El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se congratuló el 31 de julio de 2020 de la aprobación del proyecto para construir el enlace de Lodosa (Navarra) en la carretera AP-68 por parte del Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos. El antiguo diputado, investigado por el Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo', permanece en prisión provisional desde que la Guardia Civil lo situara en el centro de una presunta trama instalada en Transportes para obtener mordidas a cambio de adjudicaciones, precisamente, de obra pública.

Así consta en una publicación en la web del PSOE de Navarra recuperada por este periódico. En aquel momento, Cerdán era el Secretario de Coordinación Territorial de los socialistas de la formación. "Gracias al trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez y del Ejecutivo de María Chivite se da respuesta a una demanda que los socialistas reclaman desde hace más de 15 años", afirmó entonces el dirigente navarro.

Tal y como ha contado El Confidencial, uno de los proyectos que tiene bajo la lupa la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado es la construcción de un tramo de una carretera paralela —la A-68— en La Rioja, adjudicado por 123,4 millones de euros a una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Aquaterra Servicios y Acciona.

Según los investigadores, 2019 y 2020 fueron los años de mayor actividad de la presunta trama, un periodo en el que se articuló un doble mecanismo para influir en adjudicaciones públicas. Mientras una parte se dedicó se dedicó al cobro y reparto de las comisiones, una segunda estructura, que la UCO considera vinculada al entorno de Ábalos, se ocupó de adulterar los concursos.

Los abogados de Cerdán han solicitado insistentemente su excarcelación, una petición que el juez instructor del Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado por el momento al considerar que existe un riesgo claro de destrucción de pruebas. No obstante, tras el registro que efectuó la UCO el pasado viernes en varias empresas asociadas al pago de comisiones, la situación judicial del exdirigente socialista podría variar y dar lugar a su puesta en libertad después de varios meses en el centro penitenciario de Soto del Real.

La obra del enlace de Lodosa en la AP-68 se adjudicó finalmente en julio de 2022 por un total de 4.548.169,22 euros a través de la Dirección General de Carreteras, cuando Cerdán era ya secretario general del PSOE. Ábalos había dejado el Ministerio un año antes y éste estaba encabezado por Raquel Sánchez. La empresa ganadora del concurso, por ser la más ventajosa, fue una UTE compuesta por Construcción Abaldo y Aceinsa Movilidad.

Esta UTE obtuvo una de las mejores valoraciones técnicas de todo el concurso, con 77,75 puntos, la misma puntuación que la oferta presentada por Becsa, y solo por detrás de la propuesta que lideró Torrescamara, que alcanzó los 81,25 puntos en la fase técnica. Entre las empresas que compitieron por la obra figuraba también Acciona, que obtuvo 67,45 puntos en la valoración técnica, una puntuación sensiblemente inferior a la de la UTE ganadora.

La primera de estas compañías, Construcción Abaldo, está dirigida por antiguos dirigentes socialistas vinculados al ámbito de Transportes. Sus administradores eran José Javier Dombriz Lozano —que cesó en 2013 y fue director general de Carreteras con el Gobierno de Felipe González entre 1991 y 1996— y Teodoro Jesús Abad Ortiz, quien ocupó el puesto de jefe de Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, también durante Ejecutivos socialistas.

Esta empresa fue investigada en el pasado por adjudicaciones supuestamente infladas relacionadas con obras hidráulicas en Valencia entre 2007 y 2014. Aceinsa Movilidad también ha estado en el rádar de la justicia por contrataciones irregulares en la Comunidad de Madrid.

Santos Cerdán, Acciona y Servinabar

Las principales obras bajo investigación de la UCO fueron adjudicadas a Acciona, en ocasiones en UTE con otras compañías. Entre los contratos analizados destaca la obra del Puente del Centenario en Sevilla, uno de los "proyectos políticos" atribuidos a Santos Cerdán dentro de la estructura del Ministerio.

Los investigadores sostienen que el expolítico pudo servirse de la sociedad Servinabar 2000 para canalizar el presunto cobro de comisiones ilegales. La empresa fue constituida en 2015 por el empresario vasco Joseba Antxon, y en junio de 2016 Cerdán pasó a controlar el 45% de sus participaciones, según la documentación intervenida por la Guardia Civil.

Otra de las adjudicaciones bajo sospecha es la del túnel navarro de Belate, otorgada a una UTE formada por Acciona y la propia Servinabar 2000. Durante el registro del domicilio de Alonso, la Benemérita localizó el contrato por el que el exdiputado navarro adquirió casi la mitad del capital de la sociedad, un vínculo que los agentes consideran relevante para entender el funcionamiento de la red.

La investigación sitúa precisamente en Navarra el origen de la trama. En este entramado aparece también Noran Coop, una empresa constituida en sus inicios por el exasesor ministerial Koldo García, el que fuera escolta de Cerdán y otro de los principales investigados del caso. Los agentes han detectado pagos procedentes de empresas del entorno de Antxon Alonso hacia Noran Coop, que en total habrían superado los 500.000 euros, una cifra que consideran clave para rastrear el presunto desvío de fondos.