El juez que instruye el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado el recurso presentado por la defensa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y confirma su permanencia en prisión provisional, comunicada y sin fianza. El magistrado desestima íntegramente los argumentos de la representación del exdiputado socialista, subraya su papel como "negociador" dentro de la presunta trama, y concluye que la medida cautelar sigue estando justificada.
Así consta en un auto fechado este viernes, al que ha tenido acceso El Independiente. Puente sostiene que existe un riesgo de que Cerdán, al ser quien "negociaba con los pagadores y recibía después los cobros, distribuyéndolos luego entre sus colaboradores", pueda "dificultar seriamente el devenir de la investigación" mediante la ocultación o destrucción de pruebas.
Puente sbraya que los elementos relevantes para acreditar los hechos "todavía no lo están" en la causa, aunque se trabaja "intensamente en su eventual hallazgo", por lo que levantar la prisión preventiva no es conveniente en este punto de la investigación.
El magistrado también rechaza la tesis de la defensa de que la prisión provisional se sostiene en una "búsqueda de pruebas" y no en indicios ya consolidados. A su juicio, este planteamiento no es correcto, porque el riesgo que se pretende conjurar es precisamente que Cerdán pueda manipular el material pendiente de localizar. "Si esos elementos estuvieran ya en la investigación, entonces sí, la medida cautelar carecería de soporte legítimo. Pero todavía no lo están", razona.
Puente responde igualmente a la alegación de que la investigación habría vulnerado la inmunidad parlamentaria de Cerdán. El instructor subraya que no se ha practicado ninguna diligencia contra persona aforada que exigiera autorización previa del Congreso, y recalca que la renuncia del ex secretario de Organización del PSOE a su escaño fue una decisión "libérrima" y "ajena" al tribunal.
El juez también niega relevancia a la insistencia de la defensa sobre las adjudicaciones de obra pública que involucran a Acciona y a la empresa Servinabar 2000. Recuerda que ya se han recabado todos los expedientes de contratación y que la Intervención General de la Administración del Estado está elaborando un informe para aclarar los procedimientos y posibles irregularidades.
Respecto a las grabaciones telefónicas que sirvieron de base para su imputación, el magistrado rechaza que puedan ponerse en cuestión con simples interpretaciones parciales del informe pericial. Admite que la defensa pueda discrepar e incluso promover nuevas pruebas, pero advierte de que esas dudas no pueden prevalecer en un recurso de reforma frente a las conclusiones técnicas ya incorporadas al sumario.
Además, recuerda que los archivos no se hallaron en los teléfonos seguros atribuidos al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, sino en terminales ordinarios y en una grabadora, lo que desactiva el vínculo que la defensa pretendía trazar con un supuesto operativo de espionaje.