El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) ha advertido de una brecha "relevante" entre la información contractual que formalmente se publica y la que los ciudadanos pueden localizar de manera efectiva en los canales públicos de transparencia. Su informe especial 'Contratación Pública y Transparencia' concluye que 105 de los 253 contratos fiscalizados en políticas de protección y promoción social no figuraban en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, pese a estar publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Asegura que esos 105 contratos suman 260,58 millones de euros, el 58,41 % de los 446,14 millones fiscalizados. Para el Instituto, el dato revela que la transparencia no puede medirse únicamente por la existencia formal de información en alguna plataforma administrativa, sino por la capacidad real de localizarla, acceder a ella y relacionarla para reconstruir el recorrido de una decisión de gasto público.
El estudio parte del Informe de Fiscalización nº 1.696 del Tribunal de Cuentas, aprobado el 22 de septiembre de 2026, y realiza un desglose propio por ministerio y entidad a partir de sus anexos. El perímetro comprende 253 contratos por 446,14 millones de euros, cinco convenios por 22,14 millones y 53 encargos a medios propios por 222,44 millones, vinculados al Área de Gasto 2 de los Presupuestos Generales del Estado.
El ICGEA subraya que el propio Tribunal de Cuentas concluye que, con carácter general, los órganos fiscalizados cumplen las obligaciones de publicidad y transparencia. Sin embargo, identifica incumplimientos y deficiencias concretas que, analizadas conjuntamente, muestran una trazabilidad pública opaca en distintas fases de la contratación.
Brecha de transparencia
La principal alerta del análisis no está en la inexistencia de información, sino en su fragmentación. El Tribunal de Cuentas no localizó en el Portal de Transparencia 105 contratos que sí constaban en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La incidencia afecta al 41,50 % de los expedientes analizados, pero al 58,41 % del importe fiscalizado, debido al peso económico de algunos de los contratos afectados.
“Una Administración no es transparente porque publique un documento en algún recóndito espacio de su ecosistema digital. La transparencia exige que la información sea accesible, trazable, comparable y reutilizable. Si el ciudadano necesita saber previamente en qué plataforma buscar cada pieza del expediente, estamos ante una opacidad deliberada, inasumible democráticamente”, señaló Jesús Sánchez Lámbas, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas.
El informe identifica además una segunda brecha de alcance institucional: ninguno de los 53 encargos a medios propios analizados, por un importe conjunto de 222,44 millones de euros, figuraba en el Portal de Transparencia. Para el Instituto, esta modalidad de contratación in house presenta algunas de las deficiencias más preocupantes en materia de publicidad y transparencia.
El Tribunal de Cuentas considera que estos encargos deben quedar comprendidos en las obligaciones de publicidad activa y propone aclararlo expresamente en una futura reforma normativa. Sin embargo, el ICGEA sostiene que dicha obligación ya existe y considera que el Tribunal dispone de competencias suficientes para ejercer el control contable sobre estos encargos. Además, el 35,85 % de los encargos tampoco tenía publicadas las tarifas aplicables y nueve se publicaron en la Plataforma de Contratación más de un año después de su formalización.
Documentación incompleta
El análisis detecta también carencias en la publicación de documentos necesarios para entender por qué se contrata y cómo se adopta la decisión. En 75 de los 253 contratos, el 29,64 %, no estaba publicada la memoria justificativa, mientras que, en 93 de los 235 contratos de servicios, el 39,57 %, no se incorporaba públicamente el informe de insuficiencia de medios.
El ICGEA precisa que la ausencia de publicación no equivale a la inexistencia del documento en el expediente ni permite concluir por sí sola que el contrato sea ilegal. Sí impide, cuando la norma obliga a hacerlo público, que terceros puedan reconstruir íntegramente la motivación contractual y constituye un incumplimiento de publicidad cuando así lo determina el Tribunal de Cuentas.
El informe introduce además una matización relevante sobre uno de los porcentajes más elevados de la fiscalización: 57 de los 58 contratos tramitados mediante procedimientos distintos del abierto o restringido no publicaron la justificación de la elección del procedimiento.
Los 57 corresponden a procedimientos negociados sin publicidad del IMSERSO, vinculados al programa de Termalismo y a plazas residenciales en Ceuta. El Instituto concluye, por tanto, que se trata de una práctica muy concentrada y no de un comportamiento generalizado en todos los organismos analizados.
Transparencia efectiva
Para el Instituto Coordenadas, los resultados evidencian la insuficiencia de los mecanismos de control y una persistente resistencia a la supervisión ciudadana. Por ello, considera necesario evolucionar desde un modelo basado en la publicación documental hacia otro centrado en la transparencia efectiva de los datos y de la justificación de las decisiones de gasto público, sometidas tanto al control ciudadano como al control contable del Tribunal de Cuentas y al judicial.
El estudio detecta documentos escaneados o manuscritos, métricas económicas no homogéneas y discrepancias en el número de licitadores de 37 contratos, circunstancias que dificultan comparar, agregar y analizar sistemáticamente la contratación pública.
”El problema no es solo cuánto se publica, es si lo publicado permite entender qué se contrata, por qué, mediante qué procedimiento, con qué concurrencia, a quien se le adjudica y con qué resultado. La trazabilidad debe funcionar de principio a fin y no depender de que el ciudadano se convierta en un profesional altamente cualificado para el rastreo del expediente saltando entre plataformas”, afirmó Sánchez Lámbas.
El ICGEA propone, entre otras medidas, establecer controles automáticos, con estándares rigurosos de cumplimiento obligatorio, que alerten de la documentación preceptiva pendiente de publicación; realizar una conciliación periódica entre la Plataforma de Contratación del Sector Público y el Portal de Transparencia; publicar los encargos a medios propios junto con sus tarifas; impulsar la programación contractual antes del inicio de cada ejercicio; y utilizar formatos abiertos y reutilizables.
También plantea publicar indicadores periódicos por organismo sobre expedientes completos, tiempos de publicación y concurrencia, así como reforzar las competencias de control contable.
El Instituto considera que estas medidas, que a su juicio supondrían un mínimo esfuerzo normativo mediante modificaciones de unas pocas páginas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirían reforzar la rendición de cuentas sin confundir las deficiencias de publicidad con irregularidades materiales que la fiscalización no acredita.
El objetivo, concluye el ICGEA, debe ser que la transparencia deje de depender del lugar en el que se encuentre cada documento y pase a medirse por la posibilidad real de seguir el rastro completo de cada decisión contractual. Es decir, "una transparencia real como fundamento de la calidad democrática".