El primer revés llegó con Ucrania. El segundo, con Irán. Las crisis energéticas que ambos conflictos bélicos han provocado en los últimos años han situado a Europa en una delicada posición. Su alta dependencia energética arroja a los 27 al devenir del pulso geopolítico internacional y sus implicaciones en los mercados de suministro de energía. Con una economía aún altamente dependiente de las energías fósiles, como el gas natural y el petróleo, la UE ha vuelto a constatar que le urge reforzar su autonomía estratégica y soberanía energética. Por ahora, solo desde febrero, cuando comenzó la tensión en el Golfo Pérsico, la factura global pagada por abastecerse de petróleo, gas y diésel se ha disparado en 100.000 millones de euros extra.
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Sin duda, una de las causas principales radica en que en la última década el proceso de electrificación de la economía europea -que permitiría reducir la dependencia de la importación- apenas ha evolucionado. En Europa, el 90% del transporte por carretera, barcos y aviación continúa necesitando combustibles fósiles -diésel, gasolina o queroseno- y los sistemas de calefacción en su inmensa mayoría funcionan con gas.

Es innegable que la producción de energías renovables ha aumentado a gran velocidad: ha pasado de representar el 29% al 50% del mix eléctrico. El problema es que la parte de la economía que necesita esa electricidad para funcionar sigue siendo de apenas un 23% de electrificación final; el resto demanda aún gas, petróleo y combustibles. Los responsables de energía de la UE insisten en que es ahí donde radica el problema. Urge avanzar más rápido en este proceso y poder alcanzar los aún lejanos objetivos fijados en el Plan de Acción para la Electrificación de la UE.

Pasar del 23% al 46% de electrificación en 2040

En este plan comunitario, el reto es duplicar el actual escenario en los próximos tres lustros: alcanzar el 46% de electrificación en 2040. Requerirá acelerar el ritmo de modo mucho mayor a lo hecho en la última década. Ni los niveles de electrificación del transporte son ahora los deseados, ni mucho menos los de la industria; tampoco la capacidad de almacenamiento de energía con baterías ha evolucionado al ritmo adecuado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recordaba que alcanzar ese ansiado 46% supondría un ahorro de 260.000 millones de euros anuales para las economías de la UE al recortar la compra de energía a terceros.

Para ello, sería necesario desplegar muchos más vehículos eléctricos, acelerar la instalación de bombas de calor para calefacción e industrializar procesos menos dependientes de los fósiles. La situación es dispar. Fuera de la UE, Noruega es la referencia con casi un 50% de electrificación en su economía gracias a la movilidad sostenible. Suecia roza el 38%, mientras que España, Alemania y Francia se sitúan en la media comunitaria, entre el 23% y el 27%. En la cola se encuentran países como Polonia, Rumanía, Hungría o Eslovaquia, con tasas entre el 16% y el 19%.

Seguir dependiendo mayoritariamente del gas y el petróleo sitúa a los países en un alto riesgo ante crisis geopolíticas exteriores. El conflicto de Irán ha disparado el coste de la energía y ha complicado el suministro en pasajes críticos como el Estrecho de Ormuz. Para contener la escalada, Von der Leyen recupera la fórmula empleada tras la guerra de Ucrania en 2022: el mecanismo de compras conjuntas de energía de la UE.

Compras conjuntas para frenar la tensión de mercado

A diferencia de la prueba piloto inicial -limitada al gas tras el cierre del grifo ruso-, la medida se extiende ahora también al petróleo, al hidrógeno verde y a los minerales críticos necesarios para fabricar baterías. Además, el plan de compras mancomunadas abarcará adquisiciones puntuales en el mercado spot y contratos de suministro a largo plazo, a 10 y 15 años, para dar estabilidad a la industria.

A la hora de acelerar la electrificación de la economía en Europa, uno de los mayores frenos es el precio. En la mayor parte de la Union, el kilovatio hora eléctrico sigue resultando entre dos y tres veces más caro que el del gas natural. Esta asimetría se debe a que la factura de la luz ha asumido históricamente una elevada carga de impuestos, peajes y costes regulados para financiar la transición energética, mientras que los combustibles fósiles han disfrutado de una menor presión fiscal relativa. Una situación que ha provocado que ni los hogares encuentren un incentivo financiero inmediato para sustituir sus calderas tradicionales por bombas de calor, ni las industrias intensivas puedan asumir el coste operativo de electrificar sus procesos térmicos.

Otro de los obstáculos es la saturación de numerosos nodos de las redes eléctricas que deberían soportar ese incremento de electrificación. Las actuales infraestructuras se ven incapaces de absorber la electricidad verde producida en los momentos de máxima generación o de conceder nuevos puntos de acceso y conexión. Esta rigidez operativa obliga, por un lado, a realizar vertidos masivos -desperdiciando energía solar y eólica ya producida- y, al mismo tiempo, frena la integración de grandes centros de datos, proyectos industriales y puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos, convirtiendo la falta de red en el verdadero cuello de botella para la electrificación real de la economía.

Una factura de importación al alza de cara al invierno

La crisis energética provocada por el bloqueo de Ormuz desde el pasado mes de febrero no plantea un horizonte esperanzador. A ello se suma el daño que el conflicto ha provocado en plantas y refinerías de la región, sumiendo en una profunda incertidumbre el suministro energético en Europa a las puertas del invierno.

Según datos de Eurostat, en los últimos años el gasto en importaciones de petróleo, gas y carbón en la UE se estaba reduciendo de forma progresiva. Sin embargo, este nuevo shock geopolítico volverá a disparar la factura a niveles de 2023. Si el ejercicio 2025 se cerró con 337.000 millones de euros pagados en importaciones fósiles, las proyecciones para este año apuntan a un cierre de ejercicio de entre 420.000 y 450.000 millones de euros abonados al exterior.