El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se celebrará entre el 3 y el 13 de noviembre y declararán el exsecretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato, el jefe de gabinete de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodriguez y otros dos cargos socialistas. El Tribunal Supremo ha acordado ya la lista de testigos con un total de 40 que tendrán que declarar por el delito de revelación de secretos que supuestamente cometió García Ortiz al filtrar datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Entre los testigos hay 12 periodistas y 8 fiscales.La Sala de lo Penal acepta que el fiscal general sea el último en testificar.

Era un secreto a voces y ya es oficial, el Supremo volverá a abrir su sala de paredes rojas al público para que se celebre uno de los juicios más importantes de los últimos tiempos a principios de noviembre. En total serán dos semanas de testificales para esclarecer si fue García Ortiz el que facilitó a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, había enviado al fiscal del caso que se seguía contra él por un fraude a la Hacienda Pública.

El juicio se celebrará sesiones los días 3,4,5,11,12 y 13 de noviembre en jornadas de mañan y tarde que comenzarán a las 10:00 horas. La acusación particular, es decir, González Amador, tendrá que declarar como testigo igual que ocho fiscales: la fiscal jefa de Madrid, Almudena Lastra, la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez (que estuvo imputada en este asunto hasta hace unas semanas), el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz, la fiscal de la Unidad de Apoyo, Esmeralda Rasillo, el fiscal de Protección de Datos, Agustín Hidalgo Morillo, el primer fiscal del caso del novio de Ayuso, Julián Salto, y el actual fiscal del caso Diego Lucas Álvarez.

Entre los políticos están Miguel Ángel Rodríguez, que fue la persona que la noche del 13 de marzo de 2024 difundió una información que no era veraz sobre que la Fiscalía había paralizado un pacto con González Amador por "órdenes de arriba" o Juan Lobato que llevó a protocolizar unos mensajes que la mañana siguiente le enviaron desde el PSOE para que enseñara en la Asamblea de Madrid. En relación a esos mensajes también declararán el exsecretario de Comunicación del Gobierno Francesc Vallés y la que era asesora de Presidencia Pilar Sánchez Acera.

Pasarán numerosos responsables de la información. Por un lado, los jefes de prensa de la Fiscalía General y de la Fiscalía de Madrid, Mar Hedo e Íñigo del Corral, respectivamente, así como hasta 12 periodistas de medios como la Cadena SER, El Mundo, La Sexta, Vozpópuli, Eldiario y El País.

La lista la completan dos abogados: Carlos Neira, que fue el que mandó el famoso mensaje del 2 de marzo en representación de González Amador con una confesión que decía "ciertamente" se han cometido delitos de la Hacienda Pública y que luego terminó filtrándose; y Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía que ejerce de acusación popular porque asegura que la publicidad de las comunicaciones entre fiscal-abogado pone en peligro el derecho a la defensa.

Asimismo, 11 funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que participaron en la investigación, entradas y registros, etc. también comparecerán. El tribunal ha rechazado las testificales del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López (que es el jefe inmediato de Sánchez Acera), así como el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; David del Campo, exjefe de gabinete del exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato; y de una periodista.

El tribunal admite una documental y una pericial que había solicitado por un lado la acusación particular y por otro la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Asimismo, admite como prueba anticipada, solicitada por varias acusaciones, que se requiera a la Fiscalía provincial de Madrid y a la Fiscalía general del Estado para que aporten, siempre que existan, los expedientes gubernativos de las daciones de cuenta referidas al procedimiento de Alberto González Amador y las sociedades Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medio Ambiente y cualquier otro relacionado con los mismos.

La Sala acuerda que se requiera a la Cadena SER la grabación del programa Hora 25 que se emitió la noche en la que se está investigando dicha filtración. El tribunal, como ya ha contado este medio, estará formado por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Ana María Ferrer, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela.