El Gobierno ha aprobado un nuevo marco regulatorio para la jubilación anticipada en profesiones penosas, tóxicas o peligrosas, permitiendo a colectivos con alta siniestralidad o condiciones laborales extremas retirarse sin penalizaciones a partir de los 52 años. Esta medida, consensuada con agentes sociales, prioriza actividades donde mejorar las condiciones de trabajo sea inviable, aplicando coeficientes reductores basados en criterios objetivos.

Criterios de acceso y medición

Para calificar, las profesiones deben cumplir al menos uno de estos cuatro indicadores: penosidad (exposición a temperaturas extremas, vibraciones o fuerza física constante), toxicidad (contacto con agentes químicos o biológicos nocivos), peligrosidad (alto riesgo de accidentes o enfermedades profesionales) e insalubridad (ambientes perjudiciales para la salud). La evaluación incluirá métricas como el número de bajas laborales, fallecimientos, incapacidades permanentes y duración media de las incapacidades temporales. Además, se analizarán factores demográficos (edad, sexo) y laborales (tamaño de empresa, rotación) mediante un informe de morbilidad y mortalidad.

Sectores beneficiados y exclusiones

Entre los potenciales beneficiarios figuran trabajadores de la construcción, transporte de mercancías, personal sanitario, camareras de piso, bomberos forestales y empleados de la industria química. Quedan excluidas profesiones ya cubiertas por regímenes especiales, como mineros, trabajadores del mar y tripulaciones aéreas. La norma busca ampliar derechos a colectivos históricamente desprotegidos, como taxistas o buceadores, cuyas actividades conllevan riesgos físicos acumulativos.

Procedimiento de solicitud

El proceso debe iniciarse mediante solicitud conjunta de sindicatos, patronales y asociaciones de autónomos, presentada electrónicamente a la Dirección General de la Seguridad Social. Tras recibirla, se elaborará un informe técnico que incluirá evaluaciones de la Inspección de Trabajo sobre la viabilidad de mejorar las condiciones laborales. Una Comisión Evaluadora —integrada por ministerios, agentes sociales y expertos— emitirá un dictamen en un plazo máximo de cuatro meses, determinando si se aplican coeficientes reductores. Los trabajadores afectados deberán acreditar 15 años cotizados, con al menos dos en los últimos 15 años antes de la jubilación.

Esta reforma, que revisará los coeficientes cada décad, equilibra la protección social con incentivos para modernizar entornos laborales, priorizando la seguridad sobre el retiro anticipado.