Los "múltiples fallos" detectados en los dispositivos de seguimiento para condenados por violencia de género han generado el último enfrentamiento entre el Gobierno y el Poder Judicial. La controversia se desató tras la publicación de la Memoria Fiscal de este año, que evidenció problemas a la hora de demostrar en los juicios que los agresores habían incumplido sus órdenes de alejamiento.
El núcleo del problema se encuentra en los cambios realizados en el "sistema Cometa", que gestiona estos dispositivos telemáticos. Hace 20 meses, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, un órgano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya había advertido al Ministerio de Igualdad sobre los posibles problemas que podría acarrear el cambio en la empresa proveedora del servicio. El Ejecutivo, por su parte, ha calificado esas declaraciones de alarmistas.
Una de las consecuencias directas de este cambio de proveedor ha sido la pérdida de los datos históricos anteriores a marzo de 2024. Sin este historial, no es posible probar judicialmente si un maltratador ha incumplido su condena. Esto ha tenido un impacto en algunos procesos penales por quebrantamiento, que han llevado al sobreseimiento temporal de ciertos casos al no disponer de la prueba de la ubicación de los agresores.
Adicionalmente, se han reportado otras incidencias técnicas. El sistema, que consta de una pulsera para el agresor y un receptor para la víctima, presentaba fallos de funcionamiento. Según ha sabido este periódico, los dispositivos "pitaban a deshora o a volúmenes excesivos, generando tensión, alarma y ansiedad" en las mujeres que los portaban.
La respuesta de las instituciones
Tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como el Gobierno han intentado rebajar la "alarma" generada. El ministerio fiscal ha matizado que, a pesar de las incidencias, los dispositivos funcionaron "en todo momento" para proteger a las víctimas, y que los "problemas puntuales" se debieron a la descarga de datos previos a marzo de 2024, no a la funcionalidad en tiempo real. La Fiscalía también ha señalado que "la mayoría de casos en los que no se pudieron aportar datos se resolvieron posteriormente, pues los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos".
En respuesta a la situación, el Ministerio de Igualdad puso en marcha en septiembre de 2024 un "exhaustivo plan de seguimiento" del servicio para "responder de forma inmediata" a posibles incidencias y mejorar la protección de las víctimas.
El sistema en cifras
A fecha de julio de este año, España cuenta con 4.515 pulseras telemáticas activas, lo que supone un 6,3% menos que el año anterior. Desde la implantación del sistema en 2009 hasta el 31 de julio de 2025, se han instalado un total de 21.036 dispositivos
El Ejecutivo ha anunciado que volverá a licitar el contrato en 2026, con el objetivo de reforzar la fiabilidad del sistema e introducir mejoras técnicas que garanticen que no se repitan episodios como la pérdida de datos. Mientras tanto, el dispositivo sigue activo en más de 4.500 casos en todo el país.