El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado por unanimidad a Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas para las presidencias de la Sala de lo Penal y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, respectivamente. Desbloquea así las designaciones de las Salas más sensibles que llevaban meses en funciones, después de la renuncia de las dos candidatas progresistas.
El Pleno del Poder Judicial acaba de votar estos dos nombramientos, según confirman fuentes jurídicas a El Independiente. La negociación venía ya cerrada después de que un intentona anterior fracasara y las relaciones entre conservadores y progresistas estuvieran cerca de descarrilar.
El camino se allanó la pasada semana cuando la magistrada de la Sala de lo Penal Ana Ferrer, que era la favorita de los progresistas, dio un paso a un lado para permitir que el presidente en funciones, Martínez Arrieta, y más antiguo en el escalafón consolidara su plaza. Según la carta que ella misma remitió a la presidenta del CGPJ y del Supremo, Isabel Perelló, entendía que la silla presidencial de una Sala tan importante no podía quedar vacía más tiempo porque esto abundaba en la desafección de los ciudadanos en la Justicia.
En un acto que muchos vocales calificaron de “generoso”, Ferrer dejó de competir por la presidencia y su homóloga en la Sala Tercera, Pilar Teso, también hizo lo mismo.
(Noticia en ampliación)