La juez Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa de la DANA, ha ordenado abrir una pieza separada para estudiar si procede sancionar a José María Bueno, letrado defensor de Emilio Argüeso —exsecretario autonómico de Emergencias de la Generalitat e imputado en el caso—. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja sostiene que el abogado insinuó en un escrito que el procedimiento estaba dirigido en la sombra por su marido, también juez, al que atribuía la participación en interrogatorios y resoluciones.

Así consta en un auto fechado este 1 de septiembre, al que ha tenido acceso El Independiente. "Estas peticiones de prueba formuladas por el letrado pretenden acreditar que el procedimiento es dirigido por mi esposo, al que en el inicio del escrito se le denomina 'individuo', que dirige interrogatorios, dicta resoluciones", escribe la magistrada.

Asimismo, considera que estas maniobras forman parte de una estrategia de descrédito personal. "A través de quejas ante el CGPJ, denuncias y querellas, se repite y publicitan informaciones que no son sino parte de una campaña difamatoria", añade la juez, que denuncia también que se han difundido artículos con un marcado "machismo atroz". Según su escrito, en los comentarios de esas publicaciones se ha generado un discurso de odio, con insultos y amenazas contra ella y su marido.

La togada enmarca estas actuaciones en una ofensiva más amplia contra la instrucción de la DANA, impulsada por la defensa de Argüeso y por colectivos como el sindicato Manos Limpias, del que el propio abogado se presenta como asesor jurídico.

"Afirma públicamente que es el jefe de los servicios jurídicos y abogado de referencia de dicho colectivo. Un hecho notorio del que obviamente hace gala. Dicha violación de todos los principios deontológicos es asumida sin ningún complejo por el letrado", denuncia Ruiz Tobarra, que añade: "Es consciente del potencial denigratorio de dichas informaciones y la responsabilidad que acarrea su presentación dentro y fuera del proceso".

Por otro lado, revela que grabó "subrepticiamente" a su marido y a su hija menor de edad en la sala de vista tras unas declaraciones, cuando siguió utilizando el sistema webex con la cámara del juzgado.

También recuerda que, en escritos anteriores, se habían planteado pruebas "denigratorias" contra otros intervinientes en el proceso, como la solicitud de un examen forense al jefe de la AEMET en la Comunitat Valenciana para valorar si padecía patologías psiquiátricas o neurológicas.

Cita como testigo al presidente de la CHJ

Paralelamente, en otro auto, la juez ha citado el próximo 19 de septiembre en calidad de testigo al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. También cita a un oficial jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y a un técnico forestal del propio Consorcio.

Además, deniega de nuevo la declaración como investigada de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en esta ocasión solicitada por el partido Valores, que la había pedido tras el informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil sobre la catástrofe.

La instructora señala que ese documento "no aporta ningún elemento nuevo que permita determinar la atribución de responsabilidad penal" a Bernabé. En primer lugar, porque el informe de la Benemérita, que criticó duramente en un escrito previo, "había de haberse limitado a una cronología de los fallecimientos en relación con los desbordamientos en ríos, barrancos y presas" y "no podía efectuar ningún tipo de valoración sobre responsabilidad de los intervinientes en los hechos, negligencia o fallo de los sujetos intervinientes".