasivas de empleo, que incluyen el pago de las prestaciones por desempleo y subsidios.

Gestión vasca con normas del Estado

Los expertos aseguran que en realidad, para el conjunto del sistema lo transferido hasta ahora a Euskadi no supondrá un cambio relevante. Para los beneficiarios de las prestaciones, tampoco. Cuestión distinta es si, como se ha comprometido el Gobierno Sánchez procede a la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social. “En realidad lo transferido son tareas administrativas y el pago en forma de transferencia que el Estado hará a unos servicios que ya prestaba”, señala Guillermo Dorronsoro, profesor del Deusto Business School. El último acuerdo incluye el traspaso de la treintena de oficinas del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y sus 534 empleados pero la normativa y legislación seguirá en manos del Estado. Cada año en Euskadi cerca de 51.000 personas se benefician de estas prestaciones, que suma un montante de 822 millones de euros.

“Una persona que vaya a la tesorería de la Seguridad Social en realidad lo único que notará es que en el mostrador pondrá Lanbide, no SEPE y que en lugar del pagarle el Estado lo hará el Gobierno vasco”, apunta Dorronsoro. Unos pagos que posteriormente se compensarán vía Cupo.

El catedrático de Economía de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri coincide en afirmar que lo transferido hasta ahora “no supone un cambio significativo” para los beneficiarios. Sí apunta que el Gobierno vasco, de algún modo, ha logrado ganar más poder y control sobre estas políticas y sobre la designación del personal que las aplicará, “es una ganancia en imagen”: “Controlará la gestión, pero aplicará la norma del Estado. Nadie va a cobrar un euro más del que le corresponda”, señala.

El doctor en Economía y gestión empresarial, Massimo Cermelli coincide en afirmar que lo transferido hasta ahora son materias con poco peso y que apenas supondrán cambios. “Quizá el valor está en que sí tendrá control sobre ese flujo monetario que mueven estas políticas”, que en el caso de Euskadi son 822 millones de euros al año. Cermelli destaca que además tendrá el poder de la información que aporta saber qué dinero, a quién y por qué concepto se dan en esas prestaciones: “Pero en ningún caso podrá cambiar esas prestaciones, sólo asume una gestión administrativa que marca el Estado”.

Pensiones: 4.000 millones de saldo negativo al año

Los tres expertos sin embargo coinciden al resaltar que el pulso para la cesión de la gestión de las pensiones, el tercer gran bloque de la competencia que reclama el Gobierno vasco, es otra cuestión. Gestionar la ‘caja’ vasca de las pensiones son palabras mayores. Ninguno de los tres expertos consultados cree que se vaya a ceder a corto plazo. Menos aún antes de fin de año, para cuando el Gobierno Sánchez se ha comprometido a completar el traspaso íntegro de las competencias pendientes del Estatuto de Gernika, incluida la gestión económica de la Seguridad Social.

A 1 de agosto de este año en Euskadi se pagaron algo más de 528.000 pensiones, con un importe medio de 1.791 euros. Son las más altas del país. Actualmente todas las cotizaciones que se llevan a cabo en el País Vasco las recauda el Estado y las reporta a la caja común destinada financiar el pago de todas las pensiones en España. Y cada vez son más: 10,35 millones de pensiones con un coste total de 13.588 millones de euros en el último mes.

Pero el ‘bote’ de las pensiones cada vez es más escaso para pagar la factura. El Estado apenas cubre el coste total con las cotizaciones que recauda. Por eso debe endeudarse -10.000 millones sólo en el último año- para hacer frente al pago de las pensiones. La deuda engorda de año en año: alcanza ya los 122.000 millones de euros.

Las pensiones del País Vasco apenas representan el 5,6% del total de las pagadas cada mes en el país. Las de los trabajadores vascos han sido históricamente las cotizaciones más altas, por eso se correspondían con las pensiones más altas. Pero la crisis industrial, la crisis demográfica y el cambio de modelo económico hicieron que a comienzos de este siglo la fotografía de las pensiones en Euskadi comenzara a cambiar.

De tener más cotizantes que pensionistas, más ingresos que gastos, en 2006 el saldo empezó a teñirse de rojo, a ser negativo. En Euskadi aquel año se cerró con 76 millones de números rojos. Al año siguiente fueron 136 millones y 229 millones en 2008. La curva de la deuda, del saldo negativo, no había hecho más que empezar. A medida que la generación de los ‘boomers’ empezaba a engrosar la lista de jubilados, las cotizaciones se hacían cada vez más insuficientes. Y así ha sido hasta hoy, cuando el saldo negativo ha superado con creces los 4.000 millones al año.

Más de 25.000 millones de deuda

Ha sido el Estado, la caja única, el que ha hecho frente cada uno de esos ejercicios a esa ‘deuda’ que se generaba en Euskadi. Se estima que el saldo negativo acumulado por Euskadi en materia de pensiones supera ya los 25.000 millones de euros.  “Ahí está la cuestión más delicada. En la negociación la clave estará en poder acordar cómo queda la factura, saber cuál ha sido durante muchos años el saldo positivo que aportó el País Vasco y cómo se compensa ahora para el saldo negativo actual”, asegura Dorronsoro: “Es muy complicado llegar a un acuerdo sobre cómo se compensa los pagos hechos a esa ‘hucha’. Si no se compensara, sería un agujero terrible para el País Vasco que afectaría a sus presupuestos en Educación, Sanidad…”.

Este profesor universitario ve muy complicado que se pueda alcanzar un acuerdo. “Sería romper en dos cajas la ‘hucha de las pensiones. La del Estado y la vasca. Esa es una línea roja que algunas formaciones no pasarán. Es muchísimo dinero, no creo que se llegue a ningún acuerdo, salvo que la necesidad extrema de una de las partes fuerce una negociación”.

En sentido similar se manifiesta el catedrático en Economía, Ignacio Zubiri. Recuerda que la gestión económica de la Seguridad Social “se ha prometido en otras ocasiones”. Subraya que la compensación económica a Euskadi, -procedente de fondos aportados a la Seguridad Social por el resto de los contribuyente y por la deuda del Estado-, que continuaría requiriendo el sistema “sería mucho mayor de lo que cada año supone el pago del Cupo”: “Por eso precisamente el País Vasco no creo que llegue nunca a la ruptura, saldría perdiendo. Otra cuestión sería que el saldo fuera positivo, pero no es así”. Zubiri aclara que si los acuerdos se ciñen de modo estricto a lo recogido por el Estatuto de Autonomía “no existe riesgo de ruptura”. En su disposición transitoria quinta el Estatuto vasco establece que la cesión de la gestión del régimen económico se llevara a cabo “dentro de su carácter unitario y de respeto al principio de solidaridad”.

Lo que sí puntualiza Zubiri es que las cesiones obtenidas en materia de Seguridad Social sí pueden darle al Gobierno vasco una mayor fortaleza para negociar “por ejemplo, para tener cierta capacidad de decisión sobre aspectos de las cotizaciones o las pensiones”.  

Cermelli considera que crear una 'caja vasca' supondría romper la idea de ‘caja única’ “pero. ¿qué no se ha roto estos años? Ahí está la quita de la deuda y otros muchos conceptos…”. El profesor de la Universidad de Deusto no cree que se pueda alcanzar un acuerdo que llegue hasta la cesión de las pensiones a Euskadi: “Hablamos de número mayores, por eso la negociación es más complicada. Sólo si prima el peso político podríamos ver un acuerdo, si no, lo veo muy difícil”.