El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) ha advertido de que la "acumulación masiva" de recursos de alzada en la fase gubernativa, sin resolver en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) está provocando "una grave parálisis administrativa que bloquea decenas de proyectos renovables ya autorizados, congela miles de millones de euros de inversión privada, pone en riesgo decenas de miles de empleos directos e indirectos y compromete la competitividad de la industria renovable española a escala europea, así como gran parte de la senda de cumplimiento de los objetivos climáticos asumidos por España ante la Unión Europea, debilitando la senda de la autonomía energética en medio de una crisis global de los combustibles fósiles".
PUBLICIDAD

Según el Instituto Coordenadas, el Miteco tiene actualmente miles de recursos de alzada pendientes de resolver sobre proyectos eólicos y fotovoltaicos que ya cuentan con las autorizaciones preceptivas y en muchos casos con la Autorización Administrativa de Construcción (AAC). "No existe un dato oficial único y desglosado de GW paralizados por estos recursos sin resolver ante el Miteco. Esta falta de transparencia es en sí misma parte del problema, ya que el Ministerio no comunica el estado de tramitación de los expedientes en tiempo real, rebasando los plazos legales de resolución y avocando a los promotores a larguísimos y costosos procesos judiciales que podrían suponer paralizaciones de inversión de una década entera".

Sostiene que, según fuentes oficiales, el Miteco había autorizado hasta julio de 2024 la construcción de 283 proyectos renovables, con una potencia conjunta de 28,123 GW y una inversión asociada de más de 17.000 millones de euros. Para el ICGEA, una parte muy relevante de esa cartera autorizada permanece hoy afectada por parálisis burocrática generando insólitos retrasos y un alto riesgo de cancelaciones de proyecto clave y estratégicos, el consiguiente impacto económico e industrial y los costes financieros, contractuales e industriales adicionales.

El ICGEA considera que este fenómeno puede responder, en cierta medida, a una estrategia coordinada de obstrucción administrativa impulsada por plataformas contrarias al despliegue de grandes proyectos renovables, basada en campañas de movilización para la presentación masiva de recursos idénticos, sin base jurídica y descargables a través de sus páginas web, en un fenómeno de querulancia conocido, con el único objetivo de colapsar la capacidad resolutoria de la Administración.

“La situación actual ha desbordado los márgenes razonables del simple retraso burocrático. Estamos ante una disfunción administrativa que impacta en el “interés general” con efectos devastadores económicos, industriales y laborales de primer orden que ya está deteriorando la imagen de España como destino de inversión en energías limpias”, afirmó Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del ICGEA.

Proyectos autorizados

El Instituto destaca que muchos de los proyectos afectados han completado ya toda su tramitación administrativa y ambiental con el Miteco y tienen en consecuencia presupuestos millonarios comprometidos y ejecutados en parte. "Sin embargo, la falta de resolución de los recursos administrativos dentro de los plazos legales ha provocado la suspensión cautelar automática de numerosos expedientes, impidiendo así el inicio de las obras de esos proyectos. Es un modelo regulatorio decimonónico", dice el Instituto Coordenadas.

"No se cuestiona el ejercicio de derechos democráticos, pero el principio de presunción de legalidad de las decisiones de las autoridades competentes, debería de constituir una base solvente para su puesta en funcionamiento, ya que los costes sociales y los ya comprometidos por los promotores como contratos de arrendamiento de terrenos, adquisición de equipos industriales, contratos EPC, líneas de financiación bancaria y avales depositados ante la Administración, se convierten en sistémicos, sin una ponderación adecuada y compatible de las necesidades energéticas del país y los mecanismos de revisión. Los llamados 'sistemas regulados' y la energía con el transporte fuero de los primeros, se basan en la fluidez de la interlocución con los reguladores y la adopción de decisiones inmediatamente ejecutivas", añade.

Afirma que esta situación está generando extra costes sociales y económicos crecientes, que se imputan contra la rentabilidad de los proyectos, y traslada una señal de inseguridad jurídica a los inversores internacionales con exposición al mercado español, que acostumbrados a modelos regulatorios sólidos y eficientes, no salen de su asombro ante este panorama de bloqueo masivo e insólito.

El ICGEA indica que los inversores internacionales están ya reevaluando sus compromisos de cartera en el mercado español ante la incertidumbre administrativa. "Fondos de infraestructuras, utilities europeas y fondos soberanos que han participado en rondas de financiación de proyectos ya autorizados se encuentran ante un escenario de inseguridad jurídica que no estaba previsto en sus modelos de riesgo cuando decidieron invertir en España, mientras la industria epecista española decae o se marcha fuera a ejecutar proyectos de envergadura".

El PNIEC prevé movilizar hasta 308.000 millones de euros de inversión hasta 2030, con un peso dominante de capital privado. Para el ICGEA, la prolongación del "atasco" administrativo no solo afecta a los proyectos actualmente bloqueados, sino que genera un efecto disuasorio sobre nuevos flujos de inversión que España necesita atraer en los próximos años.

El análisis del ICGEA advierte de que la inseguridad regulatoria originada por estos retrasos está deteriorando la posición de España en los índices de atractivo inversor en energía limpia frente a mercados competidores como Alemania, Francia, Italia o Portugal. La percepción de riesgo administrativo en España crece en las evaluaciones de fondos de infraestructuras internacionales, utilities y family offices con mandatos de inversión en energías renovables.

“El problema no es la falta de proyectos ni de capital. España dispone de cartera renovable suficiente para cumplir sus objetivos. El cuello de botella está en la incapacidad administrativa para que sus propias autorizaciones se ejecuten”, subraya Jesús Sánchez Lambás. El Instituto Coordenadas advierte de que la creciente inseguridad administrativa en torno al despliegue renovable ya afecta a proyectos estratégicos en múltiples comunidades autónomas.

Expone que España cuenta con una cadena de valor renovable de referencia europea. En energía eólica, el país alberga centros de fabricación de aerogeneradores, torres, palas y componentes electrónicos de grandes grupos internacionales como Vestas, Hitachi, Siemens Gamesa (hoy Siemens Energy), GE o Nordex, además de una amplia red de fabricantes auxiliares y proveedores locales. En fotovoltaica, el mercado español es uno de los mayores de Europa y ancla actividad para fabricantes de módulos, inversores, estructuras de soporte y sistemas de almacenamiento además de disponer de una alta capacidad de ingeniería para proyectos EPC que tiene una formidable reputación internacional.

"La paralización de proyectos autorizados genera un problema social a la autonomía energética, una caída directa de la demanda interna de equipos y componentes. Fabricantes y proveedores que habían dimensionado su capacidad productiva en función del pipeline de proyectos autorizados se enfrentan ahora a cancelaciones de pedidos, acumulación de inventarios, ajustes de plantilla y pérdida de carga de trabajo. Este efecto es especialmente grave en la industria eólica, cuyos ciclos de fabricación y logística son largos y muy difícilmente reasignables a corto plazo. El riesgo no es solo coyuntural. Si el atasco administrativo se prolonga, fabricantes con presencia en varios mercados europeos pueden optar por reasignar capacidad de producción y recursos comerciales hacia mercados con mayor certidumbre regulatoria, lo que tendría consecuencias duraderas sobre el tejido industrial renovable español", apunta esta entidad.

“El problema ya no afecta únicamente a proyectos aislados. Es una cuestión de Estado y empieza a comprometer corredores industriales estratégicos y decisiones internacionales de inversión vinculadas a la reindustrialización verde de España”, advierte Sánchez Lambás.

El PNIEC vincula el despliegue renovable a la creación de hasta 560.000 empleos en 2030. El propio sector estima que cada GW instalado de energía solar fotovoltaica genera entre 1.500 y 2.500 empleos directos e indirectos durante la fase de construcción, mientras que la energía eólica terrestre se sitúa entre 2.000 y 3.500 empleos por GW.

"Con una gran parte de proyectos autorizados afectados por retrasos, el impacto laboral potencial se mide en decenas de miles de puestos de trabajo no creados o en suspenso. Este impacto laboral no se limita a la construcción. La paralización de obras afecta a empresas de ingeniería, supervisoras ambientales, transportistas especializados, empresas de obra civil y comunidades locales que dependen de los ingresos por arrendamiento de tierras y de los efectos económicos de la actividad industrial asociada. El daño es especialmente intenso en provincias del interior peninsular —Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón— donde los proyectos renovables representan una oportunidad de desarrollo económico y fijación de población en territorios en el medio rural en plena despoblación. Para el ICGEA, el bloqueo administrativo tiene, en estos casos, un coste social y territorial que va más allá del económico", agrega el Instituto Coordenadas.

Dice que esta "parálisis administrativ"a afecta directamente a la senda del PNIEC 2023-2030. El plan prevé alcanzar alrededor de 160 GW de potencia renovable instalada en 2030, con 62 GW de eólica, 76 GW de solar fotovoltaica y 22,5 GW de almacenamiento, además de situar las renovables en el 81 % de la generación eléctrica y en el 48 % del consumo final de energía.

A cierre de 2025, según datos de Red Eléctrica de España incorporados por el Instituto, el sistema contaba con unos 41 GW de solar fotovoltaica en suelo, 9 GW de autoconsumo y 33 GW de eólica terrestre y marina, frente a objetivos PNIEC de 57 GW, 19 GW y 62 GW, respectivamente. "Eso deja una brecha de alrededor de 16 GW en fotovoltaica en suelo, 10 GW en autoconsumo y más de 29 GW en eólica, lo que exige acelerar de forma sustancial el ritmo de instalación en los próximos años. En ese contexto, cada GW autorizado que permanece bloqueado por recursos sin resolver no retrasa un proyecto marginal, sino parte del volumen de nueva capacidad que España necesita incorporar de aquí a 2030 para cumplir el PNIEC. El atasco administrativo obliga a concentrar en menos tiempo un esfuerzo inversor y constructivo cada vez mayor, elevando el riesgo de incumplimiento de los objetivos energéticos, climáticos e industriales del país", continúa.

Para el ICGEA, "el silencio administrativo sistemático del MITECO no solo genera inseguridad jurídica y pérdida de competitividad inversora, sino que podría constituir un incumplimiento material del Derecho de la Unión Europea".

El Instituto Coordenadas plantea cinco medidas prioritarias "para evitar el deterioro estructural del despliegue renovable español". En este sentido, expone que la principal de ellas es la creación inmediata de una mínima revisión del modelo de procedimiento administrativo para la resolución acelerada de recursos pendientes, dotado de equipos específicos, calendarios públicos y objetivos verificables de reducción del atasco administrativo acumulado, "en un contexto de administración transparente al servicio del interés general, y una mejora del marco regulatorio para proteger la vigencia de las autorizaciones ya otorgadas. Deben de aplicarse mecanismos de visibilidad y reclamar la comunicación en tiempo real a los promotores afectados del inventario de expedientes bloqueados y sus plazos de resolución; una modesta adecuación del marco regulatorio para atender una eventual emergencia energética que evite la querulancia mediante el uso abusivo y coordinado de los recursos administrativos; la transposición urgente de la Directiva RED III; y la elevación del problema al ámbito de coordinación interministerial por su impacto económico, energético e industrial".

“España tiene los proyectos, tiene los inversores y tiene el recurso natural. Le falta capacidad administrativa para resolver en plazo y evitar que el bloqueo burocrático termine frenando la transición energética”, concluye el Instituto Coordenadas.