El sistema público de pensiones en España llevará a cabo un cambio en 2027 con la culminación de la reforma del sistema de jubilación. A partir de ese año, la edad ordinaria exigida para cobrar el cien por cien de la pensión se consolidará de forma definitiva.
Según establece la Seguridad Social, a partir del 1 de enero de 2027 se producirá un cambio en la edad ordinaria de jubilación. Esta será de 65 años para quienes acrediten un periodo mínimo de 38 años y seis meses cotizados, mientras que quienes no alcancen ese periodo tendrán que esperar hasta los 67 años.
La sostenibilidad del sistema ante el reto demográfico
La entrada en vigor de estos límites en 2027 responde a la necesidad estructural de equilibrar los ingresos y gastos de la Seguridad Social. La mayor esperanza de vida y la paulatina reducción de la tasa de natalidad han incrementado la presión financiera sobre el modelo público de pensiones.
A este escenario se suma el inicio del retiro masivo del grupo nacido entre finales de los años cincuenta y mediados de los setenta conocido como la generación del 'Baby Boom', un volumen de pensionistas que tensionará las cuentas públicas.
El reto a partir de 2027 no solo residirá en el cumplimiento estricto de las edades legales, sino también en la capacidad del mercado laboral para mantener contratados a los trabajadores sénior. Las políticas de empleo y la adaptación de las condiciones de trabajo resultarán cruciales para que la prolongación de la vida laboral sea viable y efectiva.
El nuevo umbral de los 67 años y sus excepciones
Para aquellos trabajadores que no alcancen el periodo de cotización exigido, la edad legal para acceder a la jubilación ordinaria quedará fijada en los 67 años a partir de 2027. Este incremento progresivo ha supuesto una incrementación paulatina durante más de una década, ya que en 2013 bastaba con haber cotizado 35 años y 3 meses para poder jubilarse a los 65 años.
Esta dualidad en los requisitos pretende premiar la continuidad en el mercado de trabajo, protegiendo a quienes comenzaron su actividad laboral a edades tempranas. De este modo, la duración del historial de cotización se convierte en el factor determinante para anticipar o retrasar la salida del mercado de trabajo sin sufrir penalizaciones.
Por ello, el marco regulador contempla una excepción fundamental para proteger a quienes comenzaron su vida laboral a edades tempranas: aquellos profesionales que logren acreditar un mínimo de 38 años y seis meses de cotización a la Seguridad Social mantendrán intacto su derecho a jubilarse a los 65 años.
Implicaciones para la jubilación voluntaria
El ajuste en la edad ordinaria impacta de forma directa sobre las condiciones para acceder a la jubilación anticipada, tanto en su modalidad voluntaria como en la involuntaria o forzosa. Al elevarse la edad de referencia a los 67 años para la mayoría, los coeficientes reductores se aplicarán sobre las cuantías finales con base en este nuevo límite.
En la práctica, esto significa que las penalizaciones económicas por jubilación anticipada se calcularán tomando los 67 años como meta principal. Si a un trabajador le corresponde jubilarse a esa edad por no tener la cotización exigida, pero decide retirarse a los 65, la Seguridad Social considerará que se está adelantando dos años. Como consecuencia, se le aplicará un recorte en su pensión mensual proporcional al tiempo que le falte para cumplir ese nuevo límite oficial.
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