Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) ha publicado este jueves un informe sobre El sistema fiscal español. El autor del documento, José Manuel Domínguez, profesor de economía aplicada en la Universidad de Málaga, ha señalado que "en comparación con los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), en España, las cotizaciones sociales tienen un mayor peso".

Desde 2018, las cotizaciones sociales en el promedio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) han pasado de representar el 25,7% sobre el total de ingresos fiscales al 24,8% en 2022 —último año con datos completos y comparables entre los países que componen la Organización—. Una reducción de casi un punto porcentual (0,9%), mientras que en España han aumentado desde el 33,9% en 2018 al 34,1% en 2022, según la Estadística de ingresos 2024 de la OCDE. Además, se observa que el peso de las cotizaciones sociales en España supera en casi diez puntos (+9,3%) porcentuales al promedio de la OCDE.

De hecho, España se clasifica como la octava economía entre los 38 países que integran la OCDE en la que las cotizaciones sociales tienen un mayor peso sobre la recaudación total, empatada con Austria. La República Checa lidera la clasificación, con un 45,9% de sus ingresos procedentes de cotizaciones sociales, mientras que Eslovenia (42,8%) y Eslovaquia (41,6%) ocupan la segunda y tercera posición. Por detrás se sitúan Japón (38,5%), Polonia (37,1%), Alemania (36,9%), Costa Rica (34,8%) y Estonia (34,8%), países que, junto a España, presentan estructuras fiscales fuertemente sustentadas en las aportaciones vinculadas al empleo.

Desincentivo al crecimiento

El elevado peso de las cotizaciones sociales en la estructura fiscal española no es solo una particularidad estadística, sino también un elemento con implicaciones relevantes para el funcionamiento de la economía. En este sentido, el autor del informe advierte de que, “con vistas a un posible proceso de reforma fiscal, surgen una serie de cuestiones de alcance general que convendría considerar, entre ellas, la clarificación y delimitación del papel de las cotizaciones sociales”.

Domínguez añade que, de cara a una reforma, “deberían priorizarse las siguientes pautas de actuación, entre ellas, el traslado de la carga tributaria desde el trabajo hacia bases más proclives al crecimiento”, una orientación que, según el economista, permitiría aliviar la presión que actualmente soportan las rentas laborales y los costes de contratación, favoreciendo la creación de empleo y la competitividad.

En la misma línea, la OCDE considera que España dispone de margen para aumentar la recaudación a través del IVA, los impuestos medioambientales y otros tributos especiales, actualmente por debajo de los niveles observados en sus homólogos europeos. El organismo internacional argumenta que reforzar estos impuestos —menos distorsionantes para la actividad productiva— permitiría sostener los ingresos públicos sin penalizar el empleo ni el crecimiento económico, corrigiendo parcialmente el sesgo actual del sistema hacia las cotizaciones sociales.

Recaudación récord, pero déficit creciente

Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, las empresas han sufrido un incremento en el pago de las cotizaciones del 30%, según se desprende de la Encuesta de Coste Laboral que publica trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, han pasado de pagar —de media— 595,78 euros por trabajador en el segundo trimestre de 2018 a 775,27 euros en el segundo trimestre de 2025, el último dato disponible de la serie.

Así, este aumento de las cotizaciones ha impulsado, en consecuencia, la recaudación de la Seguridad Social, que durante los últimos años ha registrado marcas históricas. Tan solo hasta agosto del presente ejercicio, el sistema ha ingresado 117.248 millones de euros, lo que supone 7.500 millones más que en el mismo periodo de 2024. Pero el avance de los ingresos sigue siendo insuficiente para equilibrar las cuentas del sistema, presionado por el incremento sostenido del gasto en pensiones y, más novedosamente, por el alza de las prestaciones derivadas de las incapacidades temporales.

Esta tensión se refleja en la evolución de la deuda pública. Según el Banco de España, el endeudamiento total de las administraciones se situó en 1,68 billones de euros en julio, el equivalente al 102,3% del PIB. Aunque la ratio ha descendido ligeramente respecto al año anterior por el mayor crecimiento económico, la deuda en términos absolutos continúa aumentando. Y precisamente la Seguridad Social destaca como el subsector más deteriorado: su pasivo ha escalado hasta los 126.000 millones de euros, un 8,6% más que hace un año, el mayor repunte entre todas las administraciones.