La llamada 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez, se ha escudado en el "secreto profesional periodístico" para negar información a la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo' y ante la que comparecerá el presidente del Gobierno mañana jueves. La comisión de la Cámara Alta le había pedido copia del pendrive entregado por ella misma al servicio jurídico del PSOE el pasado 3 de junio. En el escrito remitido a la comisión, con fecha del pasado 30 de septiembre, formula alegaciones y solicita "amparo de mi secreto profesional periodístico".

"He mostrado, como no puede ser de otra forma, respeto institucional y deber de comparecencia respecto a las funciones de control e investigación de esta Cámara", señala en su escrito de alegaciones en alusión a su comparecencia del pasado 8 de septiembre. Ahora bien, "igualmente, hago valer mi derecho al secreto profesional en el ejercicio de la libertad de información", reconocido, recuerda, en el artículo 20.1.d de la Constitución.

"No procede la entrega de materiales periodísticos ni la revelación directa o indirecta de fuentes"

En el escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso El Independiente, defiende que ese precepto constitucional sustenta que "no procede la entrega de materiales periodísticos ni la revelación directa o indirecta de fuentes, salvo supuestos estrictamente excepcionales, previstos por la ley con las debidas garantías".

Aduce que las mesas de las Cámaras están obligadas a salvaguardar "el secreto profesional, la cláusula de conciencia y los demás derechos constitucionales" en las comisiones de investigación. "Por tanto, cualquier requerimiento de documentos que pueda identificar fuentes, revelar comunicaciones o exponer metodología periodística debe reputarse no entregable". Incluso apela a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Goodwin contra el Reino Unido, de 1996, "que exige cualquier limitación estrictamente necesaria, proporcionada y excepcional". Ahí es nada.

De este modo, Díez se sigue aferrando al relato de que toda su, como poco, sospechosa actividad respondía a una labor periodística, a pesar de admitir en la comisión del Senado que nunca ha publicado trabajo alguno en este sentido a una pregunta directa del senador popular Alejo Miranda. Tampoco aclara porqué entregó a los servicios jurídicos de un partido político, el PSOE, -del que era militante y que llegó a nombrarla alto cargo de Correos- el pendrive de su supuesta investigación informativa "que implica revelar fuentes, contenidos no publicaos, materiales de trabajo, metadatos, comunicaciones privadas, agendas, dispositivos o soportes periodísticos", según relata ella misma en este escrito.

El pendrive ya está en manos de la justicia

Y tras recordar que, en todo caso, dicho pendrive está en manos de la justicia, enarbola incluso la ley aún no vigente de protección del secreto profesional para señalar que ese tipo de información solo puede recabarse con autorización judicial motivada y "en supuestos límite", esto es, "vida, seguridad nacional, pilares constitucionales". Las sospechas en torno a Díez apuntan a una labor sistemática, ordenada presuntamente por Ferraz, para desacreditar a la UCO y a los jueces en las causas que se siguen contra el entorno de Pedro Sánchez, apelando siempre a altas instancias del Estado. Puso el foco en la situación procesal de Begoña Gómez, incluido el argumento de que el jefe del Ejecutivo ordenó "limpiar sin límite" tras la imputación de ésta, según reveló el fiscal Ignacio Stampa.