La exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas de la Generalitat Valenciana ha pedido a la juez que investiga la gestión de la DANA el sobreseimiento libre y archivo definitivo de las diligencias abiertas contra ella, "al quedar acreditado que no existe indicio alguno de delito" que justifique la continuación del procedimiento.

Así consta en un escrito presentado por su defensa, al que ha tenido acceso El Independiente. Pradas considera que, tras la investigación, ha quedado "demostrado" que actuó "con la diligencia exigible y sin disponer de la información crítica" que hubiera permitido anticipar el desbordamiento del Barranco del Poyo.

En su argumentación, la defensa recuerda que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, reconoció ante la juez que "nadie podía prever lo que iba a suceder" pese a la alerta meteorológica, y que en el CECOPI no se manejó información alguna sobre el Barranco del Poyo, origen de la mayoría de víctimas.

El escrito también apunta a la propia CHJ, a la que atribuye la falta de transmisión correcta y a tiempo de los datos de caudal, incumpliendo sus propios protocolos de comunicación. Esta deficiencia, sostiene la defensa, impidió valorar con antelación el riesgo real de desbordamiento.

Asimismo, se subraya que la exconsejera centró su actuación en la información oficial recibida sobre la presa de Forata y en la implementación, por primera vez en la Comunidad Valenciana, del sistema de alerta ES-Alert. En ningún momento se le comunicaron datos concretos relativos al Barranco del Poyo.

La defensa sostiene que, dado el carácter imprevisible del fenómeno natural y la cadena de información incompleta, no se le puede imputar responsabilidad penal a Pradas. "Nuestra representada actuó conforme a la ley y a la información oficial disponible; prolongar innecesariamente este procedimiento sería jurídicamente improcedente y carece de base penal", ha señalado su equipo legal.