El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este lunes que apoyará la propuesta de reforma de financiación autonómica del Ministerio de Hacienda. Este respaldo se formalizará este viernes durante la votación de la reforma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Hasta ahora, el Gobierno canario —integrado por Coalición Canaria, el Partido Popular y la Agrupación Herreña Independiente— se había mostrado en contra y había rechazado el nuevo modelo ofrecido por el Estado. Sin embargo, la postura ha cambiado tras la reunión de trabajo mantenida este lunes en Las Palmas de Gran Canaria entre el presidente canario, Fernando Clavijo, el ministro de Hacienda, Arcadi España, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, después de que el archipiélago haya visto reconocidas sus singularidades con planteamientos que Clavijo ha calificado como "razonables" y que "no perjudican a otras comunidades".
En dicho encuentro, en el que también participaron la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, y el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, se ha sellado un acuerdo que reportará a Canarias más de 1.337 millones de euros adicionales al año para sus servicios esenciales.
Las claves del acuerdo y las cifras para las islas
El cambio de posición de Canarias se fundamenta en un acuerdo que, según el Ejecutivo autonómico, garantiza que "el Régimen Económico y Fiscal (REF) permanecerá fuera del sistema ordinario de financiación autonómica y queda resuelta la compensación vinculada al antiguo IGTE, evitando que estos recursos vinculados a la singularidad canaria se integren en la financiación ordinaria de la Comunidad Autónoma".
A pesar de que el nuevo modelo ajustará una décima en la ponderación de la insularidad y otros criterios de población ajustada, el impacto negativo será compensado "a través del Fondo de Dinamismo Económico y de otros mecanismos incluidos en la negociación".
De esta forma, Canarias dispondrá de más de 1.337 millones de euros adicionales al año a través de dos vías: 611 millones de euros derivados directamente del sistema de financiación y otros 726 millones de euros a través del Fondo de Dinamismo Económico, un mecanismo que contará con carácter indefinido, recursos de libre disposición y liquidación mensual simultánea al sistema ordinario.
Además, en la reunión se acordó el desbloqueo inmediato de 196,1 millones de euros en transferencias pendientes del Estado que se elevarán este martes al Consejo de Ministros. Estas partidas, ligadas a la agenda de compromisos con las islas, se distribuyen en: 45 millones de euros para el Plan Integral de Empleo de Canarias, 30 millones de euros para la lucha contra la pobreza, 53 millones de euros para obras en el puerto de Granadilla, otros 45 millones de euros para el dique Reina Sofía en el Puerto de La Luz y de Las Palmas y 23,1 millones de euros para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo.
Asimismo, se avanzó en la tramitación para finales de agosto o principios de septiembre de un Decreto Canarias específico que priorizará la recuperación de La Palma (con una bonificación del 60% del IRPF para sus residentes y una aportación de 100 millones de euros), y se cerró un acuerdo para flexibilizar el uso del superávit canario, lo que permitirá movilizar unos 600 millones de euros para un abanico más amplio de inversiones estratégicas.
El camino libre para la aprobación de la reforma
Con el "sí" de Canarias, el Ministerio de Hacienda liderado por Arcadi España encarrila la aprobación del nuevo modelo. La cita clave tendrá lugar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocada para este miércoles 29 de julio.
Dado que el Gobierno central cuenta con mayoría en este órgano, solo necesita que una comunidad autónoma vote a favor para sacar adelante la reforma. Con el apoyo garantizado de Cataluña y, ahora, de Canarias, el borrador tiene el camino despejado para ser aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tras este paso, el documento deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros para iniciar posteriormente su tramitación en las Cortes Generales.
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