La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha señalado este miércoles que será la última vez que presente un informe al frente del organismo, ya que su mandato concluye en marzo de este año. Y antes de que finalice su tiempo al cargo del organismo, durante su intervención en la presentación de la segunda fase del Spending Review 2022-2026, Herrero ha centrado su discurso en una de las grandes preocupaciones sociales y económicas que acumulan presión desde el ámbito empresarial y el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: el aumento de las bajas laborales.
Precisamente, uno de los tres informes que componen el Spending Review 2022-2026 se corresponde con la evaluación de la eficacia y eficiencia relacionadas con las prestaciones derivadas por Incapacidad Temporal, que entre 2017 y 2025 ha registrado un aumento cercano al 60% en la incidencia de las bajas por contingencias comunes y un incremento del 15% en su duración media. Una evolución que, según la AIReF, ha tensionado el sistema y ha determinado que el gasto público por incapacidad temporal se haya triplicado en la última década, desde 2014.
Ante ello, Herrero ha cargado contra la gestión del Instituto Nacional de la Seguridad Social —organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Social que dirige Elma Saiz— por la "dejación de funciones del INSS hasta el día 365".
"El Instituto Nacional de la Seguridad Social es el responsable de la gestión de la prestación", ha subrayado, y aunque ha admitido que puede "delegar algunos aspectos" en mutuas o inspecciones médicas; con todo, ha insistido en que el INSS "puede y debe actuar en todo el momento del proceso", a fin de agilizar que los procesos de bajas laborales no se alarguen más de lo necesario, con el incremento en el gasto público y en las empresas derivado de su prolongación.
Además, en la evaluación de la AIReF se ha identificado una "deficiencia estructural" adicional en la gestión de la incapacidad temporal al existir una separación entre quien toma la decisión clínica de conceder la baja —los médicos de atención primaria— y quien asume su coste económico —el INSS—. Según el organismo, este esquema, agravado por la organización descentralizada del sistema sanitario, dificulta que se "internalice" correctamente el impacto presupuestario de estas prestaciones y genera riesgos de sobreutilización y prolongación innecesaria de los procesos. Por ello, la institución reclama una supervisión más activa y una coordinación reforzada entre el INSS, los servicios autonómicos de salud, las mutuas y las empresas.
Balance de mandato: "luces y sombras"
Más allá del contenido del informe, Herrero ha aprovechado la comparecencia para hacer balance de su etapa al frente de la AIReF, que ha definido con "luces y sombras", y ha dejado un mensaje a su sucesor: "Decir las cosas como son, con datos, sin caer en la provocación o en un debate elevado". Además, la presidenta ha preferido que el próximo responsable sea "de la casa", ya que comprendería mejor cómo funciona la institución: "La AIReF no opina, la AIReF habla con datos".
Asimismo, Herrero ha puesto en valor el equipo del organismo y su consolidación como "un referente de independencia, de rigor y de objetividad", aunque ha admitido que no ha sido un trabajo "fácil" porque las instituciones independientes son “incómodas y deben serlo; si no, algo está fallando".
No obstante, también ha aprovechado el balance para criticar la falta de atención a algunas recomendaciones por parte del Gobierno y ha denunciado problemas en la ley orgánica de la AIReF, que obliga a asumir los estudios que encargue la Administración Central y no los de otras administraciones territoriales: "Esa chapuza legislativa tiene que resolverse". El relevo, en cualquier caso, será a propuesta del Ministerio de Hacienda y deberá contar con el aval del Congreso, con mayoría absoluta en la Comisión de Hacienda.
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