Las cuentas de la Seguridad Social siguen bajo presión. Pese a que las pensiones de jubilación concentran la mayor parte del gasto —en torno al 57% del total de pagos del sistema—, hay otra partida que no deja de crecer y lo hace a un ritmo de doble dígito: las bajas laborales. Tan solo en los dos primeros meses de 2026, el gasto por incapacidad temporal se ha incrementado casi un 40%. En concreto, un 39,36%, de acuerdo con los datos de Ejecución presupuestaria de la Seguridad Social.

En términos absolutos, esto significa que mientras que en enero y febrero de 2025 la Seguridad Social desembolsó 2.176 millones de euros en prestaciones por incapacidad temporal, un año después la cifra ha escalado en casi 1.000 millones más, hasta los 3.032 millones. Un avance que consolida una tendencia que se arrastra desde la pandemia: las bajas laborales se han convertido en la tercera partida de mayor gasto del sistema.

Si en los dos primeros meses de 2019 se destinaron 1.003 millones, el desembolso actual es más de un 200% superior. Solo se sitúan por delante el gasto en pensiones de jubilación —19.960 millones en enero y febrero de 2026, un 5,7% más que un año antes— y de viudedad —4.130 millones, un 3,73% más que en 2025—. Sin embargo, antes de la pandemia, el gasto en incapacidad temporal se situaba por debajo de otras dos rúbricas: las pensiones de invalidez y los complementos a mínimos de las pensiones contributivas.

Coste público... y privado

No obstante, el impacto económico del incremento de las bajas laborales no se limita a las cuentas públicas. Las empresas están soportando una presión más intensa todavía. Según el Indicador de Incapacidad Temporal elaborado por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), los procesos de incapacidad temporal que conllevan gasto público han pasado desde los 2,59 millones iniciados en 2019 hasta los 3,21 millones iniciados en 2024. Por su lado, los que no conllevan gasto público —y por tanto, lo soportan las empresas exclusivamente— han crecido desde los 4,16 millones de 2019 hasta los 6,09 millones en 2024.

La diferencia responde al reparto de costes del sistema. En los procesos de corta duración —inferiores a 15 días—, las empresas asumen directamente el pago de la prestación, que oscila entre el 60% y el 75% de la base reguladora desde el cuarto día (aunque en muchos casos se complementa hasta el 100% vía convenio). A partir del día 16, la prestación pasa a ser abonada por la Seguridad Social o las mutuas colaboradoras, si bien la obligación de pagar las cotizaciones sigue recayendo en la empresa en todos los casos.

Precisamente, este último punto ha sido cuestionado por la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) a principios de año en el marco de la mesa de diálogo sobre el incremento de las bajas abierto por el departamento que dirige Elma Saiz. Según los cálculos de AMAT (Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo), la factura para las empresas a cierre de 2025 fue de 16.000 millones de euros. Ante ello, desde la patronal han planteado medidas como retirar a las empresas la obligación de cotizar por los trabajadores de baja si no se contiene la tendencia, para reducir costes, o reforzar el papel de las mutuas (empresas privadas) en la gestión de estos procesos.

Seguridad Social pagó 2.000 millones más en 2025

Por su lado, la Ejecución Presupuestaria de la Seguridad Social con los datos provisionales de 2025 revela que se tuvieron que destinar 18.407 millones de euros a la partida de incapacidad temporal. Es decir, 1.951 millones más que a lo largo de 2024. Un incremento que no solo supera el gasto del ejercicio anterior, sino también las previsiones: el presupuesto prorrogado de 2023 estimaba un desembolso de 11.764,3 millones para cubrir estas prestaciones. Sin embargo, el repunte de las bajas ha obligado a aprobar modificaciones de crédito por valor de 6.741,35 millones de euros para poder hacer frente al gasto real.

De esta forma, las bajas laborales comprenden el 8% del total de gastos del sistema, que a cierre del ejercicio ascendieron hasta los 234.995 millones en total: 211.798 millones del lado contributivo y otros 23.197 millones por la parte no contributiva.

Por su lado, los ingresos del sistema alcanzaron los 228.614 millones: 175.676 vía cotizaciones sociales y otros 52.938 millones a través de transferencias —de ellas, 47.815 millones procedentes del Estado—. Es decir, pese a que el Estado ha inyectado casi 5.000 millones más que en 2024, estas transferencias siguen sin ser suficientes para que la Seguridad Social no cierre el año en números rojos. Concretamente, con un déficit de 6.381 millones de euros, que se financian engrosando la deuda pública de España.