El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional investiga a tres empresas españolas por participar en una supuesta trama para vender 44 drones al Ejército Nacional Libio (LNA) por valor de 14.298.000 euros. Parte de las aeronaves salieron de Madrid en julio del año pasado dirección a Valencia. Allí fueron montados en un avión hasta Barcelona y desde la capital catalana partieron hasta Bengasi, ciudad Libia. Antes pararon en Malta para dificultar el rastreo.

La UCE-3 de la Guardia Civil ha llevado la investigación. Esta unidad se dedica a tareas de información e inteligencia fuera de nuestras fronteras. Entre sus funciones está la lucha contra el contrabando de material de defensa y de doble uso -aquel que se puede usar para fines civiles y militares-. Las pesquisas comenzaron en noviembre de 2023.

En la trama para llevar los drones a Libia participaron tres empresas españolas, según el informe de la Guardia Civil al que ha accedido El Independiente en exclusiva. La primera es una empresa de seguridad radicada en Valencia. Los investigadores la sitúan como la principal, ya que firmó el contrato con la milicia libia para llevar los 44 drones por casi 14,3 millones de euros. El trato incluía el envío de equipos para que pudiesen volar, así como personal para formar y adiestrar a los militares del ejército. El acuerdo se hizo con la compañía AHM Investment, con sede en Emiratos Árabes, y que los investigadores sitúan como una empresa pantalla del LNA.

Las otras dos compañías españolas son Aeronáutica DTS y Duma Engineering. La primera, según la Guardia Civil, es la responsable de la fabricación y venta de las aeronaves, así como de enviar personal para montarlos y ponerlos a funcionar. La segunda participó en la creación del contrato, ya que conocía a todos los actores. Esta compañía participó en acuerdos posteriores con el LNA.

La situación en Libia es inestable e insegura desde hace años. En la actualidad, coexisten dos gobiernos, además de numerosas milicias armadas. Uno de esos dos Ejecutivos lo dirige el autodenominado Ejército Nacional Libio, al que se le vendió el material de manera ilegal. Controla el 75% del territorio, incluidas la mayoría de las explotaciones petrolíferas donde varias empresas españolas tienen intereses. El LNA cobra "ingentes cantidades de dinero" para darles seguridad, y después lo usan para aumentar sus capacidades militares.

La tesitura en el país ha llevado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a redactar hasta tres resoluciones desde 2011 por el que se prohíbe vender, suministrar, trasnferis o exportar material de defensa o de doble uso que sea destinado a la represión internar en Libia.

Visores térmicos

En el inicio de la causa, los agentes constataron que se llevaron desde el Aeropuerto del Prat, en Barcelona, 20 visores térmicos acoplables a fusiles de asalto hasta Bengasi, ciudad que funciona como capital del LNA. El transporte se produjo el 29 de abril de 2023 en el vuelo privado HMJ078 de la compañía Harmony Jets, usada para todos los portes.

Una semana después, el 7 de mayo, se evitó en el aeropuerto de Valencia el envío de otros 80 visores térmicos, además de 103 miras holográficas. El plan, según la Benemérita, era sacarlos de España en el vuelo HMJ225 de la compañía ya nombrada.
El contrato se firmó el 25 de abril en Valencia, sede de la compañía española. El acuerdo consistía en el envío de 12 Zarek V-350, dos Zarek V-600 y tres packs de 10 Bluefish, todos de Aeronáuticas DTS. Estos últimos son drones suicidas. Fuentes conocedoras aseguran que los Bluefish nunca se llegaron a importar, y que como mucho se enviaron seis o siete aeronaves.

Valencia-Barcelona, Barcelona-Libia

Para transportar la mercancía emplearon un modus operandi para eludir los controles policiales y fiscales, según aparece en la causa. Primero hicieron un vuelo nacional. El 31 de julio de 2023, los drones viajaron desde Valencia hasta Barcelona. Al día siguiente, sin cargar ni declarar mercancía alguna, el mismo avión partió hasta Bengasi, en Libia. Esta primera fase consiguió enviar un Zarek V350, además del personal necesario para hacerlo volar. Se pagaron 939.000 euros.

El segundo envío se produjo el Día de la Hispanidad. El 11 de octubre, los drones salieron desde Valencia a Barcelona. Un día después, viajaron a Sevilla y desde ahí a la capital del territorio que domina el LNA. En el contrato, los españoles tenían que enviar tres V350, un V600 y 10 Bluefish. Al final se exportaron cuatro del primer modelo.

Un tercer envío fue interceptada por las autoridades francesas. El 20 de diciembre de 2023, en el aeropuerto de Lyon, fue incautado un dron Zarek V600.