La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa su propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034, un presupuesto marcado por la reorientación del gasto hacia las nuevas prioridades estratégicas de la Unión Europea (UE), como son la defensa, la seguridad y la competitividad industrial. No obstante, en un contexto de recursos limitados y de creciente presión geopolítica, esta redistribución ha implicado recortes en políticas históricas. Entre ellas, la Política Agraria Común (PAC), cuya dotación sufriría un recorte del 22% respecto al actual periodo presupuestario, según la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario, todavía pendiente de negociación entre los Estados miembro y el Parlamento Europeo.

En el caso de España, la Comisión propone asignarle 79.900 millones de euros entre 2028 y 2034 y, según los cálculos de las organizaciones agrarias, el ajuste presupuestario representaría 877,5 millones menos en rentas agrarias. "No imaginábamos un recorte de esta magnitud", reconoce para este periódico el secretario general de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), Miguel Padilla. Y es que este recorte no se limitaría a una partida concreta, sino que afectaría al conjunto de instrumentos que conforman la PAC: desde los pagos directos a los agricultores y ganaderos hasta las ayudas específicas como la del algodón, los ecoesquemas y pagos medioambientales, los incentivos a la incorporación de jóvenes al sector o las líneas de apoyo a la modernización.

Además, el impacto del ajuste se produce en un momento de recuperación del sector primario. De acuerdo con el informe anual de 2024 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el sector aporta un valor añadido bruto de 40.412 millones de euros y genera 680.200 puestos de trabajo. Y, aunque el sector encadena dos años de crecimiento tras el bache provocado por la sequía y el encarecimiento de los costes derivados de la invasión rusa en Ucrania, su peso relativo en la economía española todavía no ha recuperado los niveles prepandemia, según apuntan desde CaixaBank Research.

El gasto en defensa se quintuplica

Desde el sector agrario han criticado el contraste con otras partidas del presupuesto comunitario: "Vemos cómo hay áreas, como la defensa, que crecen hasta cinco veces, mientras se pone en riesgo la garantía alimentaria", subraya Padilla, que recuerda que "la PAC no es una política más", sino uno de los pilares fundacionales del proyecto europeo desde el Tratado de Roma (1957). Un instrumento concebido para asegurar la soberanía y seguridad alimentaria que actualmente sigue siendo clave en un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica, el cambio climático y las tensiones comerciales.

Una crítica que también ha llegado desde el ámbito político. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, expuso este miércoles en Bruselas que los nuevos desafíos en seguridad "no pueden servir de excusa para deteriorar los pilares que estructuran la Unión Europea", y defendió que cualquier gasto extraordinario debería financiarse con recursos adicionales y no a costa del desarrollo rural.

Bruselas: del recorte a la protesta

Con este telón de fondo, el malestar del sector agrario ha terminado por cristalizar en una respuesta inédita a escala europea. COPA-COGECA, la organización europea del sector agrario, ha convocado para este jueves 18 de diciembre una manifestación en Bruselas en la que, según estimaciones de las asociaciones, acudirán más de 10.000 agricultores y ganaderos procedentes de los 27 estados miembro de la UE. Se prevé que sea la primera protesta agraria coordinada con participación de representantes de todos los países de la UE en un mismo acto masivo en la capital comunitaria.

El director de la Oficina Permanente en Bruselas de ASAJA (Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores), José María Castilla, resume para El Independiente los motivos de la protesta en tres mensajes clave. El primero, la ruptura de las promesas políticas: "Después de decir que la agricultura y la ganadería eran estratégicas para la UE, nos encontramos con un recorte del 22% que, con la inflación, puede alcanzar el 33%". El segundo, la competencia desleal derivada de los acuerdos comerciales con terceros países como Mercosur o Marruecos, que no cumplen los mismos estándares que se exigen a los productores europeos. Y el tercero, la necesidad de una simplificación normativa real de la PAC.

Pero las consecuencias del recorte no se limitarán al sector. Desde COAG advierten de que la pérdida de cerca de 900 millones de euros acabará trasladándose hasta el consumidor final. Según los cálculos de la organización, el recorte podría encarecer la cesta de la compra entre un 6,5% y un 9%, lo que supondría un sobrecoste anual de entre 350 y 500 euros por hogar. "Recortar la PAC no solo asfixia a los agricultores y ganaderos", concluyen desde la organización, "pone en riesgo el acceso de los ciudadanos a alimentos de calidad a precios razonables".