Los correos que ha aportado el exvicerector de la Universidad Complutense de Madrid Juan Carlos Doadrio han sido clave para apuntalar el delito de malversación que el juez Juan Carlos Peinado atribuye a la esposa del presidente del Gobierno por utilizar para sus actividades privadas a una asesora pagada con sueldo público. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 ha enviado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los emails que Doadrio aportó la pasada semana y ha decidido, a la vez, iniciar los trámites para convertir esta parte de la investigación en un procedimiento que se enjuiciará por jurado, es decir, por ciudadanos legos en derecho si llega a juicio.

Fuentes de la causa explican a El Independiente que este potente indicio se compone de más de 200 conversaciones relativas a la cátedra de Transformación Social y Competitiva que Gómez dirigía en la Complutense y en las que aparece, bien de forma activa o bien en copia, la asesora de La Moncloa, Cristina Álvarez (también imputada por malversación). Esto se une a los indicios que para el magistrado componía ya la acusación como el famoso email en el que Álvarez pedía a la empresa Reale Seguros que no retirara el patrocinio a la formación académica de la mujer de Pedro Sánchez.

El juicio por jurado tendrá que dirimir si, como defienden Begoña Gómez y su asesora, se trató de algún "favor" puntual que esta realizó o si la trabajadora del Gobierno ayudó a la esposa del presidente a lucrarse con sus actividades privadas. En esta acusación incluye también al delegado del Ejecutivo en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien entre 2021 y 2023 fue secretario general de Presidencia, departamento desde el que se produjo la contratación.

Lo cierto es que la contratación fue muy anterior, en 2018, y Peinado ha estado buscando al responsable de la misma durante meses. Trató, por ello, de implicar al actual ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, y envió la petición al Tribunal Supremo. Pero este le dio portazo y le devolvió la pelota.

Fue entonces cuando Peinado decidió imputar a Begoña Gómez y a Álvarez --a las que previamente había imputado por tráfico de influencias por estos hechos-- la malversación y dejársela a Francisco Martín porque, según fuentes jurídicas, es la persona que debía controlar que la asesora no estuviera extralimitándose de su trabajo.

Con el paso que el juez dio ayer se abren varios escenarios. La primera cita es el sábado a partir de las 18:00 horas cuando los tres están citados para ser comunicados del procedimiento con jurado. Aquí las partes pueden pedir que se acuerden nuevas pruebas o pueden solicitar el archivo de este trozo de la investigación. El instructor entonces puede acordar algunas diligencias adicionales o, como todo parece indicar, preparar el terreno previo al juicio de este asunto.

Mientras tanto, hay todavía balas de Begoña Gómez en la recámara. Por un lado, el recurso que tanto ella como Álvarez interpusieron a la Audiencia Provincial de Madrid tras su imputación por malversación. Este órgano ya se manifestó el pasado 12 de junio a favor de que se indagara en la posibilidad de una práctica delictiva en el uso de la asesora -- "la investigación tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada"--, pero entonces se referían a un posible tráfico de influencias y no al delito de desviación de fondos concretamente imputado en ellas.

Por otro lado, el tribunal superior a Peinado tiene en la mesa cerca de una decena de decisiones impugnadas como la propia imputación de Francisco Martín o el acceso a los correos de La Moncloa. Pero, además, el escrito de ayer para proceder mediante tribunal jurado es igualmente recurrible.

Teniendo en cuenta todos estos pasos no es probable que antes de que termine este año Begoña Gómez pueda sentarse en el banquillo de los acusados, pero sí es cada vez más posible que su imputación termine en juicio. Además, ella está investigada por otros cuatro delitos (corrupción en los negocios privados, usurpación de funciones públicas, tráfico de influencias y apropiación indebida) relacionados con su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés o con la creación de un software para el máster que impartía. Esta instrucción, en principio, sigue adelante.

Por qué con jurado

El porqué Peinado escoge la pieza separada para convertirla en procedimiento de jurado y no el resto de la causa es algo en lo que las fuentes no terminan de ponerse de acuerdo. Algunos explican que es por agilidad para que un asunto termine antes y no tenga que esperar al resto, pero otras voces indican que el juez ha dado bandazos dejando aspectos de la causa totalmente paralizados y no puede escudarse en la celeridad.

Un tercer grupo de consultados no entiende cómo puede llevar a juicio el delito de malversación, pero no el de tráfico de influencias si están conectados porque son los mismos hechos. Posiblemente este será uno de los asuntos que puedan subsanarse antes de que el procedimiento avance.

En cualquier lugar, fuentes de la judicatura explican que todo el resto de la causa podría terminar igualmente en un juicio de ciudadanos, puesto que el delito de tráfico de influencias también puede arrastrar al resto (que no se enjuician por jurado) por conexidad. Sólo quería al margen de este sistema si se incluyera una prevaricación, como en el asunto del hermano de Pedro Sánchez, que en este caso no ha aparecido durante la instrucción.

En cualquier caso, sólo el juez sabe cuáles son sus planes para ir finalizando esta instrucción y el sábado cuando, por cierto, es su cumpleaños (cumple 71 y ya solo le quedará un año de trabajo antes de la jubilación) podrá dar a las partes algunas pistas.