El juez Santiago Pedraz, que instruye el caso Hidrocarburos en la Audiencia Nacional, ha pedido a la Fiscalía los movimientos bancarios de la empresaria Carmen Pano. Se trata de la mujer que aseguró en sede judicial que entregó 90.000 euros en metálico en la sede del PSOE en la calle Ferraz, en Madrid. Lo hizo, según su versión, siguiendo las instrucciones del empresario Víctor de Aldama, que es el principal investigado en esta causa junto a su socio Claudio Rivas.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso El Independiente, en la que el magistrado da respuesta a una solicitud de la Fiscalía. En concreto, Pedraz ha pedido que se remitan los movimientos de las cuentas asociadas a seis empresas, entre las que se incluye Have Got Time. Esta compañía fue la que compró el chalet de La Alcaidesa (Cádiz) que, en el verano de 2021, utilizó presuntamente el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Según Anticorrupción, esta empresa y otras sociedades vinculadas a Carmen Pano —como Sociedad de Comercio Justo y Solidario XXI SL, Ornus Import SL y Nerium Logística SL— fueron utilizadas en la operativa financiera de la trama y pudieron servir para ocultar el origen ilícito de los fondos. El Ministerio Público ha solicitado los movimientos bancarios de esas sociedades para seguir el rastro del dinero vinculado a la obtención de la licencia de operador para Villafuel, la empresa del socio de Aldama.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que Aldama y Rivas estaban al frente de la trama, y que sus empresas actuaban con un "claro propósito instrumental" no solo para defraudar a Hacienda, sino también para financiar otras actividades ilícitas. La Agencia Tributaria estima el fraude en más de 222 millones de euros entre 2021 y 2022. Cuando fue detenida en diciembre de 2024, Carmen Pano aseguró a los agentes que fue ella quien puso en contacto a ambos empresarios.

La solicitud de los movimientos bancarios se enmarca en una línea de investigación más amplia sobre la obtención de la licencia como operadora de carburantes para la empresa Villafuel. Precisamente, este lunes declaró ante el juez Pedraz un alto directivo de la compañía, Pedro Marín, quien explicó que fue él quien gestionó el expediente con el Ministerio de Transición Ecológica, entonces dirigido por Teresa Ribera. Durante su comparecencia, relató que recibió una llamada del exasesor de Ábalos Koldo García en la que le pidió que dejaran de insistir en la tramitación. Aseguró, no obstante, que todo el proceso se realizó conforme a la legalidad.

Rastreo de móviles

Para esclarecer estos hechos, el magistrado ha solicitado extraer los mensajes de los teléfonos móviles de Aldama y Koldo con el objetivo de analizar su posible implicación en las gestiones ante la Administración para conseguir la licencia. La Fiscalía sostiene que hay indicios racionales de que se pudieron cometer delitos de cohecho y tráfico de influencias, y ha solicitado esa documentación con el fin de determinar con precisión el grado de participación de cada uno de los intervinientes.

Según el sumario del caso, Marín no era un trabajador más. Tenía funciones comerciales y ejecutivas, además de ser cuatro años el administrador de Villafuel. Además, figuraba en la plantilla de la compañía como director comercial desde noviembre de 2020 y tenía un sueldo de 61.000 euros anuales. También tuvo labores en la filial portuguesa Intesyellow.

Pero sobre todo, fue la persona que se reunió en julio de 2022 con un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica. Era la etapa de Ribera como ministra, y Marín buscaba que Villafuel consiguiese el titulo de operador de hidrocarburos.

La UCO lo considera un "testaferro cualificado" y reseña su experiencia en el sector desde, al menos, 2012. En uno de sus informes dice que “gracias a sus conocimientos del sector, su normativa y requisitos, fue la cara visible en las gestiones a realizar con la administración", especialmente en el asunto del Ministerio citado, así como en "contratación bancaria, representación notarial y demás gestiones propias del cargo de administrador único".