La titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, será uno de los rostros más visibles del Gobierno en 2026. Tras estrenarse este martes en su primer Consejo de Ministros como nueva portavoz del Ejecutivo, tendrá que responder cada semana en La Moncloa a las preguntas de los periodistas. Pero hay cifras que hablan solas y la factura del sistema de pensiones no da tregua. La Seguridad Social cerrará 2025 con un gasto récord correspondiente a esta partida de 216.653 millones de euros y, según las estimaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), necesitará 12.610 millones adicionales en 2026.

Del total desembolsado en 2025, la mayor parte se corresponde al pago de las pensiones contributivas, cuyo gasto acumulado asciende hasta los 189.598,5 millones de euros, según los datos del Ministerio de Seguridad Social. A esta cifra se añade el gasto en las pensiones de las clases pasivas, que alcanza los 23.333,7 millones de euros en el conjunto del ejercicio —una estimación que incorpora como referencia el dato de diciembre de 2024, ya que no se encuentran disponibles, por el momento, las cifras definitivas para el último mes del año—. Por su parte, las pensiones no contributivas han supuesto un desembolso de 3.720,6 millones de euros en 2025, de acuerdo con la estadística del Imserso, organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, también con una proyección para diciembre basada en el cierre del ejercicio anterior.

En este escenario, las estimaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) apuntan a que el desembolso total en pensiones públicas alcanzará en 2026 los 229.263 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,9% respecto a 2025. En términos macroeconómicos, esta cifra elevaría el peso del sistema de pensiones hasta alrededor del 13% del PIB, consolidando esta partida como una de las principales fuentes de presión estructural sobre las finanzas públicas.

De los 12.610 millones adicionales que tendrá que desembolsar el departamento de Elma Saiz en 2026, el informe del IVIE distingue dos grandes factores detrás de este aumento del gasto. Por un lado, la revalorización anual de las pensiones, que explicaría 7.311 millones de euros adicionales —el 58% del incremento total—. De esa cifra, 6.272 millones corresponderían a las pensiones contributivas, 622 millones a las de clases pasivas y 418 millones a las no contributivas.

Y por el otro lado, el denominado efecto sustitución y el aumento del número de pensionistas, que supondrán el pago de otros 5.299 millones de euros, es decir, el 42% restante del incremento. Este segundo componente responde a la entrada de nuevos pensionistas con prestaciones más elevadas respecto de los que abandonan el sistema: en concreto, el IVIE estima un aumento de 4.578 millones en las pensiones contributivas y de 758 millones en las clases pasivas, mientras que en las no contributivas se produciría una ligera reducción del gasto, cercana a los 38 millones de euros.

La 'hucha' de las pensiones, entre el refuerzo y el endeudamiento

Pero esto no es todo. Según las proyecciones de la Comisión Europea, España será el país de la OCDE que mayor proporción de su Producto Interior Bruto (PIB) destine al pago de pensiones en 2050 (el 16,8%). Ante estas previsiones, el Gobierno ha optado, entre otras medidas, por reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social —más conocido como la 'hucha' de las pensiones—, que hasta el 30 de noviembre ha alcanzado su nivel más alto desde 2017: 13.683,8 millones de euros y, según las previsiones del Ministerio de Seguridad Social, cerrará el ejercicio con un saldo superior a los 14.000 millones.

No obstante, su capacidad sigue siendo limitada frente al volumen de gastos del sistema. Con un desembolso mensual en pensiones contributivas de 13.750 millones, el Fondo de Reserva solo podría cubrir 32 días de pago si se destinara solo a estas prestaciones, o en torno a 25 días si se tiene en cuenta el conjunto del sistema, es decir, añadiendo el pago de las pensiones de las clases pasivas y de las no contributivas.

Además, este escenario convive con el incremento del endeudamiento del sistema. La deuda de la Seguridad Social alcanza los 126.100 millones de euros, tras haberse disparado un 140,7% desde 2019, significativamente por encima del crecimiento de la deuda pública total, que en el mismo periodo lo ha hecho un 37,9%. Una paradoja que resume el reto del sistema: se intenta reforzar la 'hucha' mientras el gasto actual sigue disparando la deuda.