El giro del Gobierno español respecto al Sáhara Occidental continúa generando tensiones dentro de la mayoría parlamentaria que sostiene al PSOE. Mientras el Ejecutivo mantiene su apoyo a la propuesta marroquí de autonomía como “la base más seria y creíble” para la resolución del conflicto, sus principales socios en el Congreso –Sumar, BNG y PNV– han vuelto a desmarcarse de esa posición y han reivindicado el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, con la resaca de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que prioriza el plan de autonomía marroquí.

Sumar registrará una proposición no de ley en el Congreso en la que exige al Gobierno reafirmar el compromiso histórico de España con la independencia del Sáhara Occidental. Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, presentó la iniciativa acompañado del delegado del Frente Polisario en España, Abdullah Arabi. Santiago subrayó la necesidad de “volver a la senda del derecho internacional” y apoyar la celebración del referéndum auspiciado por la ONU. La propuesta llama además a condenar las violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados y rechaza el actual acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos.

La posición crítica no se limita a Sumar. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha aprovechado el 50º aniversario de la Marcha Verde para reclamar que España “recupere su posición tradicional” en defensa del referéndum de autodeterminación. Su diputado en el Congreso, Néstor Rego, denunció que el pueblo saharaui lleva más de tres décadas esperando a que la ONU aplique el plan de paz y acusó al Gobierno de “seguir abandonando” una responsabilidad histórica. El BNG registrará iniciativas para forzar el debate y la votación en el Congreso sobre la necesidad de exigir a Marruecos la descolonización del territorio.

También el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha mostrado su rechazo a la última resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que prorrogó la misión de la MINURSO tomando como base la propuesta marroquí de autonomía. La dirección del partido, el EBB, lamentó que la comunidad internacional vuelva a anteponer intereses geoestratégicos a la resolución justa del conflicto y denunció la “violación sistemática” de los derechos humanos del pueblo saharaui. Los jeltzales recordaron que “el derecho a decidir su futuro pertenece también al pueblo saharaui” y criticaron la falta de esfuerzos diplomáticos, tanto por parte de España como de la ONU, para permitir que ese derecho pueda ejercerse.

Así, en el 50º aniversario de la Marcha Verde y con el conflicto del Sáhara aún sin resolución, el PSOE vuelve a quedar aislado entre sus aliados parlamentarios. Mientras La Moncloa se aferra al respaldo a Rabat para mantener la estabilidad en la relación bilateral –especialmente en materia migratoria y de cooperación fronteriza–, sus socios insisten en que el camino hacia una solución solo puede pasar por el reconocimiento efectivo del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.