El Gobierno ha dejado en suspenso el lote de ciberseguridad e interconexión de datos, el tercero del megacontrato estatal de comunicaciones, conocido como 'CORA', que en su día se adjudicó Telefónica, como consecuencia de la "pérdida sobrevenida de la coberura presupuestaria".
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En concreto, la Mesa de Contratación de los servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado (AGE) ha acordado la anulación de la resolución de exclusión, así como de la resolución por la que se declara desierto el procedimiento.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC)estimó hace unas semanas el recurso de la 'teleco' presidida por Marc Murtra al considerar que su exclusión no se ajustó a derecho y que su oferta seguía siendo válida dentro del procedimiento, según Europa Press.

"La Mesa toma en consideración la Resolución nº 781/2026 TACRC, de forma que, en ejecución de la misma, se anula la resolución de exclusión y, por ende, la resolución por la que se declara desierto el procedimiento, debiendo retrotraerse las actuaciones al momento anterior a la exclusión y prosiguiendo este por sus trámites", según se desprende del acta.

Así, la Mesa procede a retrotraer la propuesta de exclusión de la UTE Telefonica Soluciones de Informatica y Comunicaciones de España- Telefonica de España, así como la propuesta de declaración de desierto.

No obstante, la mesa de contratación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha advertido y dejado expresa constancia de "la pérdida sobrevenida de la cobertura presupuestaria del expediente, motivada por la anulación de los documentos contables de Retención de Crédito (RC) por parte de los organismos cofinanciadores --Imserso, Ingesa y DGRCC-- durante la pendencia del recurso especial".

Tercera edición del contrato 'CORA'

En julio de 2025, el Gobierno adjudicó la tercera edición del contrato 'CORA', dotado con 340 millones de euros para unificar las comunicaciones de más de 85 organismos públicos durante 3,7 años. El contrato centraliza servicios como voz fija y móvil, acceso a Internet, interconexión de centros de datos y protección de redes. En ese reparto, el lote 1 fue para Telefónica; el lote 2, para MasOrange; el lote 3, de ciberseguridad e interconexión de datos, para una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Orange, TRC y Mnemo; y el lote 4, para Evolutio.

Telefónica recurrió la adjudicación del lote 3 al alegar que Mnemo carecía de plan de igualdad, un requisito obligatorio en concursos públicos, y en septiembre de 2025 el TACRC le dio la razón y anuló la adjudicación. Posteriormente, en fase de formalización, la mesa de contratación solicitó a la operadora acreditar el cumplimiento de este requisito en toda su cadena de subcontratación, ante lo que la compañía defendió que la ley permite ajustar dicha estructura.

En noviembre de 2025, la mesa decidió excluir a Telefónica al considerar que uno de sus proveedores, Govertis, no cumplía con los requisitos, y declaró desierto el lote, decisión que la operadora volvió a recurrir. "En consecuencia, procede estimar el recurso, anulando la resolución de exclusión y por ende la resolución por la que se declara desierto el procedimiento, debiendo retrotraerse las actuaciones al momento anterior a la exclusión", recogía la resolución del TACRC.

Para garantizar la continuidad del servicio, Telefónica ha seguido prestando el lote desde diciembre de 2025 mediante una prórroga forzosa. En paralelo, la Administración lanzó una licitación negociada sin publicidad, de nueve meses prorrogables, en exclusiva con la compañía, que presentó su oferta en marzo de 2026 y cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de junio.

Con la resolución del TACRC, el procedimiento debía continuar con Telefónica como única oferta válida para el lote 3, cuyo importe asciende a 63 millones de euros sin impuestos. Sin embargo, como ha trascendido posteriormente, la tramitación ha quedado en suspenso por la pérdida sobrevenida de la cobertura presupuestaria.