La juez Beatriz Biedma, que ha procesado por prevaricación y tráfico de influencias al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en relación en 2017 a su acceso a la Diputación de Badajoz, ha decretado que no procede, "en este momento y con los datos objetivos que actualmente constan en el procedimiento", retirarle el pasaporte ni prohibirle la salida del país.

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Así consta en un escrito fechado este lunes, que al que ha tenido acceso El Independiente. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz rechaza así la medida cautelar solicitada por la acusación popular tras conocerse que Sánchez podría haberse trasladado a Japón. No obstante, le requiere para que, en el plazo de dos días y a través de su abogado, informe de cualquier cambio de residencia respecto a la que consta en la causa --una vivienda en propiedad en Elvas (Portugal)-- así como de las circunstancias del traslado y si afecta a su disposición a comparecer ante el juzgado.

Biedma recuerda que es obligación del acusado mantener informado al juzgado sobre su paradero real y que ese deber no desaparece aunque esté asistido por abogado y procurador. Subraya que el domicilio actual debe constar en la causa para poder valorar si existe o no riesgo de fuga, y advierte de que no puede ser a través de los medios de comunicación como el juzgado conozca un posible cambio de residencia: "No debería ser por medio de la prensa cómo tuviera conocimiento este juzgado de tal circunstancia".

Asimismo, la instructora reprocha a la defensa del hermano de Pedro Sánchez haber respondido con "evasivas" a la acusación popular, en lugar de aclarar si sigue residiendo en Portugal o si ha trasladado su domicilio a Japón, como se ha publicado. Añade que, si fuera cierto el cambio de país, debería haberse notificado al juzgado "de forma inmediata" como muestra de que no pretende obstaculizar el proceso.

Por el momento, la juez considera que no hay elementos suficientes para imponer medidas que limiten su libertad de movimientos. Pero deja abierta la puerta a revisar la situación si se constata un cambio sustancial que pudiera dificultar su localización o comparecencia en el juicio.

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