La buena marcha de la economía española —apoyada en el incremento de la fuerza laboral y la recaudación tributaria en máximos históricos— le ha permitido situarse, un año más, como la economía europea que más crecerá en 2026, según ha estimado este lunes el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y además, también ha contribuido a reducir su ratio de deuda en porcentaje del PIB. No obstante, esta reducción no implica que el Estado deba menos, ya que en términos absolutos, es decir, en millones de euros, la deuda pública sigue aumentando, lo que limita el margen fiscal del Estado.

En este sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha lanzado algunas advertencias relacionadas con la sostenibilidad de las cuentas públicas: "Es crucial restablecer la capacidad fiscal y mantener la sostenibilidad de la deuda pública, sobre todo dado que persisten urgentes necesidades de gasto", en alusión al incremento del gasto en defensa y en pensiones. Y para ello, el FMI ha recomendado a los países "afianzar los ingresos fiscales, racionalizar los gastos y reforzar la eficiencia del gasto". Un mensaje que, precisamente, contradice el planteaminedo del Ministerio de Hacienda en su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica. De aprobarse, supondría una mayor cesión de impuestos a las comunidades autónomas por valor de 16.000 millones de euros, a costa de que el Estado no disponga de estos recursos.

¿Por qué baja la deuda sobre el PIB, pero sigue aumentando en euros?

En concreto, la deuda de las administraciones públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) se ha situado en el mes de noviembre en el 101,5% del PIB, de acuerdo con los datos difundidos por el Banco de España el pasado viernes. Aunque se ha producido una reducción de 22,7 puntos porcentuales en la ratio deuda/PIB desde el pico máximo de la pandemia registrado en marzo de 2021, este alivio no implica que España deba menos, sino que la economía crece más deprisa que la deuda.

Como la ratio se calcula dividiendo la deuda entre el PIB, cuando el denominador —la riqueza del país— aumenta, el porcentaje se reduce, incluso aunque la deuda en euros siga subiendo. De hecho, el endeudamiento ha alcanzado el récord de 1,698 billones de euros, un 21,7% (303.000 millones) más que en marzo de 2021.

Así, la reducción de la ratio deuda/PIB responde más a la buena marcha de la economía española que a un recorte del gasto público. Una mejora que se ha visto impulsada principalmente por la incorporación de casi un millón de extranjeros al mercado laboral español y al aumento de la recaudación tributaria, que ha pasado de los 223.385 millones de euros en 2021 a situarse "por encima de los 325.000 millones en 2025", según las previsiones adelantadas en noviembre por la titular de Hacienda.

La Administración Central, la más endeudada

Además, un análisis por administraciones ofrece una imagen más precisa del origen del endeudamiento público. En concreto, la Administración General del Estado es la que concentra el mayor endeudamiento: 1,583 billones de euros; a los que hay que añadir la deuda de la Seguridad Social —organismo dependiente de la Administración Central— que sumaría otros 136.000 millones de euros.

De hecho, la Seguridad Social se consolida como el organismo en el que a mayor velocidad aumenta su endeudamiento debido al incremento de la presión en el gasto de las pensiones ante la jubilación masiva de la generación del baby boom: un 7,9% más que en noviembre de 2024 frente al 5% del Estado, el 1,3% de las comunidades autónomas y la reducción del 3,7% de las corporaciones locales.

De esta forma, el reparto del endeudamiento pone el foco en la Administración Central y revela el limitado margen fiscal del que dispone para poner más recursos sobre la mesa con la reforma de la financiación autonómica planteada por Hacienda, sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas, tal y como advierte el FMI. El nuevo modelo prevé una mayor cesión de impuestos a las comunidades autónomas —en torno a 16.000 millones de euros— que incrementaría sus recursos estructurales, pero lo haría a costa de reducir la capacidad financiera del Estado, principal responsable del gasto en pensiones, intereses de la deuda y defensa.