El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado requerir al PSOE que facilite la relación de pagos en metálico y documentos en los que se soportan los mismos entre los años 2017 y 2024. El magistrado responde así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción que considera que no ha quedado explicado, quién era la persona encargada, y cuál era el procedimiento por el que se comprobaba los gastos adelantados por los cargos de la formación para luego compensarlos mediante su abono en efectivo.

En consecuencia, el PSOE deberá presentar en un plazo de tres días la relación que existe entre los pagos en metálico efectuados a sus cargos y los documentos que acrediten que los mismos habían sido adelantados. Este nuevo requerimiento corresponde a las primeras diligencias acordadas por Moreno en torno a la pieza separada abierta en el conocido 'caso Koldo' por el flujo de dinero en efectivo detectado por los investigadores en Ferraz.

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, también ha solicitado al instructor que se autorice a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) el acceso al contenido de las evidencias digitales intervenidas a los investigados, a fin de esclarecer si hubo entregas de dinero en efectivo en Ferraz. Al respecto, el fiscal Luis Pastor recuerda las declaraciones de Víctor de Aldama y la empresaria Carmen Pano que aseguró haber entregado 90.000 euros en la sede de los socialistas.

En un escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, insiste en varias de las evidencias recogidas por la UCO, las cuales pondrían de manifiesto una serie de conductas que "pudieran ser calificadas de un ilícito penal, desde el blanqueo de capitales, pasando por el posible desfalco cometido contra el Partido" u otro tipo de irregularidades. En consecuencia, pide al juez encargar a la unidad policial investigar cualquier mensaje o documento que pueda tener relación con los hechos. La petición del representante del Ministerio Público hace también referencia a las evidencias obrantes en la causa dirigida por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Sobre la versión defendida ante el alto tribunal por el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y la trabajadora de Ferraz, Celia Rodríguez, por la que defendieron que el descuadre detectado por la UCO correspondía a la liquidación
de gastos en los que hubiera podido incurrir "el equipo de organización", pero que eran recaudados por Koldo García, el fiscal subraya que no existe constancia de que este distribuyera este dinero en favor de las personas que a cuya devolución obedecían los pagos.

En este sentido, Anticorrupción pone el acento sobre el hecho de que para aprobar estos pagos en efectivo bastase con la firma de José Luis Ábalos, "sin necesidad de ninguna comprobación sustancial posterior". Sobre esto ya alertó el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, que remitió dicha parte de la investigación a la Audiencia Nacional.

"Tampoco se comprobaba si la persona que reclamaba la devolución de los gastos era quien efectivamente los había hecho. Ni tampoco se comprobaba si los pagos realizados por quien obtenía la devolución habían sido realizados por aquel en metálico o por intermediación bancaria, de tal manera que no fuera posible que, adelantado el dinero por éstos para satisfacer esos gastos eventualmente con fondos procedentes de una actividad ilícita -o, incluso delictiva-, no se estuviera, al compensarles dichos gastos, blanqueando su procedencia, máxime cuando, al parecer, una persona podía encargarse de gestionar la liquidación de gastos efectuados no por él sino por terceros", reza el escrito del fiscal.