El Consejo de Ministros aprobará este martes el indulto para el grupo conocido como las seis de La Suiza, integrado por cinco mujeres y un hombre condenados a penas de prisión por su participación en una protesta laboral en una pastelería de Gijón. La medida, incluida en el orden del día, culmina un proceso de presión sindical, política y jurídica que se ha prolongado durante meses.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado que el indulto saldrá adelante en la reunión prevista, en línea con la intención ya expresada en julio de 2025 por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de impulsar esta vía.

Díaz ha celebrado la decisión en un mensaje público en el que ha afirmado que “el sindicalismo no es un delito” y ha agradecido la movilización de organizaciones en defensa de las condenadas. En la misma línea, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha sostenido que “nadie podía estar en la cárcel por proteger los derechos fundamentales” y ha calificado el indulto como una medida de justicia y apoyo a la libertad sindical.

También los sindicatos han respaldado la decisión. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y el de Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, han coincidido en que la condena “nunca debió producirse” y han subrayado que la acción sindical no puede ser objeto de sanción penal.

Un conflicto laboral que se remonta a 2017

El origen del caso se sitúa en 2017, cuando se inició un conflicto laboral en la pastelería La Suiza, en Gijón. Las seis personas implicadas participaron en piquetes y protestas frente al establecimiento en apoyo a una trabajadora despedida.

Según los hechos probados en la sentencia, las protestas se desarrollaron mediante concentraciones reiteradas frente al establecimiento a lo largo de 2017 y 2018, con presencia continuada de piquetes, pancartas y consignas dirigidas a visibilizar el conflicto laboral y presionar al empresario. Estas acciones incluyeron también episodios como cortes puntuales de tráfico o el uso de elementos sonoros, y fueron consideradas por los tribunales como una actuación organizada y sostenida en el tiempo que excedía el ejercicio legítimo de la acción sindical al generar un clima coercitivo sobre el negocio y su actividad.

Por estos hechos fueron condenadas a tres años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves, además de un delito contra la Administración de Justicia por obstrucción durante el proceso. Tras recurrir la sentencia, el Tribunal Supremo ratificó la condena al término de un procedimiento que se prolongó más de ocho años.

Del ingreso en prisión al impulso del indulto

Las condenadas ingresaron en el Centro Penitenciario de Asturias el 10 de julio de 2025. Menos de una semana después, fueron clasificadas en tercer grado, lo que permitió el cumplimiento de la pena en régimen abierto.

Ese mismo mes se intensificaron las iniciativas para lograr su indulto. Más de 130 juristas y asociaciones del ámbito de la abogacía impulsaron una solicitud formal, a la que se sumaron sindicatos y el Gobierno del Principado de Asturias. La tramitación quedó entonces pendiente de informes judiciales preceptivos.

El caso ha mantenido, no obstante, una fuerte controversia. Mientras organizaciones sindicales y parte del Ejecutivo han defendido que se trata de una actuación vinculada a la defensa de derechos laborales, la familia del propietario de la pastelería, que cerró en 2017 y entró en concurso de acreedores, ha anunciado su intención de recurrir cualquier medida que evite el cumplimiento íntegro de las penas.