El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha publicado este lunes los resultados de un estudio realizado a partir de una encuesta a más de mil profesionales de la abogacía, que revela que solo 1 de cada 10 letrados valoran como positivas uno de los principales cambios introducidos con la conocida como Ley de eficiencia procesal. En concreto, el 84% de los encuestados rechaza la obligatoriedad de los MASC, cuyo objetivo es resolver conflictos o disputas sin necesidad de presentar una demanda en los tribunales.

El sondeo muestra un rechazo generalizado a la implantación obligatoria de los MASC como condición para acceder a los tribunales. Según este estudio, solo el 10% de los intentos de resolución anticipada del conflicto ha terminado con acuerdo.

Para la elaboración de este estudio se ha contado con las opiniones de letrados del turno de oficio, de grandes despachos, así como con firmas medianas que corresponde el 89% de los casos. Y, en su mayoría, rechazan la implementación de este mecanismo.

Los resultados del estudio elaborado por el ICAM desvelan que lejos de reducir la litigiosidad o aliviar las cargas procesales, la percepción mayoritaria entre la abogacía madrileña es que "se han introducido más trabas que soluciones". El 90 % de los profesionales considera que los nuevos trámites ralentizan los procedimientos, mientras que únicamente el 4,3 % cree que han agilizado la tramitación judicial.

Asimismo, este procedimiento ha propiciado que en algunos casos se hayan inadmitido demandas, debido a las dificultades para acreditar el intento de acuerdo ante el juzgado. Esto ha ocurrido en más del 50% de los casos, según los datos del ICAM.

Uno de los principales puntos de fricción identificados en la encuesta es la "diversidad de criterios judiciales a la hora de aplicar la nueva ley". El 71% de los encuestados considera que los requisitos de procedibilidad se interpretan de forma muy dispar. Esta fragmentación genera "inseguridad jurídica" y expone a los profesionales a una "suerte de ruleta procesal, de manera que la admisión de una demanda depende del criterio particular de cada juzgado".

Sobre los tiempos procesales, 9 de cada 10 abogados consideran que la ley ha generado "más retrasos en la tramitación judicial". Asimismo, solo el 4,3% afirma haber percibido mayor agilidad desde la entrada en vigor de la norma, lo que refuerza la impresión de que la Ley de Eficiencia "no está cumpliendo con su promesa de desjudicialización efectiva".

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, ha señalado este lunes que este estudio "no es un ejercicio de crítica retórica, sino una herramienta de trabajo para mejorar el sistema" y que los datos revelan que el mecanismo diseñado por el Ejecutivo "no está logrando los objetivos de eficiencia y está generando cargas adicionales para la ciudadanía y para la abogacía".