El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tendrá que cesar a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, cuando se abra juicio oral contra ellos por un delito de revelación de secretos. Así lo establece el Reglamento del Ministerio Fiscal, que obliga a suspender de forma cautelar a los fiscales contra los que se dicte la apertura de juicio oral. Sin embargo, en el caso concreto del fiscal general, la normativa no prevé ninguna consecuencia, por lo que podría mantenerse en el cargo incluso sentado en el banquillo de los acusados.

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El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado procesó este lunes tanto a García Ortiz como a Rodríguez por un presunto delito de revelación de secretos por la filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A partir de ahora se abre un plazo de diez días para que tanto la Fiscalía como las acusaciones populares presenten sus escritos: podrán solicitar la apertura de juicio oral, el archivo de la causa o proponer diligencias complementarias. Si se formula acusación, el juez dictará auto de apertura de juicio y, llegado ese momento, Rodríguez deberá ser suspendida.

El artículo 145 del Reglamento faculta al fiscal general para acordar la suspensión de un miembro de la carrera si se dicta auto de apertura de juicio oral. La medida debe estar motivada y basarse en los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad. Sólo se revoca si la causa termina en archivo, sobreseimiento o sentencia absolutoria.

Pero la situación es muy distinta en el caso del propio García Ortiz. El artículo 30 del Estatuto del Ministerio Fiscal regula las causas de cese del fiscal general del Estado y no incluye ni el procesamiento ni la apertura de juicio oral entre ellas. Solo contempla el relevo tras un cambio de Gobierno, la dimisión voluntaria, una incapacidad sobrevenida o un incumplimiento grave y reiterado de sus funciones.

Tampoco el Ejecutivo puede destituirlo sin una base legal clara, pues su independencia está expresamente protegida por ley. No obstante, el Gobierno ya avanzó que mantiene su confianza en él, negando cualquier tipo de interferencia en la filtración de los datos reservados. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró a los medios que la confianza en él es "absoluta".

Fuentes fiscales consultadas por este periódico explican que el legislador no previó la posibilidad de que el máximo responsable del Ministerio Público fuese acusado penalmente. Subrayan la paradoja de que el fiscal general deba cesar a su subordinada por unos hechos que él mismo, en teoría, habría cometido, sin que existan consecuencias inmediatas para su propio cargo.

García Ortiz reitera su inocencia

Desde el inicio de la investigación, García Ortiz ha sostenido que no piensa dimitir. Tras conocerse su procesamiento, fuentes del Ministerio Público aseguraron que no se plantea abandonar el cargo. Señalaron que "reitera su inocencia" y que se reafirma en su "compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa". García Ortiz mantiene así la misma posición que adoptó en octubre, cuando el Supremo lo imputó por las filtraciones relacionadas con la causa de Alberto González Amador.

Este lunes, la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) reclamaron la dimisión de García Ortiz. La portavoz de la AF, Cristina Dexeus, considera "insostenible" que siga en el cargo, lo que a su juicio supone "una causa absoluta de sonrojo y vergüenza" para la institución.

Dexeus advirtió del daño reputacional que supone que, bajo su punto de vista, no haya dimitido tras su imputación y ahora se enfrente a juicio. También ha subrayado la paradoja de que el fiscal general tenga que suspender a su subordinada mientras él puede seguir al frente del Ministerio Público sin consecuencias inmediatas, al no estar prevista esta situación en el Estatuto Fiscal.

Desde la APIF, su portavoz, Miguel Pallarés, instó a García Ortiz a hacer "un ejercicio de responsabilidad" y presentar su dimisión. Recordó que su asociación ya pidió su cese cuando fue imputado, y que sólo se personaron en la causa porque él decidió mantenerse en el cargo. Ahora, con el auto del Supremo, consideran que su permanencia compromete la imagen y la neutralidad del Ministerio Fiscal.