Marruecos, Ecuador o Brasil: La UCO busca el dinero de la red de Santos Cerdán en bancos de 9 países

Marruecos, Ecuador o Brasil son las sedes de algunas de las entidades financieras en las que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está rastreando el dinero de las personas y empresas vinculadas a los presuntos pagos de mordidas al último secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, así como al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su otrora asesor Koldo García que da nombre a la investigación que se sigue en el Tribunal Supremo por amaños de contratos en el seno del Gobierno.

Más de 400 cuentas bancarias, de 35 entidades financieras distintas, en un total de nueve países, según ha podido comprobar El Independiente. Los datos financieros que están escudriñando los agentes del Instituto Armado incluyen cinco cuentas bancarias al otro lado del charco. Dos de ellas pertenecen a Acciona, una de las empresas en el eje de la trama de corrupción: una en el Banco Do Brasil que dejó de estar activa en 2019 y otra en JP Morgan Chase Bank National, cuya sede está Estados Unidos, y que fue creada en 2003 y se mantiene activa.

Pero, además, existen otras tres cuentas en una entidad de Ecuador de nombre Banco Pichincha, que pertenecen a dos de los empresarios a los que la Guardia Civil realizó el pasado martes una entrada y registro en sus viviendas tras encontrar conversaciones los sitúan en el centro de los pagos corruptos a cambio de que sus empresas fueran beneficiarias de obra pública del Ministerio de Transportes. Se trata de Daniel Fernández Menéndez, titular de una de las cuentas en el banco ecuatoriano, y director de la empresa OPR; y de José Ruz, empresario valenciano, que, según la UCO, hablaba con Koldo García a través de un móvil encriptado. A él pertenecen dos de las cuentas en la entidad ecuatoriana, vinculadas también a su empresa Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).

Asimismo, Ruz tiene a su nombre y al de su mercantil una cuenta en Bank Of Africa Europe, cuyo epicentro se ubica en Marruecos. Las conversaciones grabadas por Koldo evidencian que éste incitó a la que fuera directora de Adif Isabel Pardo de Vera a licitar una obra por la vía de urgencia para entregársela a dedo a este empresario amigo.

Koldo: Y una posible obra de emergencia en cualquier sitio de abajo

Pardo de Vera: Le hemos dado una de 700.000 hace nada, eh. Hace nada, es que otra vez va a cantar, déjamelo mirarlo.

Koldo: Míralo a ver

Efectivamente, a penas un mes después de la conversación mantenida por Koldo, Adif, es decir, el órgano que dependía de Pardo de Vera, propuso directamente a Levantina como adjudicataria de una obra por la vía de rápida por valor de 592.053 euros, describe la Guardia Civil en el informe que ha removido los cimientos del Ejecutivo.

La gran mayoría de las cuentas que están bajo la lupa de los investigadores se hospedan en entidades financieras españolas como Abanca (42), CaixaBank (110), Kutxabank (22), Caja Rural (21)... Pero también existen otras repartidas por bancos europeos. Por ejemplo, una en el banco francés BNP Paribas SE; otra en el británico HSBC Continental; otra en el italiano Intesa Sanpaolo SPA; o en los alemanes Commerzbank Aktiengesellschaft y el popular Deutsche Bank.

El dinero en el extranjero, una de las incógnitas

No es baladí que la UCO tenga que rastrear cuentas en bancos extranjeros porque los agentes deben terminar de atar de dónde pudieron salir las comisiones que pagaron a los políticos, así como dónde guardaron el dinero Ábalos, Koldo y Santos Cerdán. De momento, con el primero no han tenido suerte porque la investigación patrimonial realizada a los productos financieros a su nombre no dio información de interés que pudiera certificar las mordidas. Cierto es que él mismo aparece ahora en conversaciones confesando que se "ha fundido mucho" de lo que le dieron. La Guardia Civil cree que al menos fueron 620.000 euros a compartir con su exasesor por parte de Acciona.

Este último informe policial ofrece, además, una nueva vía de investigación a través de los hijos de Ábalos, pues en una de las grabaciones el exministro asegura que su hijo le está dando dinero a través de Colombia.

Por su parte, la UCO no cuantifica cuánto pudo llevarse Santos Cerdán que era el más precavido de todos los interlocutores, llegando a enfadarse con Koldo cuando hablaba verbalizaba el reparto de billetes o separándose de él durante un año y medio cuando supo que la Fiscalía lo investigaba. El hasta ahora 'número tres' del PSOE no entregó su acta de diputado el pasado viernes por lo que ha tenido todo el fin de semana para poder destruir pruebas o mover dinero a su antojo.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente no puede activar una investigación financiera contra él hasta que no renuncie a su escaño o, si no lo hace, hasta que no requiera el suplicatorio al Congreso de los Diputados. Un trámite que puede llevar algunas semanas que son muy valiosas en términos de investigación cuando lo que se persigue es que no se eliminen los indicios incriminatorios.

Ábalos ha denunciado desde el inicio de las pesquisas que se estaba haciendo una investigación "prospectiva" porque él había sido citado por un fraude en la compra de mascarillas en plena pandemia y los investigadores estaban dando pábulo a las acusaciones del empresario Víctor de Aldama que iban mucho más allá. Y así ha sido, tanto el instructor Puente como la Fiscalía Anticorrupción han seguido el rastro de lo indicado por Aldama, denominado "nexo corruptor", y han hallado petróleo.

En su compromiso de colaboración con la Justicia, Aldama reveló un sistema de obras fraudulentas que el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, rechazó a través de una comprobación interna de las obras que estaban en lo que calificó como "papeluco". Las grabaciones de Koldo en la que tanto él como Ábalos y Santos Cerdán hablan de reparto de dinero de constructoras evidencian que tal corrupción existió.

Por eso, la investigación lejos de haber terminado, acaba de empezar y todavía queda por comprobar otras muchas afirmaciones del empresario como el supuesto pago de 25.000 euros a Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ella, por cierto, puso la mano en el fuego por su subordinado.