Euskadi quiere poner freno al cierre de empresas, a la fuga de sociedades y a la pérdida de talento. Los dos partidos que gobiernan las haciendas forales han visto en la fiscalidad una herramienta útil para apuntalar la economía y la empresa vasca: bonificaciones tributarias a cambio de compromiso empresarial y captación de talento.
PNV y PSE han acordado un ‘marco común’ para actualizar la fiscalidad en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. Propuesta que ahora deberá ser aprobada en los tres parlamentos forales –Juntas Generales– y que en el caso de Álava y Gipuzkoa deberá ser capaz de recabar el apoyo de alguna formación de la oposición para salir adelante.
Una de las medidas pasa por ofrecer a los trabajadores ventajas fiscales de hasta 12.000 euros al año si participan en el capital de su empresa. Las haciendas vascas proponen que los empleados compren acciones o participaciones de su empresa. Para poder beneficiarse de la medida deberán comprometerse a conservar esas acciones al menos durante tres años.
Reducir el impacto de las plusvalías
Esta medida se extiende de un modo particular también a las empresas de mayor tamaño pero en situación inestable de continuidad. La bonificación fiscal se potenciará a los empleados en aras a que puedan alcanzar el control de la sociedad o el grupo para facilitar su continuidad o estabilidad.
La fiscalidad también se quiere aprovechar para apuntalar la continuidad de empresas o negocios promovidos por autónomos en caso de que decidan transmitirlo o asegurar su relevo generacional. A tal fin, se propone reducir un 30% las plusvalías de determinadas transmisiones. En el caso de las micropymes, la bonificación se incrementa al 35% y al 40% si es una mujer menor de 36 años la que asume la continuidad del negocio. La medida se aplicaría sobre una plusvalía máxima de 3 millones de euros.
La atracción de talento es otra de las prioridades que se han fijado los gobiernos forales vascos. En caso de que una empresa logre captar un trabajador procedente de un país extranjero se beneficiará de una exención del 42% en sus rendimientos de trabajo. En el caso de trabajadores cualificados en determinadas áreas como la investigación, el desarrollo y la innovación, el campo científico, tecnológico o biosanitario las exenciones serán del 30%. También para áreas como el medio ambiente, el sector financiero o la transición energética. Si los trabajadores contratados tienen menos de 36 años la bonificación se amplía un 10%. La medida se podrá aplicar por un periodo máximo de 8 años.
Apoyo a la vivienda
El impacto del mercado de la vivienda a la hora de captar talento también se ha tenido en cuenta. De este modo, se plantea la no tributación del pago que haga una empresa por el alquiler de la vivienda de sus trabajadores. Quedarán exentos 700 euros mensuales durante un periodo máximo de dos años. La propuesta acordada deja abierta la puerta a que se incluyan deducciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Patrimonio o el IRPF en casos de cesión de vivienda o suelo finalista al parque público de alquiler o a proyectos público-privados relacionados con la vivienda.
Otro de los ejes para favorecer el arraigo empresarial pasa por incentivar el apoyo por permitir los cuidados a un profesional o a un familiar. Las deducciones oscilan entre los 700 y los 1.000 euros.
Se establece además una deducción del 5% por la compra de coche nuevo si se achatarra otro de más de 20 años de antigüedad o si el vehículo supera un nivel de emisiones. La bonificación se limita a la compra de vehículos de menos de 30.000 euros y de 40.000 euros en el caso de modelos de cero emisiones.
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