Este sábado, el juez Juan Carlos Peinado comunica en su despacho de Plaza de Castilla a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, la decisión llevar ante un tribunal con jurado el caso por un delito de malversación. También están citados los otros dos imputados, la asistente de Moncloa Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
La imputación de Begoña Gómez en abril de 2024 desató una grave crisis política. Pedro Sánchez abandonó sus funciones como presidente durante cinco días en los que "reflexionó" sobre si le merecía la pena o no continuar en el cargo. Finalmente, decidió continuar y, en una comparecencia en Moncloa, señaló a la "máquina del fango" como responsable de una operación para destruirle.
Fue justo después de esa declaración pública cuando Sánchez puso en marcha la operación para destruir esa "máquina del fango". Y, para ello, echó mano de las cloacas del PSOE.
En una conversación mantenida con el fiscal Ignacio Stampa, en el despacho del empresario Luis del Rivero, en mayo de este año, Leire Díez (conocida como la fontanera de Ferraz) y el emprendedor Javier Pérez Dolset, estos le confesaron que fue el 24 de abril de 2024 cuando se les encomendó la tarea de "limpiar" las esferas judiciales y policiales que formarían parte de esa "máquina del fango". Esa información fue publicada en exclusiva por El Independiente.
¿Quién les encargó esa tarea? La respuesta fue: Ferraz (sede del PSOE); eso sí, con conocimiento del presidente del Gobierno. En su comparecencia en el Congreso, la propia Leire Díez reconoció que en esas fechas se reunió en la planta quinta de Ferraz con el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, y su adjunto, Juanfran Serrano (ahora al frente de la secretaría de política municipal del partido y acompañante de Rodríguez Zapatero en sus reuniones en el extranjero con Carles Puigdemont).
En el verano de 2024, Leire Díez se reunió también con el ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez. Si a Stampa se le ofreció -a cambio de trapos sucios contra Alejandro Luzón- volver a la Fiscalía Anticorrupción, con Martínez se comprometió a asegurarle un pacto con esa misma Fiscalía para llegar a un acuerdo beneficioso para él en el caso Kitchen, en el que está imputado de varios delitos.
A Martínez, al margen de pedirle información sobre la llamada Operación Cataluña, Díez le preguntó por el juez Peinado. La fontanera le dijo que tenía información de una supuesta reunión entre este juez y el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena. También le solicitó datos sobre el presidente de la Sala que juzgó el procés.
Como Stampa, también Martínez le preguntó a Leire Díez en nombre de quién hablaba, y ella le aseguró que "en nombre de Ferraz". Y añadió que su ventaja para hacer ese trabajo era no ser una persona conocida y carecer de cargo orgánico en el PSOE. Así que si sus pesquisas salían a la luz, ella se podía quitar de en medio sin involucrar a la dirección del partido. Efectivamente, después se justificó diciendo que la información que solicitaba era para hacer un trabajo de investigación periodística.
En febrero de 2025, el periodista Pere Rusiñol le ofreció al fiscal de Anticorrupción José Grinda facilitarle el traslado al extranjero que había solicitado si archivaba el caso contra la familia Pujol y le daba material contra su jefe Luzón.
En el mes de mayo fue cuando se filtró la conversación mantenida en el despacho del abogado Jacobo Teijelo con el empresario de hidrocarburos Alejandro Hamlyn, en la que Leire Díez le pedía material contra el teniente coronel de la Guardia Civil (UCO) Antonio Balas y contra el citado fiscal Grinda.
Leire Díez rastreó posibles trapos sucios del juez que instruye el caso contra Begoña Gómez
La actividad de Leire Díez y Pérez Dolset fue frenética durante los meses anteriores al verano. Entre los contactados para contrarrestar los casos de corrupción que afectan a la familia de Pedro Sánchez está el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye. Y otros más que aún no han aparecido. El círculo de la cloaca quedó cerrado cuando se supo que el abogado en la sombra de Santos Cerdán era Jacobo Teijelo.
El juez Peinado es un objetivo central de esa operación de "limpieza" lanzada por Sánchez en abril de 2024. De él se han publicado varios bulos (como que operaba con dos DNI diferentes) y su vida ha sido investigada a fondo para ver cuáles podrían ser sus debilidades.
Cierto es que Peinado ha llevado a cabo una instrucción un tanto peculiar. Aún tiene ocho recursos pendientes ante la Audiencia Provincial de Madrid, entre ellos el propio delito de malversación que ahora comunica a Begoña Gómez. Entre los reveses que ha sufrido destaca el rechazo por parte del Tribunal Supremo de su petición de imputar al ministro de Justicia. Félix Bolaños ha reconocido este viernes que envió dos cartas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quejándose de la instrucción de Peinado.
Ministros y altos cargos del Gobierno y del PSOE han hecho declaraciones públicas contra el juez. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, calificó el pasado miércoles de "surrealista" la instrucción del caso, mientras que el ministro de Transformación Digital, Óscar López, dijo que era "ridícula y estrambótica". Peinado figura en primer lugar en la lista de jueces que, a juicio de Pedro Sánchez, "hacen política".
Nunca antes se había producido una ofensiva tan feroz desde el Gobierno y desde sus terminales mediáticas contra la actuación de un juez.
Con sus errores, Peinado ha seguido adelante con el caso. La acción combinada del Gobierno, sus aliados y las cloacas del PSOE no ha conseguido el objetivo de apartar al juez. Y, para desgracia de los que quieren reducir la instrucción a una persecución sin sentido de la esposa del presidente, ha sido la Audiencia Provincial la que ha avalado la sustancia de la investigación.