El Tribunal Supremo vive con cierta incredulidad y preocupación el momento actual en el que abundan las investigaciones con aforados en la Sala de lo Penal. Lejos de menguar, siguen llegando peticiones de imputación más allá de los actuales investigados como el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán (aforado hasta hace unos días) y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La última, la de este mismo martes, del juez Juan Carlos Peinado que ha elevado una exposición razonada para investigar al ministro de Justicia, Presidencia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, por dos presuntos delitos de malversación y falso testimonio. Dejando a un lado el recorrido penal que dicha petición tenga, en el tribunal advierten: "Corremos el riesgo de convertir la Sala Penal en un juzgado de guardia".

Hasta seis fuentes consultadas en el Supremo coinciden en lo anormal de la situación que se está viviendo en la Sala que ahora dirige el magistrado Andrés Martínez Arrieta. "No recuerdo un escenario tan insólito", asegura un togado. "No es normal", dice otro. "En la vida ha ocurrido esto. Es una locura", comenta un tercero.

El diagnóstico que hacen es dispar: exceso de denuncias, judicialización de la política, problema de salud democrática... Pero la mayoría de las voces coinciden en que los aforamientos no ayudan en nada. En España, los aforados son aquellas personas que tienen una suerte de protección especial para ser imputados, es decir, sólo los pueden investigar los tribunales superiores o, en según qué casos, el Supremo. Este privilegio se pensó para resguardar la libertad de los miembros del Gobierno (presidente y ministros), parlamentarios (senadores y diputados), miembros de la Casa Real, jueces, magistrados, fiscales o altos cargos de la administración. Que cualquier ciudadano no pudiera llegar, denunciar y que un único juez iniciara una investigación. Debe hacerlo un órgano colegiado.

Una de las voces consultada es clara: "Debería desaparecer el aforamiento ante nosotros porque se está alterando el contenido de la función del Tribunal Supremo que está ahora atascado con procedimientos en instrucción". Actualmente y según fuentes oficiales existen cinco investigaciones con aforado a la que hay que sumar la petición de investigar a Bolaños. Tres de ellas se han iniciado contra el eurodiputado Alvise Pérez por distintos delitos; una cuarta contra el fiscal general por una supuesta revelación de secretos sobre datos del novio de Isabel Díaz Ayuso; y la quinta relativa al 'caso Koldo' en la que el imputado es Ábalos, pero, por conexión, se analiza también la conducta de su exasesor Koldo García, de Santos Cerdán y del empresario Víctor de Aldama.

Esto requiere que, al menos, haya cinco magistrados instruyendo, una actividad bastante anormal para los togados del alto tribunal que dedican su actividad ordinaria a resolver recursos. Y la Sala de lo Penal tiene únicamente 15 magistrados para contestar a todos los asuntos que llegan de todos los tribunales superiores de justicia de todas las comunidades autónomas. Si el tema se va a inadmitir de plano, normalmente, lo ven los letrados del gabinete técnico, pero si hay que deliberar temas de trascendencia los magistrados intervienen. Además, no sólo se trata de los que están en instrucción, también cada una de los investigados tienen derecho a una Sala de Apelaciones que resuelva sus recursos y, en última instancia, deberá conformarse de entre esos 15 magistrados el tribunal que formará parte de los juicios si los asuntos terminan enjuiciándose.

Todos estos asuntos han provocado que la Sala de lo Penal vea modificada sus rutinas. y la solución, para muchos, pasa por eliminar el aforamiento de buena parte de los políticos. Abogan por que se queden los miembros del Gobierno y de la Casa Real y el resto se repartan entre otros tribunales.

Alguna voz apunta, asimismo, que "últimamente hay un exceso de judicialización con denuncias que tratan de obtener un rendimiento político en los tribunales" y esto también conlleva más trabajo. Admitan o rechacen la exposición razonada contra Bolaños, los magistrados van a tener que contestar en una profusa resolución contando los motivos de su decisión. Y eso deben hacerlo con cualquier causa que sea mediática.

La petición de Peinado

La última petición que tendrá que analizar el Supremo sobre un aforado será la de Peinado, quien mantiene abierta una investigación contra Begoña Gómez desde hace más de un año. El juez considera que Bolaños mintió en su declaración como testigo el pasado 16 de abril por no expresar claramente quién contrató a la asesora de la mujer del presidente del Gobierno que trabaja con ella en La Moncloa y que, además, cometió un delito de malversación de caudales públicos porque no controló su trabajo y ella se dedicó supuestamente a las actividades privadas de Gómez.

Las fuentes jurídicas consultadas explican que en alto tribunal habrá debate, primero, por el delito de falso testimonio que, según alguna sentencia de la Sala de lo Penal, "exige inexcusablemente para su apreciación contar con la verdad judicialmente declarada en la sentencia", es decir, no valdría con que Bolaños mintiera en instrucción sino que este delito se debe acusar después del juicio. Otras fuentes, sin embargo, tienen más dudas de que esto sea así porque, si no, sería un delito prácticamente inimputable.