La inteligencia artificial generativa ha dejado de ser una promesa en la abogacía española. Ya forma parte de la rutina de muchos despachos: resume expedientes, prepara primeros borradores, ordena cronologías y busca jurisprudencia en segundos. Pero mientras su uso se extiende, la profesión se enfrenta a una pregunta que no tiene que ver con la velocidad, sino con la confianza: ¿puede un abogado fiarse de lo que le dice una máquina?
Una profesión que ya ha dado el paso
Durante años, los bufetes españoles presumieron de modernidad: se proclamaban digitales y anunciaban con entusiasmo que ya usaban inteligencia artificial generativa. En la práctica, muchos de esos anuncios eran más fachada que cambio de fondo. Ahora el panorama empieza a ser distinto, y la abogacía parece haberse tomado en serio su modernización tecnológica. Así lo indica la tercera entrega de ‘Radiografía de la transformación digital en los despachos’, un trabajo conjunto de El Confidencial y la consultora LOIS que detecta avances reales en el sector jurídico.
Esta nueva edición analiza más firmas que las anteriores y plantea un cuestionario más completo. Mide la evolución de los despachos en siete áreas: su visibilidad en internet, la forma en que generan ingresos, el trato que ofrecen a sus clientes, sus valores internos y su forma de dirigir, su capacidad para innovar, la organización de su trabajo y los recursos tecnológicos que utilizan. El informe recoge además unas veinte iniciativas destacadas puestas en marcha por varios de los despachos más influyentes del país.
El Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Abogacía, impulsado por el Consejo General de la Abogacía Española, añadía otro dato: casi dos de cada tres abogados encuestados reconocían no tener formación en estas herramientas. La adopción va más rápido que el aprendizaje, y en ese desajuste empiezan los problemas.
La respuesta de la legaltech española
Ante este panorama, el sector legaltech en España se ha centrado en una idea: una IA jurídica útil no es la que escribe más rápido, sino la que permite comprobar lo que dice. El debate ha pasado de la productividad al rigor y las fuentes.
Un ejemplo es Maite AI, un asistente especializado en derecho español. Su propuesta parte de un principio sencillo: cada respuesta debe ir acompañada de la fuente original para que el abogado pueda revisarla antes de usarla. La herramienta está pensada para tareas habituales del despacho: analizar expedientes y sumarios, elaborar cronologías de hechos, preparar las bases de demandas y recursos, detectar puntos débiles en los escritos de la parte contraria o poner a prueba los argumentos jurídicos antes de presentarlos.
Este enfoque cambia la relación entre el profesional y la máquina. La IA no sustituye el criterio del abogado. Hace de primer filtro y deja en sus manos la verificación. Frente a la cita que aparece sin más, la referencia que se puede comprobar. Es justo lo que faltó en los casos sancionados: los abogados confiaron en referencias que parecían correctas y nunca las consultaron en el CENDOJ, la base pública y gratuita de jurisprudencia.
La otra gran preocupación es la confidencialidad. Subir el expediente de un cliente a un asistente generalista plantea dudas serias sobre el secreto profesional. Las soluciones dirigidas al sector intentan responder a esa exigencia. En el caso de las herramientas de IA para despachos de abogados como la de Maite, el compromiso público es no usar los datos de clientes para entrenar los modelos, alojar los servidores en Europa y cumplir el RGPD y la normativa española de protección de datos. Para muchos despachos, esta garantía pesa ya tanto como la calidad de las respuestas.
Lo que viene en 2027
El próximo año será clave para ordenar todo esto. Las obligaciones de transparencia del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial se aplican desde agosto de 2026. El llamado Ómnibus Digital, aprobado en julio, aplazó al 2 de diciembre de 2027 los requisitos para los sistemas de alto riesgo del anexo III, entre los que figuran los usados en la administración de justicia. Proveedores y usuarios profesionales tendrán poco más de un año para preparar su documentación, su supervisión humana y sus controles.
A la vez, el marco ético de la profesión se está concretando. El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado instrucciones sobre el uso de IA por parte de los jueces, y la propia abogacía reclama reglas claras. En el primer Estudio sobre Justicia Digital del Colegio de la Abogacía de Madrid, el 75,7% de los encuestados apoyaba algún tipo de obligación de declarar el uso de IA en los procedimientos.
Todo apunta a que 2027 será el año en que el debate pase de usar o no la IA a usarla bien. La formación dejará de ser opcional, los colegios profesionales tendrán que concretar sus criterios deontológicos y los clientes empezarán a preguntar con qué herramientas se trabaja su asunto. La ventaja ya no será de quien adopte antes la tecnología, sino de quien demuestre que la controla. En una profesión basada en la palabra y en la prueba, la fiabilidad será lo que de verdad marque la diferencia.