La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado o modificado casi una docena de artículos del decreto que desarrolla la Ley Municipal vasca y que permitía a los ayuntamientos emplear únicamente el euskera como lengua de relación y trabajo. La sentencia, tras el recurso presentado por Vox, anula o modifica así algunos de los aspectos esenciales del desarrollo lingüístico de la citada ley y que contemplaba la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran trabajar únicamente en euskera e incluso llevar a cabo los procesos de contratación sólo en esta lengua.

El decreto contemplaba la posibilidad de que los consistorios que lo acordaran pudieran establecer la preferencia del euskera sobre el castellano como "lengua de servicio y lengua de trabajo de uso normal y general de sus actividades" y que sólo a petición expresa de los ciudadanos, y tras acreditar desconocimiento de euskera, se le pudiera prestar servicio en castellano. La sentencia ratifica la inconstitucionalidad del artículo 6.2 de la ley que obligaba a acreditar el desconocimiento del euskera para recibir documentación municipal en castellano.

Entre los aspectos anulados ahora por el TSJPV figuran cuestiones como establecer mensajes verbales sin destinatario determinado, bien mediante mensajes telefónicos, altavoces o de otros tipo, "en primer lugar en euskera". También la posibilidad de acordar el euskera cómo única lengua de relación en un contrato público, tanto en su relación escrita como hablada.

La sentencia, fechada el pasado 28 de septiembre, supone un nuevo revés para el Gobierno vasco que ha visto cómo en los últimos meses la justicia cuestiona la exigencia del euskera que se viene haciendo en algunos procesos públicos, como la convocatoria de ofertas de empleo. La Ley Municipal o de Entidades locales fue aprobada en 2016. Hace sólo tres meses el Tribunal Constitucional también cuestionó y anuló la prioridad que se otorgaba al euskera sobre el castellano en los consistorios. El desarrollo de la norma se recogía en un decreto elaborado por la consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi y por el consejero de Política Lingüística del Ejecutivo, Bingen Zupiria.

Sin "controversia" institucional

Precisamente Zupiria, portavoz del Gobierno, ha comparecido este mediodía y en una primera valoración ha lamentado la sentencia. Ha asegurado que se trata de un nuevo ejemplo de "judicialización de la vida política". Ha recordado que todo parte de un recurso de un partido político cuando la norma no había generado ninguna "controversia" institucional. Incluso ha subrayado que la ley fue aprobada en tiempos del PP, con cuyo gobierno se alcanzó un acuerdo para no judicializar esta ley, "por tanto, se trata de una leya aprobada con mayoría absoluta y con el mayor acuerdo político posible".

En su opinión, el TSJPV ha ido "incluso más lejos que el Constitucional", quien ha señalado que sólo modificó "un inciso de un artículo". Zupiria se ha mostrado partidario de recurrir la sentencia del TSJPV: "Las cuestiones políticas deben ser resultas en el ámbito político y no en sede judicial". Ha añadido que ha llegado el momento de abordar "de otra manera las lenguas cooficiales": "Son patrimonio del Estado español y creo que sería el momento de abordar de otro modo, con seriedad esta cuestión".

Por su parte desde Vox se ha mostrado satisfacción por la resolución judicial con la que considera que se pone fin "a la imposición del euskera": "Es un varapalo más a una política lingüística del Gobierno vasco basada en la imposición", ha asegurado la parlamentaria Amaia Martínez. Vox considera que ha quedado demostrado una vez más que el Ejecutivo de Urkullu "discrimina el castellano". La formación de Abascal preguntará al lehendakari sobre esta nueva sentencia en el Parlamento Vasco

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