El deseo del Gobierno de convertir a Indra en un 'campeón nacional' de la industria de la defensa se complica tras los vaivenes que rodean a la operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). El presidente de la multinacional, Ángel Escribano, al que el Gobierno nombró hace un año como sustituto de Marc Murtra, es a la vez propietario junto a su hermano de la empresa familiar EM&E. La fusión de ambas compañías no solo crea un manifiesto conflicto de interés, sino que dispararía el peso de los hermanos en el capital de la tecnológica.

En los últimos días, el Gobierno estaría tratando de frenar esta posibilidad, que sí cuenta con el apoyo de alguno de los principales inversores de Indra, como Amber Capital (7,24%), el fondo que controla Joseph Oughourlian (Grupo Prisa). El consejo de administración celebrado el pasado jueves autorizó al consejero delegado, José Vicente de los Mozos, a explorar formalmente con Escribano las diferentes alternativas sobre la operación.

El Estado controla un 28% del capital de Indra a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del ministerio de Hacienda. Ahora, el organismo que preside Belén Gualda se decantaría por explorar otras opciones alternativas a la fusión por absorción que quieren los hermanos Escribano. Entre ellas, el Gobierno abogaría por la compra de una parte mayoritaria de la compañía familiar, que valoran en unos 1.500-2.000 millones de euros.

"Sepi se pronunciará donde corresponde, en los órganos de gobierno de la compañía.
Evidentemente Sepi tiene opinión sobre las distintas alternativas, unas las apoyaríamos y otras no. Pero esa decisión se tomará cuando el asunto sea sometido al Consejo de Administración", se limitan a señalar fuentes del hólding público consultadas por El Independiente.

Si se produjese la fusión, la recomposición del accionariado podría elevar el peso de los Escribano en el capital hasta cotas similares a las que tiene ahora la Sepi, cuya posición se vería diluida tras la ampliación de capital necesaria para acometer la absorción. La operación consistiría en una emisión de nuevas acciones que recibiría EM&E.

Hasta ahora ha sobrevolado la idea de que los Escribano estarían dispuestos a reducir su peso si fuera necesario para no superar en ningún caso a la Sepi, e incluso ceder asientos en el consejo. Aunque también podrían aliarse con Amber. En todo caso, como la ecuación de canje es algo que debe decidirse a posteriori, el Ejecutivo presiona para encontrar alternativas que eviten ese riesgo, como la simple toma de una participación accionarial mayoritaria de EM&E por parte de Indra.

Este martes, Ángel Escribano mantuvo una reunión en La Moncloa con el jefe de la Oficina Económica, Manuel de la Rocha. Frente a las informaciones que aseguraban que le había sido requerido que cediese la presidencia de la compañía, Escribano envió una nota a la agencia de noticias Bloomberg en la que negaba la mayor. "Quiero ser claro, nadie ha pedido mi dimisión, ni hay ningún proceso en este sentido", sentenciaba. Horas más tarde, la propia multinacional emitió un comunicado en el que aseguraba que Escribano está decidido a seguir trabajando para hacer "una Indra más fuerte y sólida".

Con ello, la multinacional consiguió revertir la sangría que llevaba sufriendo en bolsa en las dos últimas jornadas. Los rumores sobre el freno del Gobierno a la operación e incluso la posibilidad de que Escribano fuese removido de su puesto hicieron caer el precio de la acción, haciendo perder a la cotizada todo lo ganado durante el arranque de 2026. Indra cerró la sesión de este jueves en 47,88 euros por acción, con una subida del 2,31% que deja la capitalización en 8.458 millones de euros.

Sin embargo, Javier Escribano, hermano del presidente de Indra y CEO de EM&E ha dejado claro en repetidas ocasiones que la absorción de las dos compañías "es una operación muy sencilla sin dinero sobre la mesa". En octubre, aseguró que "tendría que hacerse una ampliación de capital" y que en ningún momento se iba a realizar una venta.

Conflicto judicial

Las reticencias del Gobierno a la fusión llegan en pleno conflicto judicial abierto en el Tribunal Supremo por Santa Bárbara Sistemas, el gran rival de Indra. La compañía filial de la estadounidense General Dynamics denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez ha adjudicado 'a dedo' préstamos al 0% de interés por 3.000 millones para prefinanciar dos programas de obuses que se han adjudicado Indra y Escribano por valor de 7.000 millones.

Se da la circunstancia de que el Alto Tribunal podría someter a examen no sólo el Real Decreto que regula esta concesión, sino el resto de normas del mismo rango aprobadas por el Consejo de Ministros para otorgar financiación para los diferentes programas de armamento puestos en marcha con el objetivo de elevar el gasto militar como exige la OTAN.