Uno de los empresarios investigados en el 'caso Koldo', José Ruz, ha confirmado este viernes ante el Tribunal Supremo que utilizaba el término "ganadería" para referirse a los partidos políticos, y en concreto al PSOE, como refleja una conversación que mantuvo con el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García en octubre de 2022 intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Así lo recoge el 'informe Cerdán' del Instituto Armado incorporado a la causa, en la que Ruz figura como investigado por su presunta implicación en la adjudicación de contratos de obra pública por parte del Ministerio a cambio del pago de comisiones ilegales, un extremo que el empresario hoy ha negado.

Así lo confirman a El Independiente fuentes presentes en la declaración. Durante su comparecencia, que se ha prolongado durante aproximadamente una hora y 35 minutos ante el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, Ruz también ha confirmado que pidió a Koldo hablar directamente con el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán —al que se referían como "el navarro", según consta en el informe de la UCO, en una conversación que tuvo lugar en marzo de 2022—, ante la perspectiva de no obtener más contratos de obra pública. Lo pidió, indican estas fuentes, "porque era el último al que le quedaba por ver". Cabe recordar que, en aquel momento, Koldo y el exministro José Luis Ábalos llevaban casi un año fuera del Ministerio.

No obstante, Ruz, responsable de la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), no ha ahondado en el significado de expresiones como "heridos inocentes" o "gente fuera del baile", que también aparecen en los mensajes intervenidos. Al empresario, que ha respondido a las cuestiones del juez, la Fiscalía y su abogado, no le han preguntado si llegó a reunirse con Cerdán. El interrogatorio ha versado sobre los whatsapps que aparecen en el informe de la UCO entre él y Koldo.

La Guardia Civil considera relevante el uso de esta expresión por parte de los implicados, tal y como recoge en su atestado: "Otro aspecto relevante de estos mensajes es el hecho de que dejar fuera a esas empresas no fuese conveniente para la 'ganadería' [...] hecho que resulta de especial interés puesto que el término era utilizado como lenguaje para referirse a los partidos políticos, y en este caso al PSOE".

Teléfonos seguros

Asimismo, Ruz ha admitido estar presente en varias reuniones con Ábalos, tanto en el domicilio del exdirigente socialista como en otros lugares, aunque no ha concretado qué temas abordaron en esos encuentros. También ha afirmado que Koldo le entregó un teléfono seguro para comunicarse, con la palabra "café" como palabra clave para utilizarlo.

Por otro lado, ha negado haber pagado al exasesor ministerial a cambio de contratos públicos. Ha explicado que delegó en el empresario Juan Carlos Etero las labores de seguridad de una de las obras de LIC en Benidorm, y que fue éste quien contrató al exasesor ministerial como vigilante nocturno. La Guardia Civil sospecha que esa contratación fue simulada, con pagos mensuales de 2.600 euros que posteriormente asumió LIC.

Por su parte, los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, responsables de la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR), también han negado este viernes ante el Supremo el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. Daniel Fernández ha admitido, no obstante, que intercedió para que se contratara a Patricia Úriz, exmujer de Koldo, en Áridos Anfersa —una filial de OPR— tras recibir su currículum de manos del propio exasesor ministerial.

La UCO sostiene que Koldo actuó con los hermanos Fernández de la misma forma que con José Ruz, "influyendo" tanto en ADIF como en Carreteras "con la finalidad de lograr la adjudicación irregular de una serie de obras". Incluso después de dejar su puesto como asesor en el Ministerio de Transportes, los investigadores apuntan a que los empresarios continuaron en contacto con él para conocer la nueva estructura del departamento tras las sucesivas reestructuraciones internas.

Para Ruz, la Fiscalía y las acusaciones populares han pedido, como medidas cautelares, la retirada del pasaporte y que comparezca cada dos semanas en los juzgados, petición a la que el juez ha accedido. También ha aceptado que los hermanos Fernández tengan que comparecer cada quince días, aunque ellos mantienen el pasaporte.