El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se ha mostrado satisfecho de que el Gobierno no haya vuelto a retocar el Código Penal en 2024, más allá de lo que tiene que ver con la Ley de Amnistía, después de que el año anterior abaratara el delito de malversación o eliminara el de sedición. Además, ha pedido la creación de juzgados especializados para asuntos de corrupción que eviten que los procedimientos se eternicen a la espera del juicio.
Luzón ha querido dejar un mensaje claro en la Memoria fiscal que todos los años redactan los integrantes de la cúpula del Ministerio Público. "Es de agradecer especialmente que el Código Penal mantenga una siempre deseable estabilidad y se haya visto libre de nuevas reformas", ha reflejado en esta nueva edición. Las palabras no son casuales después de que en 2023 entrara en vigor una reforma pactada entre ERC y el Ejecutivo de Pedro Sánchez cuya finalidad era reducir las condenas del procés.
Los cambios más significativos que se produjeron en el texto penal incluyeron la redefinición de la desviación de dinero público con una reducción de penas para aquellos que no guardaran en su bolsillo la cuantía malversada. Una acepción conocida como el "ánimo de lucro".
Esta modificación, a pesar de ser muy polémica puesto que todos los actores de la lucha contra la corrupción advirtieron de que era un paso atrás, no ha tenido grandes consecuencias después de que el Tribunal Supremo abogara por no cambiar su interpretación. Las condenas a Oriol Junqueras y al resto de protagonistas del referéndum de Cataluña no fueron rebajadas y eso desembocó en la Ley de Amnistía.
Junto con la modificación de la malversación el Ejecutivo decidió retirar el delito de sedición e incluir una nuevo de desórdenes públicos agravados que también implica una reducción sustancial de las penas máximas de 15 años a los 5. Y no fueron las únicas reformas. Previamente, el Gobierno había impulsado la controvertida Ley del 'Solo sí es sí', marca estrella del Ministerio de Igualdad de Podemos, que sacudió todos los tribunales españoles con rebajas a violadores y pederastas. El Congreso tuvo que aprobar una contrareforma que, en la práctica, deshizo la modificación de la ley en el Código Penal.
Sánchez ya en 2023 había sido el presidente que más cambios había hecho en el texto punitivo de la democracia.
Creación de juzgados especializados
El fiscal Luzón advierte de la "inasumible" prolongación de algunos procedimientos que se quedan estancados en los tribunales por la imposibilidad de los órganos para poner fecha para el juicio oral. Las investigaciones contra la corrupción no son especialmente sencillas por la multiparcialidad de investigados, perjudicados y acciones populares, los delitos conectados entre sí, los aforamientos o la necesidad de la cooperación internacional.
Todo ello provoca que los delincuentes tengan "tiempo suficiente" para ocultar el dinero e incluso para que sistemáticamente se apliquen atenuantes de dilaciones indebidas o que llegue a prescribir el delito. Pero el fiscal jefe alerta de que lo que resulta más llamativo en los últimos años es que las mayores dilaciones del procedimiento no se encuentren en la fase de instrucción, sino en la llamada fase intermedia, es decir, desde que termina la labor de los investigadores y el tribunal debe poner fecha y hora para las sesiones del juicio.
En una tabla reflejada en el documento de la Fiscalía se visualiza cómo hay procedimientos de corrupción que más de seis años después todavía están pendientes de señalización es el caso, por ejemplo, de las ramificaciones de los 'ERE' todavía sin fecha, del juicio contra los Pujol que arranca este mes de noviembre a pesar de que el juez concluyó el caso en julio de 2020 o del 'caso Kitchen' cuyo juicio comenzará en 2026, tres años después de la finalización.
"La investigación de la corrupción cuenta con cuerpos especializados tanto en la Policía (UDEF) y la Guardia Civil (UCO)" como en las unidades de apoyo de la Agencia Tributaria , sin embargo, dice Luzon, "esa especialización se quiebra" a la hora de juzgar. Igual que en 2003 se crearon los juzgados de lo Mercantil y en 2004 los de Violencia Sobre la Mujer, él vuelve a reiterar la necesidad de hacer lo propio con la corrupción, pues son investigaciones de una extraordinaria complejidad y trascendencia política, económica y social.