La regulación de los centros de datos que plantea el Gobierno ha disparado la inquietud en el sector y en varias administraciones autonómicas. Esta normativa pone en peligro futuras inversiones, advierten los expertos, que alertan de que las empresas podrían optar por otros destinos para el desarrollo de proyectos ya planificados. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha solicitado el trámite de audiencia ante el Consejo de Estado por las «graves consecuencias» que atribuye al Real Decreto. Según sus estimaciones, podrían peligrar hasta 26.000 millones de euros en inversiones y más de 14.000 puestos de trabajo en la región.
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También desde la patronal del sector, Spain DC, se ha cuestionado el marco legal impulsado por el Ejecutivo central, calificándolo de inviable: «La demostración más clara de que el propio Gobierno sabe que esta regulación es inviable en los términos en los que la plantea es que se autoexcluye cuando le toca aplicarla a los proyectos que él mismo quiere impulsar», ha afirmado la directora ejecutiva de la entidad, Begoña Villacís. Las empresas del sector denuncian que, mientras el Estado introduce «flexibilidad y un régimen específico» para sus propios planes, mantiene unas exigencias desmedidas para el resto del mercado.

Las reacciones por la ultima versión del nuevo decreto del Gobierno radica en gran medida en que la norma exige que el 80% de la energía consumida sea renovable hora a hora -un requisito técnico casi imposible de cubrir de forma continua- o, en su defecto, aceptar desconexiones obligatorias de la red eléctrica en momentos de saturación, una alternativa que consideran inadmisible para unas infraestructuras que deben operar sin interrupción. Además, el sector denuncia un trato de favor discriminatorio, ya que el Ejecutivo se autoexcluye de estas duras exigencias para sus propios proyectos públicos de inteligencia artificial, lo que según las empresas provocará la fuga de inversiones hacia otros países europeos.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el malestar se ha traducido en alegaciones ante el Consejo de Estado frente al nuevo borrador normativo. Para el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, el texto continúa siendo discriminatorio hacia la industria de los data centers y no resuelve los problemas de inseguridad jurídica del planteamiento inicial.

«Es una reglamentación muy restrictiva que ahuyentará las inversiones hacia otros países europeos donde el marco regulatorio sea menos exigente», ha advertido el consejero, quien considera que el Ejecutivo ha buscado «un guiño al sector renovable» dejando desprotegida a la infraestructura tecnológica. El Gobierno madrileño defiende que estas instalaciones son «el pilar de la economía digital», remarcando que sin ellas el ecosistema tecnológico no puede desarrollarse.

Sobre los requisitos energéticos, López-Valverde ha alertado de que la propuesta conllevaría costes multimillonarios para las compañías, un encarecimiento en el precio de la electricidad y un incremento de los vertidos renovables: «Los centros de datos operan 24 horas al día y las renovables solo tienen capacidad para cubrir 2.000 horas al año. Para cumplir con el nuevo decreto sería necesario sobredimensionar el parque renovable e instalar ingentes cantidades de almacenamiento energético».

A este escenario se suma la incertidumbre ligada a la adhesión voluntaria al SRAP (Sistema de Reducción Automática de Potencia), herramienta con la que Red Eléctrica podría desconectar estas instalaciones de la red en momentos de tensión en el sistema.

Spain DC: «Se nos hace elegir el tipo de soga para ahogarnos»

Por su parte, Villacís ha censurado el señalamiento directo a estas infraestructuras: «No entendemos por qué una industria concreta tiene que convertirse en la primera a la que se apague cuando el sistema eléctrico sufra un problema. Se nos pretende convertir en la válvula de escape de problemas de planificación de la red, inversión o capacidad que no hemos generado».

La directiva ha reprochado que «la transición no es una concesión sin contrapartidas» y ha resumido la disyuntiva del sector: «La elección es entre cumplir desde el principio una obligación inviable o aceptar el riesgo de apagón. Eso no es eliminar una barrera: es mantener una y crear otra peor».

El documento remitido al Consejo de Estado prevé un régimen específico para aquellos centros de datos integrados en iniciativas de la Unión Europea dirigidas a reforzar la soberanía digital europea, tales como las gigafactorías de inteligencia artificial (IA) o los proyectos de supercomputación impulsados directamente por la Administración.

Ante esta excepción, la patronal ha criticado la falta de coherencia en el trato regulatorio: «Esta diferenciación refuerza las dudas sobre la proporcionalidad del régimen general y sobre el trato que recibirán las inversiones privadas que compiten por desarrollar la misma infraestructura digital».

Discriminación entre administraciones

Fuentes del sector han calificado la norma de desproporcionada y de difícil cumplimiento, denunciando un trato de favor al reservarse el Ejecutivo exenciones directas para instalaciones públicas o proyectos designados, como la gigafactoría de IA de Móra la Nova (Tarragona).

Frente a las lecturas que hablaban de una flexibilización de los requisitos, estas fuentes han sido tajantes: «La lectura de que se suaviza no es real; se nos hace elegir el tipo de soga con la que queremos ahorcarnos».

En la práctica, el texto sitúa a la industria ante la obligación de acreditar un 80% de generación renovable con correlación horaria —requisito que obligaría a multiplicar de forma insostenible la capacidad de red vinculada— o bien asumir el riesgo de cortes de suministro, afectando de manera exclusiva a este sector.

Rechazo al nuevo texto

La patronal insiste en que la versión remitida al Consejo de Estado mantiene las exigencias lesivas iniciales e incorpora trabas operativas críticas para el negocio y su financiación.

Los operadores que deseen acogerse a una implantación gradual de la exigencia horaria renovable deberán aceptar interrupciones discrecionales por parte del operador del sistema, sin que el borrador fije límites claros a la duración o frecuencia de estos cortes en el servicio.

«Se mantienen unas condiciones extraordinariamente difíciles de cumplir y, como alternativa, se nos impone el riesgo de un apagón», ha señalado el presidente de SpainDC, Emilio Díaz. «Para una industria cuya prioridad es garantizar la continuidad y disponibilidad del servicio, esto altera el perfil de riesgo, encarece la financiación y condiciona directamente las decisiones de inversión en España».