El nuevo decreto aprobado hoy por el Gobierno para regular los centros de datos en España ha abierto una batalla con el sector. El Ejecutivo ha aprovechado la campaña electoral para dar luz verde a una propuesta que había recibido numerosas críticas por las exigencias de "imposible" cumplimiento que incorpora, según los promotores de centros de datos.

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La Asociación Española de Centros de Datos Spain DC ha anunciado que recurrirá judicialmente el Real Decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros y solicitará su suspensión cautelar al considerar que la norma impone condiciones de imposible cumplimiento.

La patronal ha explicado en un comunicado que las condiciones impuestas en la práctica suponen un veto de facto al desarrollo de nuevos centros de datos en España y que ponen en riesgo 66.900 millones de euros de inversión potencial.

Exigencias energéticas inasumibles

Entre las medidas que se plantean, y contra las que ya se presentaron numerosas alegaciones, destaca la referida al consumo energético. El real decreto establece que los centros de datos deberán respaldar con sus propios proyectos renovables el 80% de su energía y que deberán acreditarlo hora a hora.

Esta exigencia obligaría a estas instalaciones a aportar o contratar nueva capacidad de generación de energía renovable para poder operar y demostrar que el 80% de la empleada cada hora ha sido producida en el momento en el que se consume.

Inlcuos la CNMC cuestionó los requerimientos al considerar que es un exceso establecer este tipo de exigencias cuando en España una parte importante de la energía renovable generada no puede ser absorbida por la demanda. Excedentes de producción de energía renovable que están provocando un incremento de las horas a precios cero o negativos en el mercado mayorista.

Por ello, la CNMC consideraba que se debía flexibilizar esta exigencia. De no hacerlo, adviertía, obligaría a sobredimensionar las instalaciones de generación y almacenamiento energético, elevar los costes de la red y supondría una dificultad para un aprovechamiento óptimo de los recursos.

El sector se siente señalado por el Gobierno

"Nos sentimos señalados por un Gobierno que pretende convertir a todo un sector económico en culpable de problemas que no ha provocado. Pero lo más grave es que esta decisión pone en riesgo la soberanía digital de España", ha asegurado el presidente de Spain DC, Emilio Díaz.

La estimación que maneja el sector es pasar de los 439 MW de potencia instalada actualmente a más de 2.500 MW en 2030. Las peticiones para instalarse y conectarse a nuestra red por parte de este tipo de infraestructuras es tan elevada que el Gobierno ha aprobado un exigente decreto para regular esa llegada masiva de iniciativas para instalar data centers.

Ahorrar 5.000 millones a los consumidores

Esta respuesta llega después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el real decreto de criterios de sostenibilidad para los centros de datos, con el que, según el Gobierno, los consumidores evitan tener que pagar 5.000 millones anuales más en la factura de la luz. 

Aagesen ha reivindicado que España es un país "pionero" -"a nivel mundial no existe otra referencia", ha afirmado- y ha reconocido que estos proyectos generan "numerosas inquietudes" y "preocupaciones legítimas" sobre el consumo de energía, agua, precios y coste de los servicios públicos.